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Las claves

Ceuta ha contratado a 22 vigilantes privados para custodiar sus playas tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

El Gobierno de Juan Jesús Vivas sostiene que la Policía Local no puede mantener allí su presencia ordinaria porque está destinada a otros cometidos acordados con la Delegación del Gobierno.

El Ejecutivo ceutí también ha activado retenes de bomberos durante las 24 horas en los montes. Busca evitar incendios en las zonas donde se levantan asentamientos y se encienden cocinillas y fogatas.

El dispositivo privado se desplegará en ocho playas y seguirá operativo hasta el final de la temporada de baño. Los vigilantes trabajarán de 11:30 a 20:30, de lunes a domingo.

La Ciudad denuncia que el Gobierno de España tardó más de 20 días en autorizar la medida.

Fuentes del Ejecutivo de Vivas elevan la espera a tres semanas y explican que el servicio tuvo que superar el "filtro" de Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno.

Oficialmente, los guardias privados no se destinan a labores de seguridad ciudadana. Su cometido es proteger el mobiliario urbano y los servicios municipales de las playas: aseos, duchas, lavapiés, baños y módulos de Cruz Roja y salvamento.

La medida cubre La Ribera, El Chorrillo, Benítez, San Amaro, Los Corrales, Almadraba, Tarajal y Benzú.

Los vigilantes podrán realizar requerimientos para preservar el uso adecuado de estos espacios y deberán comunicar de inmediato a Policía o Guardia Civil cualquier incidencia que exceda sus competencias.

En paralelo, los bomberos permanecen de guardia en las zonas de monte próximas a los asentamientos. Ya han sofocado un conato de incendio que, según el Gobierno ceutí, se originó en una de esas áreas de cocina improvisada.

"Si no estuvieran los bomberos, seguramente hubiera sido el fuego mucho más dañino", explican fuentes oficiales de la Ciudad.

"Fue un conato de 50 metros cuadrados", precisan, antes de atribuir la rápida extinción a que los efectivos ya se encontraban desplegados en la zona.

El Ejecutivo de Vivas sostiene que la contratación privada responde a una situación excepcional provocada por la entrada irregular de miles de personas los días 30 y 31 de julio.

La presencia continuada de migrantes en distintos puntos de Ceuta, incluidas las playas, ha elevado el uso de instalaciones y servicios municipales.

Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que no ha podido mantener la vigilancia municipal habitual en el litoral.

Migrantes observan un refugio habilitado por el gobierno después de que la policía desalojara un campamento improvisado en la playa de Ceuta, en el norte de África, el 21 de agosto de 2026. Violeta Santos Moura Reuters

"La Policía Local, que es la que tiene que velar por la seguridad y el cumplimiento de la ordenanza municipal de la playa, está en otros cometidos determinados por la Delegación del Gobierno en la Junta de Seguridad", señalan las fuentes consultadas.

"Por eso no puede tener una presencia permanente como la tenía habitualmente en las playas", añaden.

El comunicado de Presidencia y Gobernación afirma que los efectivos policiales están priorizando el mantenimiento de la seguridad y la convivencia en el centro y las barriadas.

La Administración local insiste en que los vigilantes privados tienen una función auxiliar, preventiva y logística.

No pueden reemplazar las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni las de la Policía Local.

Fuentes del Gobierno ceutí sitúan la decisión en una presión creciente sobre los servicios municipales.

"Estamos todos haciendo más horas extras que en nuestra vida, muchísimas horas extra y todo el mundo al 100%", afirman.

El dispositivo de playas y los retenes de bomberos ilustran, según el Ejecutivo local, el coste operativo que está asumiendo la Ciudad durante la crisis.

Ceuta reclama al Estado más medios para recuperar la vigilancia ordinaria y atender las consecuencias de la llegada masiva.