El presidente de la Junta, Juanma Moreno, fue tajante: si un menor acosa a través de las redes sociales no debería poder usar un móvil hasta que cumpla los 18 años. La idea llega tras el suicidio de una niña de 14 años de Sevilla, Sandra Peña, la pasada semana.
La propuesta ahonda en una cuestión que el Gobierno andaluz abordó por primera vez hace dos años, cuando prohibió los teléfonos en las aulas. Lo hizo mediante una orden que mandó a los centros escolares de la comunidad en 2023.
En dichas instrucciones se planteó una estrategia común a todas las escuelas de Andalucía. Hasta ese momento retirar los móviles a los alumnos era una cuestión discrecional. Pero desde la publicación de la orden hay un marco general al que pueden acogerse todos los centros.
La norma establece que los alumnos no pueden tener teléfono móvil en el colegio. Ni en clase ni el recreo. Tampoco en las actividades extraescolares. Las únicas excepciones se dan cuando el uso de este dispositivo tenga "fines didácticos y pedagógicos" o cuando hay "circunstancias personales" especiales.
Esta prohibición de teléfonos móviles tuvo en 2023 una doble motivación: se buscaba mejorar el rendimiento del alumnado y, además, evitar el acoso escolar a través de las redes sociales o chats grupales en los que están los estudiantes.
Móvil
Ahora el presidente andaluz quiere ampliar la medida y quitar el uso del teléfono móvil a los menores que acosen. Sin embargo, esto no es tan fácil como la instrucción de diciembre de 2023 que se aplicó de inmediato en todos los centros.
¿Por qué? Porque quitar el acceso al teléfono móvil es un castigo que puede aplicar la ley contra los menores. Y, para eso, habría que cambiar el Código Penal. Andalucía no tiene competencias en esto, como sí las tiene en el caso de la gestión de los centros escolares.
Visto de otro modo. La Junta puede limitar el acoso escolar dentro de los centros. Pero no fuera. Y los alumnos están mucho más tiempo fuera del colegio que dentro.
Así pues, para que esta medida se pueda poner en marcha necesita del concurso del Gobierno central, que no se ha pronunciado sobre la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez sí que pareció agradarle la limitación del teléfono en las aulas. De hecho, la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, propuso la misma medida que Andalucía ya había implementado solo días después de que se conociese.
Para la ministra, la restricción del teléfono era necesaria hasta los 11 o 12 años. Después, reconocía, era una cuestión más complicada por la edad y vida social de los alumnos.
“Cada vez más hay una mayor preocupación en las familias, el mundo educativo y la sociedad en general por la utilización de los dispositivos móviles, especialmente, durante el horario lectivo”, explicó entonces Alegría, quien se comprometió a responder a estas dudas.
La competencia de Educación, cabe recordar, es de las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Educación puede proponer, pero son los presidentes de las diferentes regiones quienes tienen que aceptar la idea.
Algo parecido ocurre ahora con la propuesta de los móviles y los menores que ha hecho Moreno. La iniciativa debe pasar por el Gobierno central. Eso lo complica todo.
Sin embargo, Moreno hizo otros llamamientos durante su intervención en el foro ABC celebrado este martes. A la Unión Europea, en primer lugar. A las instituciones europeas les ha solicitado que actúen contra los casos de acoso en el mundo cibernético.
Además, el presidente andaluz ha pedido a las plataformas que acogen el contenido -redes sociales y de mensajería- que bloqueen los insultos y comportamientos ofensivos que hacen los menores de edad.