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José Luis Rodríguez Zapatero tiene 70 días para decidir si colabora con la Justicia o bien si deja a sus hijas, Laura y Alba, a merced del juez José Luis Calama.

El próximo 30 de noviembre el magistrado ha citado a declarar en calidad de investigadas a Laura y Alba Rodríguez Espinosa en el marco de las investigaciones del caso Plus Ultra.

Las hijas del expresidente del Gobierno deberán responder entonces sobre el millón de euros que facturaron a través de su empresa Whathefav SL a las sociedades vinculadas a la trama.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) concluyó, además, que de las cuentas de Whathefav fueron a parar 247.191 euros a Laura Rodríguez y 199.904 euros a su hermana Alba.

Whathefav facturó 561.440 euros a Inteligencia Prospectiva, 198.000 euros a Análisis Relevante, 171.727 euros al Gate Center y 12.297 euros a Thinking Heads.

La primera de estas entidades pertenece a los hermanos Amaro Chacón. Estos dos sujetos constituyen uno de los principales pulmones financieros venezolanos de la red.

La segunda, a Julio Martínez Martínez (Julito), el testaferro del expresidente Zapatero. La tercera, Gate Center. Se trata de un lobby chino relacionado con Miguel Duch, al que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) considera un espía al servicio de Xi Jinping.

La última es Thinking Heads, de Daniel Romero-Abreu, empresario y economista afín al exmandatario.

Todas estas empresas están vinculadas a la trama que investiga el juez Calama y que sitúa a Zapatero en la cúspide de una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Por tanto, Zapatero tiene ahora hasta el día de la declaración de sus hijas para colaborar con la Justicia y admitir que planificó la estructura empresarial que facturó a sus clientes por el rescate de Plus Ultra y otros trabajos.

De lo contrario, el expresidente del Gobierno 'abandonaría' a sus hijas, dejándolas a merced del juez Calama.

En sus respectivas declaraciones tanto Julito como los exdirectivos de Plus Ultra han indicado que Zapatero cobró por realizar gestiones ante el Gobierno para lograr el rescate de la aerolínea vinculada al chavismo.

De hecho, Julio Martínez Martínez indicó ante el magistrado Calama que Zapatero lideró las gestiones para el rescate de Plus Ultra y aseguró que se le pagó el 1% de dicho préstamo del Gobierno: unos 530.000 euros.

La instrucción de Calama ya señalaba a Julio Martínez, Julito, como el "testaferro" de Zapatero tras los informes elaborados por la UDEF.

El expresidente del Gobierno aseguró, durante su declaración del pasado 17 de junio, que aclararía el origen de las joyas incautadas en la caja fuerte de su despacho en un "10 días, como mucho".

Desde que se sentó a declarar han transcurrido 96 días. No ha cumplido su promesa.

Por ello, el magistrado Calama también le ha solicitado al exlíder del Ejecutivo aclarar el origen de las mismas en un plazo máximo de tres días.

Estos avances en la instrucción suponen una encrucijada para el expresidente del Gobierno, dado que debería aportar nuevas informaciones al juez Calama antes de que sus hijas declaren o, de lo contrario, las dejaría a merced del magistrado.

Por otra parte, el juez Calama también ha citado a declarar, pero en calidad de testigo el 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo Martín, exdirector de Participadas de la Sepi, y a Félix Martín, ex director financiero de Plus Ultra.

Las joyas

El juez Calama ha dado un plazo máximo de tres días a Zapatero para aclarar el origen de las joyas por el que se le investiga, en una pieza separada del caso Plus Ultra, por los posibles delitos de contrabando y delito fiscal.

Siguiendo en esta línea, el instructor ha encargado un informe pericial gemológico y joyero sobre las piezas halladas en la caja fuerte del expresidente a los profesionales de la Joyería Yanes, "sin perjuicio del apoyo técnico que pueda necesitar del Instituto Gemológico Español".

Calama exige en dichos informes "una descripción individualizada y detallada de cada pieza", con la correspondiente "identificación del área geográfica de fabricación de las joyas de mayor valor".

Asimismo, pide que se determine, el origen de las mismas, peso, pureza, talla, calidad y "demás características técnicas".

También pide el valor de reposición actual de cada joya de manera individualizada, es decir, el coste aproximado que tendría adquirir una pieza equivalente en el mercado primario, con impuestos incluidos, y el valor conjunto del lote intervenido.

"Confianza" de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su "confianza" en Zapatero pese a la gravedad de los hechos que se le imputan judicialmente.

Sánchez dio credibilidad a la tesis de que estas alhajas fueron un regalo que el rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz hizo a Zapatero en 2007 durante una visita a España.

"Son regalos que evidentemente se hacen por esa representación institucional y por el reconocimiento a la amistad que tiene ese país con España", declaró Sánchez ante los medios de comunicación.

No obstante, señaló el presidente, "afortunadamente la España de 2007 no es la de 2026, ni la legislación de hoy es la de 2007".

Desde entonces, recordó, "se ha legislado y regulado" sobre el tratamiento de esos regalos institucionales.

"Vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto", concluyó Sánchez.

La reforma del Código Penal aprobada en 2015, bajo el mandato de Mariano Rajoy, endureció el delito de cohecho.

Este ilícito penal castiga a las autoridades que reciban regalos, favores o dádivas que puedan condicionar sus decisiones.