La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama) recibió un correo electrónico con la petición de que guardasen confidencialidad sobre sus aportaciones en el seno de un grupo de trabajo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la mejora del protocolo asistencial del cáncer.
Tanto la asociación como el PSOE andaluz han difundido la idea de que dicha petición es una forma de "amordazar", según calificó este martes el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía Mario Jiménez, a las mujeres de Amama.
Sin embargo, el correo no era solo para dicha organización. El email, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, era para todas las entidades que colaboran con el grupo de trabajo. Grupo, además, que no trata el caso del fallo del cribado de cáncer sino que busca mejorar el protocolo de 2011 que dio origen al fallo, señalan fuentes del Gobierno andaluz.
Hay, por lo tanto, dos inexactitudes en la acusación de Amama y el PSOE contra el Ejecutivo de Juanma Moreno, indican las mismas fuentes: ni la petición de confidencialidad era solo para Amama ni esa solicitud se hace al hablar de los casos de mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama.
¿Por qué se manda, entonces, ese email? Se hace desde un grupo de trabajo interno del SAS en el que están analizando el documento PAI -protocolo de asistencia integrado- del cáncer de mama que data de 2011 y en el que se especifican cuestiones como el aviso -o no- de las mujeres en el caso del cribado.
Sanitarios
Dicho grupo de trabajo lo integran profesionales del SAS, señalan personas cercanas. Lo normal, añaden, es que, además de los sanitarios y gestores de la sanidad pública se invite, además, a asociaciones y organizaciones para que aporten desde su perspectiva mejoras al texto que se aprobará.
Dentro de quienes están invitados al grupo de trabajo está Amama, sí. Y también están otras tres organizaciones de pacientes que han sufrido cáncer. Los hay de carácter nacional, regional y local.
En el grupo están también organizaciones médicas especialistas en cáncer, de radiología, de anatomía, de cirugía, de Enfermería o de Medicina general.
Con estos invitados, el SAS quiere aportar al nuevo documento la visión de médicos, enfermeras y pacientes. Mejorar, señalan, el protocolo de atención con la aportación de todos.
Sin embargo, explican, lo que cada organización o asociación manda o plantea en las reuniones no es un documento final. Por eso se pide la confidencialidad. "No a Amama, a todos", subrayan desde el SAS.
De hecho, esto es una política común en la Junta de Andalucía. Cuando se publican, por ejemplo, normas en elaboración, siempre tienen la leyenda 'Borrados' como marca de agua y desde el Gobierno se pide a los medios que indiquen que no es un texto definitivo, sino de trabajo.
Se busca así, explican desde el Ejecutivo de Juanma Moreno, que no se divulguen documentos que se puedan confundir con normativa en vigor, con la complicación para el sistema, los profesionales y los pacientes que eso supone.
De hecho, el correo, que es igual para todas las organizaciones y asociaciones citadas, tiene un tono amable. Tanto que, de hecho, quien lo reenvía envía "un beso" a los participantes al final del mismo. El tono ni es formal ni serio.
Sin embargo, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, señaló este martes estar "terriblemente dolida". La razón, el que acusa a la Junta de haberle hecho firmar un acuerdo de confidencialidad. Y de ser la única del encuentro a quien se lo han pedido.
Es, de hecho, la única del encuentro de este martes, en el que se hablaba del problema del cribado del cáncer de mama. Pero es que la petición de confidencialidad, insisten desde la Junta, no se refiere a esa reunión sino al grupo de trabajo donde Amama aceptó participar.
Claverol, en todo caso, se mostró este martes muy molesta con el Gobierno andaluz: "¿A mí solo por qué? El que algo debe, algo teme". Asimismo, afeó el "veto" a Amama en el Parlamento andaluz con motivo de las comparecencias de los agentes sociales en el Parlamento para la aprobación del presupuesto.
Desde el PSOE se sumaron a la crítica. Así, Mario Jiménez acusó al Gobierno andaluz de impulsar una "estrategia" para "amordazar" a la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, y que ésta "no pueda expresarse con libertad" en el marco del caso de errores detectados en el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza.
Fuentes del Ejecutivo andaluz señalan el malestar por estas críticas. Sobre todo cuando, acusan, Amama aún no ha hecho llegar los datos que se les ha pedido sobre los casos que tienen registrados como fallos del sistema de cribado de cáncer.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, fue muy claro este miércoles al hablar de la falta de datos de Amama. "Quiero saber por qué no nos los pasan. ¿Hay algo que ocultar?", se preguntó.
"Dejemos de soltar datos que luego no nos llegan porque entonces lo que estamos es confundiendo y generando una desconfianza sobre un sistema que salva vidas", añadió el titular de Sanidad.
Sanz señaló que mantiene la mano "tendida" a Amama. Temen desde la Junta, sin embargo, que la mano quede así, tendida.
Número de casos
Todo esto cuando Amama señala que hay en torno a 4.000 mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama. Casi el doble de los algo más de 2.000 que detectó el SAS, de los que ya solo quedarían unas 200 por hacerse pruebas.
Además, desde la asociación han presentado ya 25 demandas con reclamación patrimonial. Esto es, que piden indemnización por el presunto fallo en su tratamiento del cáncer.
Sanz, por su parte, reclamó a Amama "todos los casos" y se comprometió a tener una respuesta para cada uno de ellos en "24 horas". "Más voluntad de diálogo no puedo mostrar", ha remarcado y ha asegurado que ha dado "todas las facilidades" y que, pese a todo, "seguimos sin tener los datos. Y eso nos preocupa".
En la reunión de control de la que se marchó Amama estuvo también la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Su representante en Andalucía, Magdalena Cantero, pidió que "todas las personas tengan garantizado su derecho a una detección precoz del cáncer, con equidad territorial y sin demoras".
Cantero explicó que la Junta les había trasladado en dicho encuentro "datos sobre las mujeres afectadas por provincias" y, además, pidieron "que para la próxima reunión se nos facilite información sobre la situación de las 32 unidades de mamografías, sobre los tiempos de espera, el número de cánceres detectados y los profesionales necesarios para evitar tiempos de demora".