Disparidad de criterios a la hora de fijar la cuantía de las ayudas que el Ministerio de Transporte ha amenazado con retirar al Gobierno andaluz para que el transporte de los menores de 14 años siga siendo gratuito. La Junta las cifra 150.000 euros y el Ejecutivo central en 1,2 millones como mínimo.
La polémica surgió en plena Semana Santa al considerar desde el Ministerio que la Consejería de Fomento había ocultado en una información pública que estas ayudas se financiarían con fondos procedentes del Estado. Desde el Gobierno andaluz, insisten en que sí lo especificaron.
Desde el Departamento que dirige Rocío Díaz cifran en 150.000 euros el coste de este nuevo frente con el ministro de Transporte, Óscar Puente, y lo que le correspondería abonar de las arcas del Estado. Desde el Ministerio aseguran a este periódico que es mucho más.
Señalan que esa cifra sería válida, en todo caso, para una provincia pequeña. "Habría que multiplicarlo por las ocho provincias, así que las ayudas alcanzarían 1,2 millones de euros".
En la comunidad hasta 1,2 millones de jóvenes andaluces son susceptibles de recibir estas bonificaciones a partir del 1 de julio. No obstante, para percibirlas es necesario contar con la tarjeta joven de la Junta de Andalucía, que ahora la tienen sólo 8.000 jóvenes menores de 14 años. La Junta se basa en esta cifra de usuarios para calcular esos 150.000 euros durante seis meses.
En un principio la Junta declinó suplir con su presupuestos estas ayudas por la actitud "chulesca" de Óscar Puente y considerarlo "un nuevo atraco" a la comunidad. Sin embargo, finalmente el Gobierno andaluz sí asumirá este coste si finalmente el ministro cumple su amenaza.
La Consejería ha hecho ese cálculo con los datos de los que tenían la citada tarjeta en el año 2024. No obstante, a raíz de la polémica creen podría producirse "un efecto llamada" y sean más los jóvenes que requieran esa tarjeta. Ello supondría un incremento de esta inversión.
Este martes la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, insistió en que el gabinete jurídico de la Junta está estudiando la posible demanda y que la Junta reclamará con intereses al Gobierno central el dinero que tenga que adelantar.
Esa misma mañana, el propio Juanma Moreno se mostró dispuesto a poner el asunto en manos de la justicia y este miércoles la escalada de descalificativos ha crecido en el Parlamento andaluz.
La portavoz del PSOE, María Márquez, ha tachado de "impresentable la chulería" de la Junta, que "no merecíamos los andaluces", que son a quienes les va a "costar el dinero" esta "confrontación con el Gobierno de España". La polémica sigue servida y su coste es muy dispar, según cada administración.