La Fiscalía de Sevilla ve indicios de delito en la ayuda de 2,5 millones que obtuvo una empresa creada por el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano.
Tras abrir una investigación el pasado mes de noviembre, a raíz de una denuncia de Facua, la Fiscalía sevillana ha encontrado indicios suficientes de un presunto delito contra la Hacienda Pública mediante un fraude en una subvención.
Por ello, ha acordado remitir estas diligencias de investigación la Fiscalía Superior de Andalucía dada su condición de aforado al ser parlamentario, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.
En concreto, la investigación se centra en un supuesto fraude de subvenciones cometido por una sociedad en la que figuraría como socio, entre otros, Francisco Serrano, quien ya habría comparecido voluntariamente ante el Ministerio Público. Además, a la denuncia inicial de Facua se ha sumado una denuncia por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Recibió la ayuda
La investigación desarrollada tras dicha denuncia inicial ha permitido confirmar que la mencionada sociedad, de la que Serrano fue administrador entre abril de 2016 y octubre de 2017, recibió 2.489.000 euros por parte del citado ministerio a través del programa Reindus, para la construcción en la localidad de Niebla (Huelva) de una fábrica de pellas (combustible a base de madera).
Para ello, la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al ministerio, pero en el desarrollo de la actividad no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de pellas y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda.
Dada la condición de aforado de Francisco Serrano como diputado en el Parlamento de Andalucía, la valoración de la suficiencia de estos indicios correspondería a la Fiscalía Superior de Andalucía, si bien la Fiscalía de Sevilla entiende que la conducta de estas terceras personas debe ser conjuntamente analizada para evitar decisiones judiciales contradictorias.
Finalmente, la Fiscalía da cuenta de que Francisco Serrano había solicitado voluntariamente declarar ante la Fiscalía de Sevilla, "lo que ha llevado a cabo".
Polémico juez
Serrano, condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación judicial doloso cuando ejercía de juez, ha perdido peso en Vox y ha protagonizado varias polémicas en los últimos meses.
La más sonada fue por sus críticas a la sentencia del Supremo que condenó por violación a los miembros de La Manada, elevando sus penas de ocho a quince años. Tras el episodio cogió una baja médica.
Desde la dirección nacional se le intentó restar protagonismo poco después de las elecciones de diciembre de 2018 cuando Vox alcanzó doce diputados y, tras la remodelación que se llevó a cabo en el grupo parlamentario en Andalucía, el que fue su cabeza de lista electoral fue obligado a dejar la portavocía, que recayó en Alejandro Hernández.