El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto de procesamiento contra dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía bajo gobiernos socialistas. Se trata del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera y del ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde. 

Es una de las piezas separada más relevante del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). En este caso, el instructor investiga las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a la empresa tabaquera Altadis entre los años 2004 y 2010 por un importe total de 35,4 millones de euros.

A su vez, ha procesado a un directivo de la compañía; a dos representantes del sindicato UGT, uno de los cuales fue secretario general del sindicato, en concreto Francisco Fernández Sevilla. También a dos representantes de CCOO y a un responsable y directivo de la mediadora Vitalia S.A.

Asimismo, el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra Altadis, Vitalia, CCOO y UGT.

En un auto fechado el día 23 de diciembre, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado toma esta decisión al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Por ello, da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Exclusión de dos ex altos cargos

Además, y por medio de otro auto dictado el pasado día 10 de diciembre, el magistrado acuerda la exclusión de esta pieza de dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, al aplicar el criterio establecido por la Sección Séptima de la Audiencia de que no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos.

Se trata del que fuera director general de Trabajo Juan Márquez y del exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano. Ambos fueron condenados en la pieza política. A su vez, declara extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su fallecimiento.

El instructor afirma que en esta pieza concurren sólidos indicios sobre la concesión de estas ayudas "ilícitas, de manera injusta y arbitraria". Todo ello durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo.

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