"Un cuchillo de tamaño considerable", aerosoles de pimienta, bolsas con sustancias sospechosas y varias personas que pernoctaban en el interior de las instalaciones.
Son algunos de los elementos que han llevado a la Justicia a poner el foco sobre dos naves industriales de Ceuta investigadas porque en ellas, supuestamente, se habría hecho entrega de material peligroso a los migrantes que aún permanecen en Ceuta tras la invasión que sufrió la ciudad a finales de julio.
Las instalaciones son utilizadas por las oenegés No Name Kitchen y Brigadas de Apoyo Mutuo.
Según consta en el auto judicial que ordenó el registro de las mismas, que se produjo este jueves, uno de los testigos entregó a los investigadores un cuchillo que, según aseguró, había recibido en una de las instalaciones investigadas.
La resolución, firmada por el magistrado Miguel Ángel Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, recoge los indicios que llevaron al juez a autorizar la entrada y registro de ambos inmuebles.
Entre ellos, destacan las declaraciones de varios testigos que, según el instructor, prestaron testimonio de manera independiente y ofrecieron versiones "coincidentes en aspectos esenciales de sus respectivos relatos".
Ambos manifestaron haber sido trasladados a una nave identificada y haber observado, mientras permanecían en su interior, distintas estancias y bolsas de plástico con sustancias de diverso tipo.
También aseguraron haber visto objetos potencialmente peligrosos; entre ellos, "aerosoles de pimienta y armas blancas".
Sin embargo, uno de los elementos que más peso adquiere en el auto judicial es la entrega de un arma blanca por parte de uno de los declarantes.
"Un testigo ha hecho entrega a los agentes actuantes de un cuchillo de un tamaño considerable, afirmando haberlo recibido en dicho entorno", recoge literalmente la resolución, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.
El magistrado considera que esta circunstancia aporta consistencia al relato de los testigos, al no limitarse las sospechas a sus declaraciones.
A ello se suman unas fotografías incorporadas a la investigación que, según la resolución, parecen haber sido tomadas en una nave junto con otras personas investigadas.
Personas que dormían en las instalaciones
Las sospechas de los investigadores van más allá de la presencia de armas blancas o sustancias que pudieran estar relacionadas con actividades delictivas.
El auto recoge indicios de que uno de los inmuebles estaría siendo utilizado habitualmente por distintas personas, algunas de las cuales llegaban incluso a pasar la noche en su interior.
Esta circunstancia ha despertado el interés de la Guardia Civil, que trata de esclarecer la finalidad de las instalaciones.
En concreto, la investigación contempla posibles delitos de organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y atentado contra agentes de la autoridad.
En el caso de este último, debido a que varios militares y policías han sufrido ataques por parte de los migrantes que aún permanecen en Ceuta y, en algunos casos, se habría empleado material corrosivo.
Ahora se investiga, por tanto, si alguna oenegé entregó dicho material a los invasores.
El magistrado considera que los testimonios y los demás elementos recabados permiten apreciar indicios suficientes para autorizar una medida tan excepcional como la entrada en los inmuebles, que se produjo este jueves y se saldó con al menos tres detenciones.
La resolución también apunta a la posible existencia de documentación personal de extranjeros, recibos de transacciones, dinero y otros objetos que podrían resultar relevantes para la investigación.
Según razona el juez, estos elementos podrían ayudar a reconstruir las operaciones realizadas en las instalaciones y a identificar a otras personas presuntamente implicadas.
De hecho, el auto contempla la posibilidad de que los efectos procedentes de actividades ilícitas estuvieran siendo distribuidos entre distintas personas.
Dos naves bajo la lupa judicial
La autorización judicial afectó a las dos instalaciones industriales registradas, situadas en la calle Argentina y en el polígono de Alborán. Ambas, en Ceuta.
El juez fijó la operación para este jueves, 22 de octubre y autorizó la participación de efectivos de la Guardia Civil de Ceuta y de la Jefatura de Información del Instituto Armado.
El instructor también autorizó la intervención de teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos de almacenamiento, documentos, armas, dinero y cualquier otro objeto que pudiera guardar relación con los delitos investigados.
El juez consideró que los registros eran la medida "idónea, necesaria y proporcionada", teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados y los indicios recabados.
Por ahora, la investigación permanece abierta y será el análisis de las pruebas obtenidas el que permita determinar si las sospechas que llevaron a registrar ambas naves tienen más recorrido penal.