Una antigua integrante de las Siervas del Plan de Dios, rama femenina vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana, grupo peruano suprimido por el papa Francisco, reconoce el daño y denuncia un proceso de reparación viciado: "Creo que todas hemos sido víctimas y victimarias"
Jordi Bertomeu, el sacerdote catalán conocido como el "007 del Vaticano" contra los abusos, es señalado por el trato a las mujeres de las Siervas del Plan de Dios, una rama femenina de monjas vinculada al Sodalicio.
Una antigua integrante denuncia presiones para entregar bienes, falta de apoyo tras el cierre y condiciones que considera abusivas para acceder al canal de escucha del comisario pontificio en Perú.
En un testimonio anónimo y exclusivo para EL ESPAÑOL, la ex religiosa reconoce que hubo abusos dentro de su congregación pero acepta su supresión. No obstante, acusa al arzobispo de Lima y al abogado catalán Manel Riera por su actuación durante el proceso.
Este último, ex integrante de Convergencia i Unió, estuvo detrás de fundaciones y empresas fantasmas relacionadas con el abuso y mantiene vínculos estrechos con Bertomeu. La entrevistada alega que la Iglesia debe responder por el daño causado dentro de la comunidad y por el trato recibido después.
Bertomeu había asumido la liquidación de los bienes con el compromiso público de acompañar la recuperación psicológica y espiritual de las hermanas y reparar a las víctimas.
La exreligiosa denuncia que ese apoyo no llegó: "Ojalá se dé cuenta de que lo que ha hecho en este proceso, en lugar de sanar y curar, ha abierto más heridas y hace más daño".
El protagonismo y la atención a estos casos graves suele enfocarse exclusivamente en las consecuencias dentro de comunidades masculinas.
La diferencia es que las comunidades religiosas femeninas soportan una doble carga: los abusos sufridos y, además, el silencio que rodea sus casos — en su mayoría gestionados por más hombres.
Las mujeres que quedaron fuera
Las Siervas del Plan de Dios fueron fundadas en Lima en 1998 por Luis Fernando Figari, un laico peruano expulsado del Sodalicio de Vida Cristiana que había creado.
La Santa Sede ordenó la supresión de ambas instituciones y de otras fundaciones de Figari por los abusos cometidos y la falta de un carisma inicial, es decir, el fundamento espiritual que justificaba su existencia como comunidades de la Iglesia.
Las integrantes de las Siervas llevaban hábito, asumían compromisos de vida consagrada y trabajaban en obras educativas, sanitarias y de ayuda social. Llegaron a tener actividad y misiones en cuatro continentes.
La entrevistada reconoce prácticas abusivas dentro de la institución: "Sí, evidentemente hemos hecho cosas mal y ha habido gente dañada. Creo que todas hemos sido víctimas y victimarias, quizás, de esas prácticas".
Las Siervas del Plan de Dios
Proceso de supresión
Las Siervas dependían del Arzobispado de Lima como asociación pública de fieles de derecho diocesano. Carlos Castillo, arzobispo de Lima y hoy cardenal, ordenó en 2021 una visita canónica: una revisión interna de la comunidad tras las denuncias de abusos.
En 2023, el Arzobispado intervino su gobierno y sustituyó a las responsables elegidas por las hermanas por una persona designada para dirigir la comunidad. A mediados del 2024, Castillo encargó esa función a María Elena Camones, canciller del propio Arzobispado.
Las hermanas, sin embargo, no pudieron consultar el informe final de la visita canónica. La fuente explica que las antiguas responsables de la comunidad habían visto un borrador, pero que el Arzobispado les prohibió compartirlo con las demás integrantes.
No conocían, por tanto, las conclusiones de la revisión que estaba decidiendo el futuro de su institución.
"Nosotras no sabíamos qué decía", afirma. También denuncia que las responsables llevaban años pidiendo una reunión y ayuda a Castillo. Estas reuniones tardaron casi 3 años en darse.
Por su parte, las Siervas habían contratado a Eshmá para atender las denuncias y proponer reparaciones. Eshmá es una reconocida y prestigiosa organización vasca independiente de acogida, escucha y reparación para víctimas de abuso sexual, de poder y de conciencia.
Según la monja, evaluaron testimonios y firmaron acuerdos con las afectadas.
A pesar de ello, el decreto de supresión se dictó el 14 de enero de 2025. El 4 de abril, las Siervas reconocieron públicamente una "cultura sectaria de control abusivo" con un comunicado.
Además, se mencionaba a Jordi Bertomeu como Comisario Apostólico para la liquidación de los bienes y encargado de velar por la sanación espiritual y psicológica de cada sierva.
Monseñor Jordi Bertomeu les informó que había dispuesto la continuidad de Eshmá en el proceso en curso de reparación económica y psicológica de las víctimas.
Jordi Bertomeu y León XIV
Cierre antes del decreto
En agosto de 2024, meses antes del decreto, Manel Riera ya comunicaba que las Siervas no podían continuar en Perú. Les planteaba tres opciones: abandonar la comunidad, ingresar en otra o intentar una nueva fundación fuera del país.
El abogado catalán actuaba junto a la comisaria nombrada por Castillo. Su relación con Bertomeu ya ha sido anteriormente documentada por este medio.
EL ESPAÑOL publicó el 14 de abril el contenido de un documento interno sobre la reunión del 22 de agosto de 2024 de Riera con las Siervas.
Según esa información, Riera invocaba la voluntad de la Santa Sede y de Bertomeu para justificar el cierre en Perú. También anunció la intención de disolver el Sodalicio, cinco meses antes de que se hiciera pública.
Este documento recogía exigencias de confidencialidad y una advertencia: "Si no se hacen las cosas como lo planteamos, no lucharemos por nada, la ayuda que se ofrece ya no será posible".
La entrevistada describe el papel de Riera en las reuniones: "Era muy grosero, muy altanero. El que hablaba en las reuniones siempre era él".
Afirma que el abogado exigió entregar también bienes inscritos a nombre de asociaciones civiles vinculadas a las Siervas. El argumento era destinarlos a reparar a las víctimas.
Las hermanas preguntaban por las reparaciones ya acordadas con Eshmá y por las demás denuncias que justificaban esa exigencia.
La fuente le atribuye una amenaza: "Nos decía que, si no lo hacíamos, iríamos a la cárcel por deuda". En Perú, como en muchos países, no existe la cárcel por deudas, un hecho que las religiosas desconocían.
Las instrucciones de cierre y entrega de bienes llegaron antes del decreto oficial: "Todavía no teníamos un documento que dijera que se cerraba y se liquidaba todo, pero ya se estaban dando esas indicaciones".
Manel Riera
Supresión y empezar de nuevo
También describe la firma de acuerdos de salida por los que las hermanas recibían una cantidad económica y renunciaban a otras reclamaciones.
"Salías de la comunidad, renunciabas libremente a la asociación, recibías una cantidad y renunciabas a pedir cualquier otra cosa más", explica.
Después de años de servicio en las obras de la institución, la salida exigía encontrar cómo sostenerse y decidir si era posible continuar la vocación. La decisión de liquidar los bienes ya estaba tomada, mientras, según la fuente, esas necesidades seguían sin una respuesta efectiva.
En su caso, buscó además una reunión con el Arzobispo de Lima para hablar de su futuro: "Nunca la tuve. Ni siquiera recibí ese apoyo para continuar mi vida consagrada".
Todos parecían saber sobre la supresión antes de que el papa Francisco la firmara y a pesar de las reparaciones a víctimas hechas por Eshmá.
Requisitos para ser víctima
En mayo de 2026, Bertomeu abrió en Lima una ronda de primera escucha para personas que se considerasen víctimas del Sodalicio y de las demás instituciones fundadas por Figari. El canal recogía testimonios para evaluar los casos y establecer una reparación cuando correspondiera.
La exreligiosa acudió porque se considera víctima y quería denunciar una situación concreta que había vivido con una hermana de la comunidad. "Era una última oportunidad", explica.
Al llegar, encontró a otra persona junto a Bertomeu. "Había otra persona. Pregunté quién era y no me lo quisieron decir". Esa persona nunca se identificó.
Según su relato, el sacerdote condicionó la escucha a que aceptara la presencia de esa persona. Le dijo que necesitaba protegerse frente a grabaciones y posibles acusaciones sobre sus palabras.
"Quería contar algo muy personal y necesitaba saber a quién se lo estaba diciendo", afirma. Las víctimas tenían que contar testimonios de abuso personales frente a personas desconocidas.
Para entregar su testimonio, las víctimas debían firmar un consentimiento. La entrevistada pidió una copia y, según afirma, Bertomeu se la negó. "Me dijo que no, que era secreto y que después me lo enviarían por correo".
También sostiene que firmar era una condición para ser escuchada: "Si no lo firmabas, no te escuchaban. Para mí era un chantaje".
EL ESPAÑOL ya recogió el 1 de octubre quejas de varios denunciantes que no habían recibido copia del formulario, incluso tras solicitarla. El documento condicionaba las reparaciones al patrimonio disponible y autorizaba a Bertomeu a utilizar los testimonios en las acciones legales que considerase necesarias.
La fuente tampoco recibió una resolución sobre su caso al cumplirse el plazo aproximado de tres meses. En agosto, Bertomeu había comunicado a los denunciantes que la fase de valoración de la gravedad de los hechos estaba todavía por comenzar. No ofreció una nueva fecha.
"Volver a contar todo te remueve. Es revictimizante. Mientras el proceso sigue abierto, una no puede cerrarlo. Bertomeu no hace nada por cerrar la herida", sostiene.
La falsa promesa de Eshmá
Queda por aclarar quién evaluará los testimonios recogidos en la primera escucha y determinará si los abusos denunciados requieren una reparación, un proceso que aún no habría iniciado, según ya contó este periódico.
Bertomeu parecía dispuesto a recurrir a Eshmá, el servicio vasco independiente que ya había atendido a las víctimas.
El último comunicado de la comunidad afirmaba, además, que el comisario había dispuesto la continuidad de las reparaciones económicas y psicológicas a cargo de ese servicio.
Sin embargo, una fuente cercana a Eshmá niega que la organización participará en esta nueva ronda de escucha y señaló que muchos declarantes querían saber si Eshmá estaría en el proceso.
Bertomeu había planteado una posible colaboración en una reunión el 4 de marzo de 2025, pero desde entonces "no han vuelto a tener noticias suyas".
"Te queda la pregunta de quién ha recibido tu testimonio, quién lo está evaluando y para qué lo están empleando", afirma la exreligiosa.
Una monja rezando
Extirpaciones de ovarios
El 4 de junio de 2026, el blog católico Religión Digital - firme defensor de Jordi Bertomeu - publicó un testimonio de una integrante del equipo de Bertomeu, en el cual alegaba que muchas Siervas habían sufrido la "extirpación injustificada de sus ovarios".
El artículo vinculaba esa afirmación a los testimonios recogidos en el canal de primera escucha.
La ex religiosa entrevistada por EL ESPAÑOL cuestiona esa versión: "Yo había explicado que no habían sido obligadas". También reclama que las instituciones de la Iglesia respeten la confidencialidad sobre las declaraciones entregadas en un proceso delicado.
"Son datos de tu intimidad que entregas en un contexto muy confidencial, para un fin específico. Tienen que guardarse con esa misma discreción".
No obstante, la entrevistada relata cómo, sin reparo ni discreción, Bertomeu le preguntó si ella también había sufrido de esa supuesta extirpación forzosa. La pregunta molestó a la ex religiosa quien contestó negativamente.
La exreligiosa relata que usualmente este tipo de intervenciones se hacen debido a la naturaleza de vida consagrada que llevan las mujeres en comunidades.
"Considero que es una persona mentirosa. Quiero que cambien a [Jordi Bertomeu] que dirige el proceso. Ni siquiera se trata de que me den algo: considero que es una persona mentirosa", afirma la entrevistada.
Acepta la supresión y reclama apoyo psicológico y espiritual. Explica por qué buscó una respuesta dentro de la Iglesia, a través del Derecho Canónico, en el canal de primera escucha: "Mi fin no es que metan a alguien en la cárcel.
Quiero que la Iglesia diga: esto estuvo bien, esto estuvo mal". Comenta, además, sobre la extrema confidencialidad que suelen tener los procesos canónicos.
"Ojalá se dé cuenta de que lo que ha hecho en este proceso, en lugar de sanar y curar, ha abierto más heridas y hace más daño a las víctimas", añade. "La misericordia es lo más alejado de este proceso".
Parece que las víctimas y, principalmente, las mujeres, tienen una doble condena en el proceso de reparación: la de estar en la institución donde hubieron abusos y la del proceso de acompañamiento por parte de la Iglesia.