Aún no ha comenzado oficialmente la campaña electoral del 29-N y Isabel Díaz Ayuso ha tenido que abandonar un acto tras varias cargas policiales, Javier Milei ha sido recibido con una cacerolada en una universidad pública y un acto político de Santiago Abascal en La Coruña ha terminado con piedras, gases y detenidos.
Todos estos incidentes –sumados a las acampadas por la vivienda en capitales de provincia como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla– han abierto una nueva discusión: qué papel desempeñan unos delegados del Gobierno que tienen entre sus responsabilidades garantizar el orden público.
De hecho, ayer, los sindicatos policiales denunciaron que el Gobierno está buscando calentar la calle con su política de apoyo encubierto a los manifestantes.
Los ejemplos se agolpan en plena precampaña. El lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al Palacio de Santoña, en Madrid, para clausurar un foro sobre longevidad.
Mientras se celebraba el acto, centenares de profesores en huelga marcharon desde una concentración ante la Consejería de Educación y se arremolinaron en torno al edificio en el que se encontraba la presidenta madrileña al grito de "Ayuso, da la cara".
Las estrechas calles del barrio de las Letras se convirtieron en un embudo. Los antidisturbios cargaron para despejar los accesos y permitir la salida de la presidenta, que consiguió abandonar el palacio pasadas las dos de la tarde.
Al día siguiente, Ayuso planteó públicamente una pregunta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín: ¿por qué se había permitido a los docentes abandonar el lugar comunicado para su protesta y dirigirse al acto?
Por su parte, la Delegación del Gobierno anunció una investigación sobre la actuación policial tras las denuncias de los sindicatos educativos, que consideraban desproporcionadas las cargas.
La relación entre ambas administraciones ya estaba envenenada por la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre.
Decenas de personas durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a 21 de octubre de 2026, en La Coruña, Galicia.
La Comunidad había reclamado su desalojo por problemas de seguridad y por suciedad en los respiraderos del Metro. La estación de Sol permaneció cerrada parte del 16 y 17 de octubre.
El Ejecutivo regional alegó acumulación de residuos y elevados niveles de amoníaco; los sindicatos del Metro cuestionaron las razones del cierre y Martín pidió explicaciones por la tardanza en reabrir.
La gestión de una estación se convirtió en munición electoral, y la propia Ayuso cargó contra Martín acusándolo de inacción y aseguró que jamás debía haber permitido la acampada en Sol.
Este miércoles, Javier Milei también sufrió otra recepción hostil en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.
El presidente argentino participaba en una conferencia de economía austriaca, vinculada a su referente intelectual Jesús Huerta de Soto. Aquella misma mañana había llamado "impresentable dictador" a Pedro Sánchez e insultado a una periodista.
Los estudiantes habían convocado un plantón para las 12:30 y acudieron con cacerolas, banderas y consignas contra su presencia. Milei llegó escoltado por una comitiva de seguridad y consiguió impartir su conferencia.
En La Coruña, entretanto, la tensión se disparó hasta acabar en enfrentamientos.
Santiago Abascal tenía prevista a mediodía una intervención en la plaza de María Pita. Desde las 11:00 comenzaron a llegar los manifestantes contrarios a Vox.
Se reunieron unas 5.000 personas, según fuentes de la Policía Nacional, frente a unos 300 simpatizantes del partido.
La Policía Nacional desplegó un cordón de seguridad. Abascal habló; al terminar el acto, según fuentes policiales, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar objetos contra los agentes, que respondieron con cargas, gases lacrimógenos y pelotas de goma.
El balance conocido este miércoles incluía dos detenidos y doce policías lesionados, además de heridos entre los manifestantes.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quedó inmediatamente en el centro de las críticas.
JUPOL exigió su dimisión por haber permitido, según denuncia el sindicato, "una manifestación de radicales con el objetivo de reventar un acto político, poniendo en grave riesgo el orden público y la seguridad ciudadana".
La organización policial denunció además falta de previsión, recursos y órdenes claras.
La Confederación Española de Policía (CEP) también cuestionó la dotación de efectivos y reclamó la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Según sus denuncias, dos de los cinco grupos de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) en Galicia carecen de vehículos y material para desplegarse, mientras que los restantes disponen de equipamiento obsoleto.
Hay otros precedentes. El 21 de septiembre, un acto de Vox en Santiago de Compostela, con Jorge Buxadé entre los participantes previstos, tuvo que suspenderse al impedir una concentración contraria el acceso al centro sociocultural donde iba a celebrarse.
El partido denunció entonces penalmente a la alcaldesa y a la subdelegada del Gobierno.
La controversia va mucho más allá de Galicia. En Valencia, la hasta este martes delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mantuvo una acampada por el derecho a la vivienda en la plaza del Ayuntamiento pese a las advertencias del consistorio sobre los problemas de seguridad que podía ocasionar durante las celebraciones del 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana.
La protesta se había instalado el 3 de octubre y sus participantes rechazaban abandonar la plaza durante las fiestas.
El 6 de octubre, el Ayuntamiento de María José Catalá remitió un requerimiento a la Delegación del Gobierno para exigir que garantizara el desarrollo de los actos previstos y advirtió de posibles acciones judiciales por la supuesta inacción policial.
Bernabé respondió al día siguiente que "no se dan las circunstancias" para desalojar a los manifestantes, amparados, según defendió, por su derecho constitucional de reunión.
La principal consecuencia fue la suspensión de la mascletà del 9 d'Octubre.
El concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, responsabilizó de la cancelación a la Delegación del Gobierno, que había advertido de su incompatibilidad con la acampada.
Sin embargo, la institución replicó que la decisión de suspender o trasladar el espectáculo correspondía exclusivamente al Ayuntamiento.
Finalmente, la Delegación reforzó el despliegue de seguridad, que contó con más de 1.700 efectivos de la Policía Nacional durante las jornadas del 8 y 9 de octubre.
Bernabé defendió posteriormente la jornada como una demostración de que podían convivir las celebraciones y las reivindicaciones.
El Ayuntamiento, por su parte, volvió a reclamar el 16 de octubre que la Delegación actuara contra la acampada, que el gobierno municipal consideraba ilegal.
También Ceuta arrastra una crisis de responsabilidades. Miguel Ángel Pérez Triano defendió su gestión de la entrada masiva de migrantes en julio antes de presentar su dimisión el 28 de septiembre, en medio de las críticas por la respuesta de las autoridades.
Acampada en la Puerta del Sol, a 13 de octubre de 2026, en Madrid.
Su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, declaró el 1 de octubre ante la Audiencia Nacional que había transmitido al delegado los avisos del CNI sobre la entrada de migrantes, algo que Pérez Triano había negado conocer públicamente.
Los documentos desclasificados confirman que el servicio de inteligencia advirtió el 29 de julio, a las 13:52 horas, de llamamientos difundidos en redes sociales, a través de grupos que sumaban unos 180.000 seguidores, para intentar acceder masivamente a Ceuta al día siguiente.
Sanz sostuvo ante la jueza María Tardón que la Delegación también había solicitado refuerzos al Ministerio del Interior sin obtener, según su versión, una respuesta suficiente.
El Gobierno, por su parte, defendió que se atendieron las peticiones de refuerzo. La investigación judicial trata de esclarecer qué información recibió cada responsable y qué decisiones se adoptaron antes y durante la crisis.
El PP y Vox han cuestionado la actuación y la doble vara de medir de las diferentes delegaciones del Gobierno ante las protestas contra sus dirigentes y han denunciado una supuesta permisividad política.