La excúpula del sindicato UGT en Andalucía se sentará en el banquillo de los acusados por un supuesto fraude de 40 millones de euros de subvenciones públicas entre 2009 y 2023, pero que destinó a gastos corrientes como comidas en la Feria de Abril o al pago de pancartas y publicidad. Las ayudas procedían de la Junta de Andalucía.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha remitido a la Audiencia Provincial la causa seguida contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical de cara a la celebración del correspondiente juicio.
Los acusados serán juzgados por el delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas.
Así figura en una providencia del juez de Instrucción Juan Jesús García Vélez emitida el pasado 12 de mayo, difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultada por EL ESPAÑOL.
En concreto, los procesados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la exsecretaria de Gestión Económica; la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Además se sentarán en el banquillo diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Siete años de prisión
La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para cuatro de los cinco exdirigentes de UGT en Andalucía, entre los que figura Fernández Sevilla.
Hace unos meses el juez instructor decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas.
El pasado 13 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.
Recursos propios y ajenos
En el auto de procedimiento abreviado el juez detalló que entre 2009 y 2013 el sindicato se coordinó con distintos proveedores para que le facilitaran una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias.
Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos. En concreto, las entidades usadas por el sindicato para ello eran las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal.
A través de la primera se preveía impartir las acciones formativas fruto de las subvenciones y que así no lo hiciera directamente el sindicato. La segunda era una sociedad que tradicionalmente, desde su constitución, venía realizando actividades de consultoría y asistencia técnica a la organización sindical.