Desde este jueves 15 de octubre hasta final de noviembre, 37 exresponsables y ex altos cargos socialistas además de tres exdirectivos de la empresa malagueña Isofotón tendrán que declarar ante la jueza del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
Lo harán en el marco de la investigación de los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la Junta de Andalucía, a la citada compañía, arruinada y cerrada.
El montante de estas ayudas asciende a 80 millones de euros entre los años 2005 y 2012, a través de avales e incentivos directos a fondo perdido, cuando gobernaban Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos están condenados por el caso ERE por la Audiencia de Sevilla.
No obstante, la jueza centra su investigación en los casi 38 millones de euros, entre ayudas y préstamos, concedidos a la compañía malagueña entre 2010 y 2012. Todo ello a pesar de conocer que su situación era absolutamente precaria. Tanto que en 2010 la empresa vendió participaciones por el precio simbólico de un euro.
Pese a tratarse de ayudas millonarias, estas transferencias no evitaron la entrada en concurso de acreedores, el cierre de la empresa y el despido de cientos de trabajadores allá por 2014. Fue fundada en Málaga en 1981, adquirida en 1997 por el grupo Berge Solar y llegó a estar presente en 60 países.
La jueza considera que los avales otorgados por la agencia IDEA presentaban "graves irregularidades" relativas a la inadecuación del procedimiento. Además, asegura que las garantías prestadas fueron "muy deficientes" para responder a las cantidades avaladas.
Los investigados
Los primeros en declarar este jueves serán los responsables de la fotovoltaica en esos años, los hermanos Ángel Luis y Diego S.S. y Óscar L.G. Están citados desde las 9:30 horas.
No obstante, en los próximos días irán pasando por el juzgado cuatro exconsejeros -Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila- y tres exviceconsejeros -Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Luis Nieto Ballesteros-. De ellos, Vallejo, Barberá y Rodríguez fueron condenados por el caso ERE.
También declarará ante la jueza el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz, que fue absuelto de la citada sentencia; el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón y el exdirector de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías. Este último es sobrino de Felipe González, que tendrá que acudir a los juzgados entre el 11 y el 12 de noviembre.
Además, la instructora ha citado como investigados a los exdirectores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano Aguilar; al exdirector de Invercaria Francisco Álvaro Julio, y a Joaquín Moya-Angeler, expresidente de la Corporación Industrial de Andalucía, dependiente de la Junta, y también socio de Felipe González.
A su vez también tendrá que declarar Bienvenido Martínez, un ex alto cargo de IDEA, exvocal Invercaria, que presidía la empresa Santana Motor cuando echó el cierre en 2011, también salpicada por la concesión de ayudas públicas. De hecho, a esta compañía se le considera uno de los orígenes del caso ERE.
Casualidad o no, el mismo Bienvenido Martínez es hermano del marido de la actual directora de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez. Se trata de Juan Carlos Martínez, estrecho colaborador del superconsejero de aquel PSOE andaluz, Gaspar Zarrías, mano derecha del expresidente de Chaves y también condenado por el caso ERE.
Con esta primera ronda de declaraciones el juzgado quiere llegar hasta el fondo del asunto para conocer el presunto desvío de estas ayudas, que fue denunciado por el propio comité de empresa. Lo hace tras considerar la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado que podrían haberse cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
Las actas de los Consejos
De ahí que la instructora haya reclamado todas las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta entre 2005 y 2015, que abarca los periodos de las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, según han confirmado a EL ESPAÑOL desde la Consejería de la Presidencia.
La Junta de Andalucía recibió este mismo miércoles el mencionado requerimiento del Juzgado de Instrucción número 3 y la Consejería de Presidencia, por su parte, va a dar "estricto cumplimiento a lo requerido, en colaboración total con la Justicia".
La jueza quiere conocer los acuerdos adoptados sobre las ayudas a la compañía malagueña y atiende a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para incorporar a la causa todas estas actas.
Todo ello al considerar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un atestado remitido al juzgado que hubo una triple ocultación de información a las autoridades judiciales. Ocurrió, según la Policía Nacional, entre 2007 y 2012, cuando se concedieron las ayudas, en 2013 en la aportación de datos al juzgado y en 2016 cuando se le pidió colaboración a la Agencia IDEA, según publica el Diario de Sevilla.
Por otro lado, el juzgado ha aceptado la personación del Partido Popular como acusación popular en esta causa tras depositar la fianza exigida de 6.000 euros.
La instrucción
Tras cinco años de instrucción las declaraciones comenzarán este jueves. Por su parte, las defensas han pedido la nulidad de las actuaciones. En concreto, el abogado Juan Carlos Alférez, que representa a varios investigados, ha solicitado en un escrito la nulidad de tres autos dictados en octubre de 2017, octubre de 2018 y junio de 2020 en los que se prorrogó por 18 meses la instrucción al ser declarada compleja.
El letrado cree que se ha vulnerado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva al actuar el juzgado de "espaldas de los investigados".
Alférez ha asegurado a este periódico que estos autos se dictaron fuera de plazo, puesto que "la instrucción de la misma debió finalizar el 6 de junio de 2017".