Pedro Sánchez reapareció tras sus vacaciones y abordó la crisis migratoria en Ceuta, pero sus datos y declaraciones han generado confusión y malestar en la ciudad.
El Gobierno ceutí critica la falta de información clara sobre el número real de migrantes que permanecen en la ciudad y la ausencia de un plan para su salida.
Las cifras oficiales sobre menores y adultos migrantes no coinciden entre los diferentes organismos, lo que incrementa la preocupación y la sensación de desamparo en la población local.
El impacto de la avalancha migratoria ha alterado la vida cotidiana en Ceuta y las autoridades locales exigen soluciones y plazos concretos para recuperar la normalidad.
Pedro Sánchez reapareció ayer tras sus semanas de asueto para inaugurar el curso político con una entrevista en la Cadena SER. Sin embargo, donde debía ofrecer claridad hubo vaguedades; donde se esperaban datos oficiales, hubo errores de bulto.
Sin ir más lejos, se equivocó en la cifra de menores –dijo 1.200 cuando hay casi 1.500–, en los años que lleva reinando Felipe VI –los elevó a 20 cuando son 12– y hasta se atrevió a acusar a Israel de estar detrás de los supuestos bulos que azuzaron la invasión con información errónea.
La realidad es que ha pasado más de un mes desde la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio y la Ciudad Autónoma sigue sin conocer cuántos migrantes permanecen en su territorio, cuántos han sido identificados, cuántos expedientes de devolución se tramitan y, sobre todo, cuál es el horizonte previsto para que los invasores salgan.
Esa última incógnita es la que comienza a inquietar a Alberto Gaitán, consejero de Presidencia del Gobierno de Juan Jesús Vivas.
"Es verdaderamente sorprendente que un mes después no se sepa qué ha ocurrido ni las causas de la entrada", asegura Gaitán a EL ESPAÑOL. "El mismo presidente dijo en su día que esto eran las mafias, después habló de la sentencia del Tribunal Supremo y ahora saca a Rusia e Israel".
Juan Jesús Vivas (i), presidente de Ceuta, junto a Alberto Gaitán (d), consejero de Presidencia.
Gaitán también condena que Sánchez haya comparado la invasión a Ceuta con la crisis de los cayucos de 2021 y 2022.
"Cuando habla de 30.000, se refiere a un año. Aquí estamos hablando de que en 24 horas entró una cantidad indeterminada que oscila entre los 80.000 y los 100.000. Es totalmente tramposo. No es lo mismo. Aquí se vulneró la integridad territorial. Se han violentado la frontera de España y de Europa. No es comparable".
La entrevista de Sánchez ha acrecentado, además, la sensación de desamparo. El presidente situó en unos 5.000 el número de inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta.
"Seguimos sin conocer el número de personas que hay en Ceuta. Eso lo dice todo. Las estimaciones que hacemos indican que hay mucho más de 5.000 personas", sostiene.
Recuerda que, en su primera visita después de la crisis, Fernando Grande-Marlaska dio prácticamente el problema por resuelto y cifró en unas 2.500 las personas que todavía permanecían allí. Ahora Moncloa duplica aquella estimación.
"Lo que han hecho ha sido multiplicar la cifra por dos, pero la que dan no le cuadra a nadie", señala.
El Gobierno ceutí confronta esos cálculos con lo que observa cada día sobre el terreno. Cruz Roja sirve "más de 4.000 raciones diarias, se han habilitado 6.000 plazas y únicamente los menores identificados se acercan a los 1.500".
El baile de números alcanza precisamente a uno de los asuntos más delicados: los menas. Sánchez habló el lunes de 1.200 menores. El departamento de Sira Rego, en cambio, maneja 1.478, la misma cifra que consta al Ejecutivo de Vivas.
"Los datos que da el Ministerio de Juventud e Infancia son los mismos que tenemos nosotros. También dice que hay muchos más que nos irán reseñando. Las cifras que ha dado el Presidente, por lo pronto, no son correctas".
A esa incertidumbre se suma otra mucho más difícil de resolver: cómo y cuándo saldrán de Ceuta las personas que continúan allí.
El Ejecutivo autonómico asegura desconocer el número de expedientes de devolución abiertos y cuántos han llegado a ejecutarse. Tiene constancia de salidas voluntarias, pero las considera escasas frente al volumen de la avalancha.
Tampoco dispone de un cálculo preciso sobre cuántas personas han sido ya filiadas y cuántas continúan pendientes de identificación.
Juan Jesús Vivas conversa con EL ESPAÑOL tras 30 días de crisis en Ceuta.
"No nos dan los datos de devoluciones. Deberíamos saber si hay algún expediente de devolución en marcha y los ejecutados", lamenta Gaitán.
El Estado ha anunciado refuerzos judiciales y administrativos. Entre ellos, el incremento de abogados del turno de oficio y más medios para tramitar expedientes. Para Ceuta, sin embargo, sigue faltando lo esencial: una hoja de ruta que permita calcular cuánto durará la crisis.
"Lo único que sé es que un mes después seguimos igual y no se nos indica cuál va a ser el plan, cómo se va a hacer, en qué tiempo y cómo van a salir las personas que hay en Ceuta".
Es esa ausencia de horizonte la que comienza a alimentar el temor de que una situación concebida como provisional termine enquistándose.
Durante el mes de agosto, la ciudad asumió el impacto con buena parte de su actividad ordinaria ralentizada por las vacaciones. Septiembre introduce un escenario nuevo: regresan las clases, los trabajadores, las actividades deportivas y la rutina administrativa.
"La calle está mal. La gente sigue muy preocupada porque la situación no ha variado", admite el consejero.
La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional y el nombramiento de una autoridad funcional tampoco han disipado esas dudas. Hay reuniones entre administraciones y Gaitán reconoce que se producen avances, pero sostiene que Ceuta continúa sin conocer el objetivo final del dispositivo.
Incluso la búsqueda de instalaciones ha provocado encontronazos.
Juan Jesús Vivas junto a Alberto Gaitán (d).
Ángel Víctor Torres se puso en contacto con Vivas para solicitar una relación de espacios que pudieran utilizarse.
El Gobierno ceutí remitió sus propuestas, pero después descubrió que el decreto estatal incorporaba otros emplazamientos, incluidos polideportivos situados en barriadas. La reacción fue inmediata.
"La gente ha perdido la feria, las playas, los parques infantiles, la vida cotidiana en un mes de agosto, y lo que faltaba era perder también los polideportivos y meter a los migrantes en el corazón de las barriadas", explica Gaitán.
Tras las protestas de la Ciudad, el Gobierno aceptó modificar las ubicaciones. Los polideportivos, la fábrica de harinas y el hospital militar salieron de la relación para ser sustituidos por terrenos y otros espacios más alejados de los núcleos residenciales.
Pero el malestar acumulado viene de más atrás.
El Ejecutivo de Vivas sostiene que las señales comenzaron antes del 30 de julio. Durante los días previos ya se estaban detectando entradas y Ceuta pidió al Estado medidas excepcionales.
Vivas relató a EL ESPAÑOL que el lunes 27 llamó a Moncloa y recibió un mensaje tranquilizador. El martes pidió la adopción de medidas extraordinarias. El miércoles se le trasladó que no existían motivos suficientes. Al día siguiente comenzó la entrada masiva.
"Se avisó al presidente del Gobierno porque unos días antes ya estábamos viendo que había entradas anormales a nado", confirma Gaitán.
Ceuta, explica, no reclamaba necesariamente una figura jurídica específica. Podía haberse recurrido a una situación de emergencia, a la declaración de interés para la Seguridad Nacional o a cualquier otra herramienta que facilitase una movilización extraordinaria de recursos.
El tiempo transcurrido desde entonces hasta la activación del Mando Único es uno de los principales reproches del Gobierno autonómico.
Alberto Gaitán, consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta.
"Hemos perdido muchísimos días", afirma Gaitán. Antes incluso del 30 y el 31 de julio, Ceuta reclamó un despliegue amplio de Policía Nacional y Guardia Civil y después pidió la participación de Frontex, intérpretes y unidades de Extranjería.
Parte de esas medidas han terminado llegando casi un mes después.
También permanece abierta la controversia sobre qué sabía el Estado antes de la avalancha. Las informaciones sobre los avisos de inteligencia y las declaraciones posteriores de Interior y Defensa han alimentado la disputa política.
Gaitán considera imposible desligar lo ocurrido de las dimensiones de la movilización en el norte de Marruecos.
"Es increíble que van pasando los días tengamos menos certezas de lo que ocurrió y vayan cambiando las versiones oficiales. Lo único que sabemos es que un movimiento de 100.000 personas no es algo que pase inadvertido. Marruecos lo tuvo que saber. Había muchas entradas anormales a nado".
Ceuta, recuerda, ocupa además una posición singular en la arquitectura de seguridad española. Su condición de frontera terrestre con Marruecos y frontera exterior de la Unión Europea la sitúa dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional.
Por eso tampoco entiende que pudiera conocerse con antelación el intento de entrada del 15 de agosto y que, sin embargo, no existiera una capacidad de anticipación suficiente antes del 30 y 31 de julio.
"No se puede entender", afirma sobre las contradicciones conocidas hasta ahora acerca de los informes de inteligencia.
Pero el debate sobre las responsabilidades empieza a convivir con una urgencia más inmediata: qué hacer con quienes ya están dentro.
El caso de los menores resume el problema. La capacidad ordinaria de acogida está completamente desbordada y el plan de Sira Rego para trasladar a unos 500 a recursos de la Península sigue, según el Gobierno ceutí, sin materializarse.
"Todavía no se ha hecho nada al respecto", asegura Gaitán. Sobre si ha salido alguno ya de la ciudad, su respuesta es igualmente rotunda: "Ninguno, que sepamos. Están todos aquí".
Una parte importante tiene además 16 o 17 años. Según Gaitán, alrededor del 60% se encuentra en esa franja, lo que añade dificultades a unos procedimientos de repatriación y reagrupación familiar que deben tramitarse de forma individualizada.
Ceuta mira aquí directamente hacia Rabat.
"Ya tuvimos ocasión de decir que no nos lo parece", responde Gaitán cuando se le pregunta si Marruecos sigue siendo un socio fiable.
El reino alauí ha expresado su disposición a recibir a quienes puedan ser devueltos, pero el Ejecutivo de Vivas espera comprobar si esa voluntad se traduce ahora en hechos.
Migrantes procedentes de Marruecos tras la invasión de Ceuta.
"Esta oleada, una entrada masiva de personas que ha violentado la integridad territorial, venía de Marruecos, y son ellos quienes tenían que haber puesto los medios para que no se hubiera producido".
Mientras las administraciones resuelven los expedientes, la crisis ya ha abandonado los despachos y se ha instalado también en la calle.
Agosto ha dejado concentraciones vecinales, incidentes en playas, enfrentamientos y tres agresiones a militares en menos de 72 horas. Gaitán considera comprensible la indignación de una población que lleva semanas viendo alterada su forma de vida, aunque marca una línea inequívoca ante cualquier episodio violento.
"Es indudable que existe en la ciudad un sentimiento de indignación y es normal que la gente manifieste esto públicamente en las calles", explica. Las movilizaciones, añade, no obstante, deben ser siempre "pacíficas y ordenadas".
Alberto Gaitán, consejero de Presidencia del Gobierno de Juan Jesús Vivas en Ceuta.
El cansancio, sugiere Gaitán, es ya palpable incluso dentro del propio Gobierno de Vivas.
"Los días pasan, la situación se enquista y no vemos la salida. Estamos tocados anímicamente", reconoce Gaitán. "Es como estar en un túnel donde sólo hay oscuridad. Así es como lo describiría ahora mismo cualquier ceutí. Estamos exhaustos"
Y septiembre acaba de empezar.
La advertencia formulada días atrás por Vivas sobre el poco tiempo disponible para evitar un desastre cobra para su Gobierno un sentido cada vez más concreto.
El riesgo, explica Gaitán, no consiste únicamente en nuevos altercados. Consiste en no conseguir recuperar la normalidad; en que la Ceuta excepcional de agosto sustituya durante meses a la que existía antes del 30 de julio.
"Pedimos que Ceuta vuelva a ser la Ceuta del 29 de julio. Para conseguirlo, el Ejecutivo autonómico reclama tres cosas que, más de un mes después, sigue considerando pendientes: saber cuántas personas permanecen realmente en la ciudad, conocer cómo se articulará su salida y disponer de un plazo".
Mientras esas respuestas no lleguen, zanja Alberto Gaitán, cada jornada que pasa convierte en más difícil distinguir dónde termina la emergencia y dónde empieza una falsa normalidad permanente.