El Gobierno define la entrada de más de 80.000 inmigrantes irregulares en Ceuta como una "afluencia masiva y simultánea" que supera la capacidad de acogida de la ciudad.
El decreto de Pedro Sánchez declara la situación de interés para la Seguridad Nacional hasta el 31 de diciembre, movilizando recursos de toda la Administración.
La respuesta incluye control de fronteras, orden público, vigilancia, cooperación con Marruecos y protección de menores, abarcando también infraestructuras estatales y polideportivos.
La crisis es calificada como temporal e indeterminada, mientras se resuelven procedimientos administrativos, solicitudes de asilo y posibles retornos.
El Gobierno evita utilizar el término "invasión" para definir la entrada en Ceuta de más de 80.000 inmigrantes irregulares.
En su lugar, habla de una "afluencia masiva y simultánea" que ha superado la capacidad ordinaria de la ciudad para alojarlos, asistirlos y garantizar la seguridad ciudadana.
Así consta en el borrador del real decreto firmado por Pedro Sánchez al que ha accedido EL ESPAÑOL y que se publicará, con ligeras modificaciones, en el BOE de este miércoles.
La norma, que llega un mes después de que Juan Jesús Vivas pidiera al Gobierno que declarara el Mando Único y sólo tras la finalización de las vacaciones del Presidente, declarará hasta el próximo 31 de diciembre la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad autónoma.
El matiz es relevante. El texto no identifica como crisis únicamente la entrada registrada el 30 de julio, sino la permanencia posterior de los inmigrantes en Ceuta.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026.
Una estancia que el propio Ejecutivo califica de "temporal e indeterminada", a la espera de resolver los procedimientos administrativos, las solicitudes de asilo, los posibles retornos y el destino de los menores.
La definición recogida por el decreto señala literalmente que la crisis deriva de la presencia de "un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026".
El documento evita llamar invasores a los migrantes irregulares que irrumpieron en Ceuta pero declara sus consecuencias como una situación de interés para la Seguridad Nacional, moviliza recursos de prácticamente toda la Administración y admite que Ceuta no puede afrontar la crisis con sus medios ordinarios.
Sí figuran, en cambio, referencias al control fronterizo, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana, la vigilancia, el tráfico de personas, los retornos, la protección de infraestructuras y la intervención de los servicios de Inteligencia.
El decreto reconoce que la crisis continuará mientras se resuelvan y ejecuten los trámites y actuaciones relacionados con los inmigrantes que permanecen en la ciudad.
También admite que su presencia está "alterando el normal funcionamiento de las Administraciones públicas" y supera "las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana" de Ceuta.
La respuesta prevista tampoco se limita a la asistencia humanitaria.
La declaración abarca toda la ciudad autónoma, su frontera terrestre con Marruecos, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes en las que España ejerce soberanía, jurisdicción o competencias.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asumido la coordinación de los recursos movilizados y decidirá las prioridades para su asignación. También debe integrar las dimensiones "humanitaria, asistencial, fronteriza, de seguridad, administrativa y de cooperación exterior".
Interior aportará medios para controlar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, mantener el orden público, reforzar la seguridad ciudadana e identificar y documentar a los inmigrantes.
Defensa, por su parte, pondrá a disposición del operativo capacidades humanas, logísticas, sanitarias, de transporte, vigilancia, alojamiento y comunicaciones.
El Centro Nacional de Inteligencia tendrá un representante en el Comité de Situación encargado de gestionar la crisis.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después de terminar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El borrador establece igualmente que los servicios de Inteligencia e Información del Estado actuarán durante la vigencia de la declaración.
Exteriores destinará recursos a la cooperación con Marruecos, terceros Estados, la Unión Europea y organizaciones internacionales.
Entre sus cometidos estarán la identificación y documentación de inmigrantes y los procedimientos de readmisión y retorno.
El decreto incorpora además recursos de Justicia y del Ministerio Fiscal, vigilancia aduanera, salvamento marítimo, apoyo sanitario, transporte, alojamiento, alimentación y protección de menores.
Juventud e Infancia movilizará expresamente "los recursos del sistema de protección de menores y capacidad de acogida", mientras que Inclusión deberá aportar los medios necesarios para "recuperar y mantener la capacidad ordinaria" del sistema estatal.
El borrador identifica igualmente terrenos militares, instalaciones estatales, el antiguo Hospital Militar, el aparcamiento de Loma Colmenar y cinco polideportivos que podrán incorporarse a la respuesta.
El eufemismo queda así limitado a la denominación.
Donde el Gobierno escribe "afluencia masiva y simultánea", el resto del decreto describe una crisis que ha desbordado la frontera, la seguridad ciudadana, los servicios públicos y la capacidad de acogida de Ceuta.