Un hombre que este lunes por la tarde trató de instalar una tienda de campaña en la esquina de la calle Ferraz, junto a la sede del PSOE en Madrid, tuvo que desalojar tras ser advertido de que iba a recibir una sanción de la Policía Nacional por orden de la Delegación del Gobierno.
Así lo revelan a EL ESPAÑOL fuentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) conocedoras del operativo.
La orden de sancionar al hombre llegó de la Delegación del Gobierno, después de que la Policía Municipal descartara intervenir al comprobar la autorización que el convocante había presentado.
Pero finalmente, el individuo fue desalojado. Levantó voluntariamente la tienda y abandonó el lugar sin recibir sanción alguna tras llegar a un acuerdo con los agentes.
Las fuentes consultadas explican que los agentes de las UIP no están proponiendo sanciones por iniciativa propia en las circunstancias actuales sin una autorización previa de Delegación.
Sostienen, por ello, que la orden que recibieron para sancionar al acampado procedía de dicho organismo, presidido por el socialista Francisco Martín. No obstante, la acampada masiva en la Puerta del Sol lleva instalada desde el 26 de septiembre.
Cerca de la sede del PSOE
Según fuentes policiales conocedoras de este episodio, los hechos se produjeron en el entorno de la sede del PSOE, en un punto próximo a la iglesia donde habitualmente se celebra un rezo diario y donde durante tres meses, a finales de 2023, tuvieron lugar las protestas y disturbios contra la amnistía que el Gobierno concedió a los líderes del procés.
El convocante disponía de autorización de la Delegación del Gobierno para concentrarse en una zona comprendida entre las calles Buen Suceso y Marqués de Urquijo. Al llegar, montó la tienda en la esquina por la que se accede al templo religioso.
La solicitud presentada por el hombre pedía tanto el derecho a concentrarse como el de acampar. Sin embargo, la respuesta de la Delegación del Gobierno autorizaba la concentración, pero no especificaba si permitía o prohibía la acampada. Al igual que la de la Puerta del Sol, tampoco la tenía autorizada.
Una vez iniciado el operativo policial, se comunicó a la sala H-50 la orden de servicio.
Desde allí se solicitó la documentación al convocante, incluida la autorización de la Delegación del Gobierno, y se requirió la presencia de la Policía Municipal para que levantara acta y retirara la tienda por una supuesta ocupación del espacio público.
Los agentes municipales acudieron al lugar y comprobaron la autorización presentada. Tras revisarla, consultaron con sus superiores y recibieron la orden de echar balones fuera.
Manifestaron que no procedía levantar la acampada ni sancionar al hombre y así la decisión quedaría, una vez más, en manos de la Policía Nacional.
La Policía Nacional no depende de la Delegación del Gobierno en su estructura orgánica ni jerárquica, pero sí necesita a los delegados del Gobierno para imponer ciertas sanciones administrativas.
Los policías pueden levantar actas de denuncia por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana (por ejemplo, si se altera el orden público o se desobedece a la autoridad al no desalojar una acampada).
Sin embargo, la propuesta y la imposición final de la multa la tramita la Delegación del Gobierno en Madrid.
Propuesta de sanción
La intervención municipal no terminó, por tanto, con una propuesta de sanción. La situación cambió después, cuando se trasladó lo ocurrido a H-50, el indicativo que usan los agentes de Policía Nacional para comunicarse con la sala operativa del 091.
Entonces, el indicativo Puma 3 preguntó si debía levantar al acampado y sancionarlo a través de la unidad de intervención policial presente. La respuesta que recibió fue afirmativa.
Según fuentes de las UIP conocedoras del operativo, los antidisturbios no proponen sanciones por iniciativa propia en las circunstancias actuales sin contar con una autorización previa de la superioridad.
En este caso, los agentes recibieron la indicación de sancionar pese a que la Policía Municipal había descartado hacerlo tras comprobar la documentación.
El hombre fue informado de que se había dado luz verde a la sanción. Ante esa indicación, procedió a recoger la tienda y marcharse voluntariamente. Los policías que se encontraban sobre el terreno acordaron finalmente no imponerle ninguna multa, al verle abandonar el lugar por sus propios medios.
Fuentes consultadas de JUPOL, sindicato de la Policía Nacional, aseguran que este caso evidencia "la doble vara de medir" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Es precisamente lo que viene denunciando el sindicato: "La permisividad con la acampada de la Puerta del Sol frente a la falta de autorización e incluso la imposición de sanciones a otras acampadas con un signo político diferente".