Jordi Bertomeu, el sacerdote catalán conocido como el 'agente 007 del Vaticano' contra los abusos sexuales, atraviesa uno de los momentos de mayor exposición pública de su carrera eclesiástica.
Funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, comisario pontificio para la liquidación del Sodalicio y nombre recurrente en las quinielas para la sucesión del cardenal Juan José Omella en Barcelona, Bertomeu ha encadenado durante los últimos meses entrevistas, conferencias, presentaciones de libros y apariciones públicas.
El pasado mes de mayo, Bertomeu abrió en Lima una última ronda de escucha dirigida a personas que se considerasen víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana y de las demás instituciones fundadas por Luis Fernando Figari.
El procedimiento debía conducir posteriormente a una evaluación de cada caso y, cuando correspondiese, al establecimiento de una indemnización.
El formulario entregado a los denunciantes indicaba que esa evaluación se realizaría "en lo posible, en 3 meses aproximadamente". Sin embargo, en agosto Bertomeu les comunicó que, aunque había revisado y sistematizado sus denuncias, la fase destinada a valorar la gravedad de los hechos todavía estaba por comenzar.
El comisario pontificio no ofreció un nuevo plazo y aseguró que negociaba con antiguos integrantes del Sodalicio para que contribuyeran económicamente a las reparaciones.
La demora sin plazo ha aumentado el malestar de las víctimas, que tuvieron que aceptar unas condiciones controvertidas antes de entregar sus testimonios.
El documento establece que las indemnizaciones dependen no sólo del daño sufrido, sino también del patrimonio disponible tras la liquidación de las instituciones sodálites. Además, autoriza a Bertomeu a utilizar los testimonios en las acciones legales que considere necesarias.
Según varias víctimas han confirmado a EL ESPAÑOL, los denunciantes no recibieron copia del formulario, incluso tras solicitarlo, pese a que contiene las condiciones del procedimiento y la autorización para utilizar información personal extremadamente sensible.
José Enrique Escardó Steck, primer denunciante público de los abusos del Sodalicio, resume el escepticismo de algunas víctimas.
"Mi recomendación es que no esperen nada, que la reparación es un proceso interior que cada uno debe seguir por su propia cuenta y que ninguna indemnización será suficiente para reparar el daño que se nos ha hecho y se nos sigue haciendo", asegura.
El papel de la Iglesia
El malestar de las víctimas no se limita a los plazos o a las condiciones administrativas de la reparación.
Durante esos meses en los que dirigía este proceso, Bertomeu realizó una serie de intervenciones públicas en las que expuso con una franqueza poco habitual su propia concepción del papel de la Iglesia ante los abusos.
Una de ellas resulta especialmente significativa.
En un audio publicado el pasado 19 de mayo, Bertomeu explicaba las limitaciones de la justicia canónica frente a los sistemas judiciales de los Estados. El Vaticano, reconocía, no dispone de estructuras policiales o judiciales comparables a las civiles.
A partir de ahí, el sacerdote formuló cuál considera que debe ser la prioridad: "Con los medios que tenemos, tenemos que intentar proteger la Iglesia en primer lugar", afirmó.
Bertomeu añadió posteriormente que, cuando los delitos están prescritos ante la justicia ordinaria, la actuación canónica responde a una lógica difícil de comprender "con ojos civiles". Fue entonces cuando introdujo una comparación con el Tercer Reich.
Fotografía de archivo del comisario de la Santa Sede, Jordi Bertomeu, en Lima (Perú)
"Eso parecería el derecho del Tercer Reich, ¿no?, que por encima de la persona está el pueblo, está el Volk", explicó. "Nosotros es que por encima de la persona está el bien de la Iglesia".
Su explicación terminó con una frase que ha provocado especial indignación entre algunas víctimas: "Con lo que hay tenemos que intentar proteger a la Iglesia del escándalo".
La importancia de estas declaraciones no reside únicamente en la comparación empleada. También permite entender cuál es la jerarquía de intereses que el propio Bertomeu reconoce cuando explica su trabajo: la reparación de las víctimas convive, según sus propias palabras, con la protección del bien de la Iglesia y de su imagen frente al escándalo.
Del supremacismo al bótox
La presencia mediática de Bertomeu ha dejado también una larga colección de declaraciones difíciles de conciliar con la sobriedad que cabe esperar del responsable de procesos tan sensibles.
En una entrevista concedida a la famosa periodista Rosa María Palacios el pasado 19 de mayo, el funcionario de Doctrina de la Fe aseguró que el Sodalicio tenía "un componente racista, supremacista blanco".
Esta declaración causó una sorpresa entre los limeños conocedores del Sodalicio de Vida Cristiana: "la mitad de sus últimas juntas directivas están compuestas por personas mestizas".
En esa misma entrevista, Bertomeu se refirió al desgaste físico que le estaba provocando su misión en Perú. "Cada vez más canoso, más cansado, con más ojeras", explicó antes de bromear: "Me tienen que poner aquí liftings y bótox porque no hay manera de aguantar todo esto".
La anécdota podría carecer de importancia si no se produjera en un contexto en el que numerosos afectados continúan esperando una resolución sobre hechos que, en muchos casos, condicionan décadas de sus vidas causando estragos personales.
Bertomeu ha convertido, además, sus misiones en materia recurrente de sus intervenciones públicas. Habla de las investigaciones, de sus interlocutores, de las dificultades encontradas, de los sectores que considera responsables y de su propio papel dentro de los procesos.
Esta exposición contrasta cada vez más con la situación descrita por quienes esperan una respuesta de los procedimientos que dirige.
Cuenta pendiente
La situación más evidente se encuentra fuera del Perú. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), que representa a víctimas de abusos cometidos durante décadas por jesuitas destinados al país, lleva meses reclamando explicaciones sobre las actuaciones de Bertomeu.
Tal y como lo contó EL ESPAÑOL el pasado mes de mayo, la CBS acusa al funcionario vaticano de haberse reunido individualmente con víctimas en Bolivia pese a que sus visitas fueron presentadas públicamente como misiones de carácter formativo.
"Su estrategia es dividir y silenciar. Aborda individualmente a las víctimas para cortarlas del grupo", afirmó entonces una fuente de la comunidad a este periódico.
Tras la publicación del artículo, EL ESPAÑOL recibió un comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana defendiendo a Jordi Bertomeu y manteniendo que las visitas tenían una naturaleza "estrictamente formativa e institucional".
La CBS, sin embargo, ha realizado un seguimiento de los desplazamientos de Bertomeu y sostiene que el sacerdote aprovechó esas estancias para reunirse con afectados y recoger denuncias de primera escucha. Esta versión la ha trasladado a este diario y distintos medios bolivianos.
El comisario de la Santa Sede junto a León XIV
En 2025, en una entrevista en RAC1, Bertomeu describió su labor en Bolivia en términos distintos. Declaró en la radio que luego de la investigación que hizo en Chile, el Papa Francisco le fue confiando "más investigaciones en Paraguay, en Bolivia, en México y Perú". 3Cat respaldó esta visión.
Los sobrevivientes reprochan además al funcionario que nunca reconociera a la CBS como interlocutora colectiva, una forma de actuar que interpretan como un intento de aislar los testimonios y tratar a cada víctima individualmente.
El conflicto ha terminado llegando a Cataluña. Los sobrevivientes reclaman al Síndic de Greuges y al Parlament de Catalunya que Bertomeu explique su actuación y el destino de la información obtenida durante sus viajes. Meses después, esa explicación todavía no ha llegado.
El protagonismo de Bertomeu
Mientras las víctimas reclaman respuestas en Perú y Bolivia, la figura pública de Bertomeu continúa creciendo.
HBO prepara actualmente un documental sobre el Sodalicio. Según fuentes cercanas a la productora consultadas por EL ESPAÑOL, el tratamiento elegido concede al sacerdote catalán un protagonismo poco habitual en este tipo de producciones.
Una fuente cercana a la productora encargada del documental por HBO lo resume así: "Normalmente las víctimas suelen ser las protagonistas de estas historias. En este caso, el protagonista es Jordi Bertomeu".
El detalle no es menor. Bertomeu no sólo es uno de los personajes que investigó al Sodalicio, sino también el responsable actual de gestionar buena parte de las consecuencias de su disolución y el encargado de supervisar el proceso del que debería salir la reparación de numerosas víctimas.
Al mismo tiempo que desempeñaba esa función, el funcionario vaticano ha mantenido una importante agenda pública.
En junio participó en la Feria del Libro de Madrid para promocionar Parroquias dirigidas por laicos, obra que también ha presentado posteriormente en Cataluña. Durante el verano continuó ofreciendo entrevistas y participando en distintos actos, entre ellos una ofrenda de hojas de coca a la Pachamama.
Su creciente perfil mediático coincide, además, con un momento particularmente sensible para la Iglesia catalana.
La sucesión de Omella
Jordi Bertomeu figura desde hace tiempo entre los nombres que circulan para suceder al cardenal Juan José Omella al frente del Arzobispado de Barcelona.
El sacerdote de Tortosa ha adquirido durante los últimos años una proyección internacional poco común para un eclesiástico que nunca ha sido obispo.
Su participación en algunas de las investigaciones sobre abusos más importantes del pontificado de Francisco, su posición dentro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y su creciente presencia en medios le han convertido en una figura conocida mucho más allá de Cataluña.
Medios catalanes lo señalaban como el candidato del nacionalismo catalán. Esta tesis es reforzada por su asociación y proximidad profesional con Manel Riera Cunill, ex de CiU imputado por corrupción urbanística.
Su intensa agenda pública podría así formar parte de una campaña personal de Jordi Bertomeu para acceder al arzobispado. Mientras tanto, las víctimas bolivianas y peruanas siguen esperando que el sacerdote catalán cumpla con su palabra.