El excónsul general de España en Buenos Aires admitió que solo pedían la documentación mínima necesaria para tramitar solicitudes de nacionalidad bajo la 'ley de nietos'.
Fernando García Casas justificó esta práctica como la más acorde al espíritu de la Ley de Memoria Democrática, permitiendo acreditar solo el parentesco con el ascendiente español.
La interpretación flexible de la norma ha generado polémica política y judicial por el gran número de nuevos nacionalizados y el aumento del censo electoral exterior.
El Tribunal Supremo debatirá en septiembre si suspende cautelarmente las nuevas altas en el censo exterior derivadas de la 'ley de nietos', a la espera de una resolución definitiva.
El hombre que dirigía el Consulado General de España en Buenos Aires durante el primer gran aluvión de solicitudes de nacionalidad por la llamada ley de nietos admitió públicamente que su oficina había optado por exigir a los interesados la documentación "mínima" e "indispensable".
Así lo reconoció Fernando García Casas en una entrevista concedida al periódico argentino La Nación en marzo de 2024.
García Casas explicó que bastaba inicialmente con acreditar el parentesco con el ascendiente español y defendió esa interpretación como la más ajustada al "espíritu" de la Ley de Memoria Democrática.
En marzo de 2024, García Casas todavía ejercía como cónsul general en la capital argentina.
Sus palabras cobran hoy otra dimensión, tras la enorme polémica generada por la norma, que ha permitido la nacionalización exprés de miles de personas que viven fuera de nuestras fronteras y ha disparado el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de cara a las próximas elecciones hasta los 2,7 millones de electores.
"Con el equipo estamos pidiendo lo mínimo e indispensable, es decir, con que prueben la filiación, yo no necesito más", aseguró el entonces cónsul.
También explicó que los interesados podían acudir a la cita con la documentación "incompleta". "No tiene por qué ser completa, aunque si es completa mejor", reconoció en la entrevista.
Según García Casas, los certificados pendientes se reclamaban después mediante un procedimiento de subsanación.
El cónsul insistió en esa interpretación cuando fue preguntado por la posibilidad de que un nieto de español solicitara la nacionalidad, aunque su padre nunca la hubiera tenido.
"Sí. Por eso lo que estamos haciendo es pedir lo mínimo, sin más que la motivación, pues yo creo que ese es el espíritu de la ley", respondió.
La denominada ley de nietos es, en realidad, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.
La norma, en un principio, abrió el acceso a la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, durante la Guerra Civil y la postguerra.
Sin embargo, la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia amplió su alcance al considerar que podían acogerse también los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, sin tener que acreditar que éstos hubieran sufrido algún tipo de persecución política.
Esa interpretación administrativa es ahora el centro de la controversia jurídica y política, porque la magnitud del proceso ha sido extraordinaria.
Hasta el 31 de mayo de 2026, las oficinas consulares habían recibido 1.225.188 solicitudes, aprobado 571.761 expedientes y practicado 333.696 inscripciones.
El plazo para pedir la nacionalidad terminó en octubre de 2025, pero cientos de miles de expedientes siguen pendientes de resolución.
Argentina ha sido el país donde se han registrado más solicitudes. De los 2,6 millones de personas en todo el mundo que han manifestado su interés por optar a la nacionalidad española, 645.052 han sido registradas en este país. La oficina de Buenos Aires llegó a abrir 12 horas seguidas para atender la demanda.
Las palabras de García Casas cobran ahora una relevancia especial porque el debate ha saltado al ámbito judicial.
La incorporación de los nuevos nacionalizados al Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) ha provocado recursos y peticiones para suspender las altas mientras se revisa si la instrucción del Gobierno desbordó lo aprobado por las Cortes.
El PP ha tachado la norma de "ingeniería electoral" y Vox directamente ha dicho que "Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España".
La Junta Electoral Central (JEC) acordó el 16 de julio reclamar más control sobre las inscripciones en el CERA y criterios homogéneos para inscribir a los nuevos electores en un municipio en España.
Cuatro de sus vocales fueron más lejos y sostuvieron, en un voto particular, que el organismo tenía la obligación de impedir que el censo se ampliara "contra legem".
El asunto ha llegado ya al Tribunal Supremo. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha convocado para el 7 de septiembre una vista sobre las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa.
La formación pide suspender las nuevas altas en el censo exterior derivadas de la ley de nietos mientras se resuelve su recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral Central.
El Supremo deberá pronunciarse de momento sobre esa suspensión cautelar, no sobre la validez definitiva de las nacionalidades ya concedidas.
En Buenos Aires y en el resto de la red consular española continúa la tramitación de los expedientes presentados dentro de plazo y la reclamación de la documentación que falte antes de dictar resolución.