Sindicatos policiales acusan al Gobierno de calentar la calle con una política de apoyo encubierto a los manifestantes que se concentran en distintos puntos de España para protestar por la crisis de la vivienda o para reivindicar la educación pública.
Mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) denuncian que han dejado de recibir toda clase de información sobre las manifestaciones previstas y sostienen que las instrucciones para no actuar ante la acampada de la Puerta del Sol están contribuyendo a agravar la situación.
Así lo trasladan a EL ESPAÑOL mandos de las unidades antidisturbios y fuentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Madrid, que describen un escenario de falta de planificación operativa y de decisiones políticas que, a su juicio, está favoreciendo que se agite la calle al condicionar la respuesta policial ante las protestas.
La delegación les acusa de actuar con excesiva violencia, algo que ellos niegan. Defienden que cuando llegan a los operativos aparecen con los medios justos al no contar con la información adecuada para baremar la fuerza necesaria para el dispositivo.
Esa falta de previsión y de información propicia, señalan los agentes, que se vayan a ver más imágenes de disturbios al no tener la previsión de agentes adecuada para garantizar la seguridad de esas concentraciones.
"Francisco Martín (el delegado del Gobierno en Madrid) no puede cuestionar públicamente a los policías cuando intervienen y, al mismo tiempo, privarles de la información y de las instrucciones necesarias para trabajar con garantías. La seguridad no puede depender de decisiones políticas ni de improvisaciones de última hora", señala JUPOL.
Las órdenes de servicio que elaboran las delegaciones del Gobierno permiten a los antidisturbios conocer las concentraciones previstas, tanto comunicadas como no comunicadas, y preparar los dispositivos necesarios para preservar el orden público. Sin esa información, los responsables policiales aseguran que tienen más dificultades para distribuir los efectivos y anticiparse a posibles incidentes.
"Han dejado de actualizar las órdenes de servicio que nos mandaban a las UIP con las manifestaciones de cada semana. Estamos a ciegas. Sigue todo igual. Esto era de esperar", explican los mandos policiales.
Las fuentes de Información sostienen, además, que las protestas no están impulsadas únicamente por los manifestantes. Según su versión, detrás de las movilizaciones hay elementos procedentes del mundo de la política que estarían coordinando lo que ocurre en la calle.
Las denuncias de los mandos coinciden con las críticas que ha hecho públicas JUPOL. Este martes han vuelto a exigir la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid por lo que considera una falta de previsión y de instrucciones operativas.
Incidentes
El sindicato se refiere a los incidentes registrados el lunes en distintos actos públicos de la Comunidad de Madrid, donde los manifestantes llegaron a presionar a cargos del Ejecutivo autonómico y obligaron a modificar los dispositivos de seguridad previstos.
La organización reclama que las delegaciones del Gobierno vuelvan a facilitar información e instrucciones operativas sobre las manifestaciones comunicadas y los eventos que puedan afectar al orden público. También reitera su exigencia de dimisión de Francisco Martín.
La falta de información que denuncian ahora los mandos de las UIP ya fue descrita por EL ESPAÑOL. Entonces, fuentes de estas unidades explicaron que varias delegaciones del Gobierno habían dejado de remitir los partes que habitualmente facilitaban dos o tres veces por semana, con los datos de las concentraciones y manifestaciones previstas.
Aquella información incluía los convocantes, la hora y el lugar de las protestas, sus recorridos y una estimación de los recursos policiales necesarios. Los agentes advertían de que la ausencia de esos datos dificultaba preparar los cuadrantes y dimensionar los dispositivos, y alertaban del riesgo de que aumentasen los incidentes en la calle.
JUPOL, por su parte, reclama que se recuperen las instrucciones operativas y que la seguridad de los agentes y de los cargos públicos prevalezca sobre cualquier interés partidista.