El Gobierno cifra en entre 2.400 y 2.500 los menores extranjeros no acompañados (menas) detectados en Ceuta, aunque advierte que podría haber más.
El Ejecutivo insiste en que expulsar a los menores sería ilegal y defiende el traslado de 500 menores a la Península como medida legal.
El PP reclama más funcionarios en Ceuta y la aplicación de acuerdos bilaterales y la Directiva de Retorno de la UE para agilizar los trámites caso a caso.
El coste estimado para atender a 500 menores asciende a unos 25-30 millones de euros al año, generando preocupación sobre la financiación de la medida.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha situado en una horquilla de entre 2.400 y 2.500 los menas que hay en Ceuta y ha advertido de que es posible que "haya más", ya que se está "viendo a un número significativo [de menores] en la vía pública".
Durante su intervención, Pérez también dijo que "Ceuta conoce el plan" de Sira Rego de trasladar a 500 niñas a la Península y aseguró que es completamente legal.
Al ser preguntado por la Cadena Ser por la exigencia del PP de devolver a todos los niños y niñas a Marruecos, recordó que "en España hay más de 30.000 menores en protección, la mayoría migrantes" y que "si fuera tan fácil los sistemas de protección podrían haber buscado esa fórmula".
"No entendemos otro escenario. Ningún director general o consejero puede limitar que un menor no pueda ser acogido. Se tiene que preservar el derecho al acogimiento".
Sus palabras se suman a las de Óscar Puente, quien dijo que la expulsión de los menores es "ilegal". Al menos, en los términos en los que se hizo en 2021.
Efectivamente, el Tribunal Supremo declaró ilegal la devolución en bloque de los niños que cruzaron la frontera cinco años atrás y la Audiencia Provincial de Cádiz condenó por prevaricación administrativa a la exdelegada del Gobierno y a la vicepresidenta de la ciudad autónoma por devolver a menas sin seguir un procedimiento legal.
No obstante, ni el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas ni el PP han pedido que se devuelva a los menores sin garantía alguna.
Al contrario, lo que exigen es el traslado a Ceuta de más funcionarios, como 50 efectivos de Extranjería, para agilizar la tramitación de los expedientes, ya que la devolución de cada menor debe hacerse "caso a caso" y esta sólo puede ejecutarse si se acredita que responde al interés superior del niño.
También piden que se apliquen los acuerdos bilaterales firmados entre España y Marruecos en 2007 y que se ejecuten los retornos en base a lo que dicta la Directiva de Retorno de la Unión Europea.
De hecho, el pasado martes, el portavoz de la Comisión Europea sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, explicó que el derecho comunitario avalaba la devolución de los menores; dos días después, el jueves, insistió en que la "expectativa" comunitaria era que "todos" los que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio fueran devueltos.
El PP insiste, además, en adaptar la legislación nacional a las circunstancias, como hicieron Polonia y Grecia en sus crisis migratorias de 2025, y reformar la Ley de Extranjería.
"No se puede aplicar una ley ordinaria en una situación extraordinaria", insisten a EL ESPAÑOL desde el Ejecutivo ceutí.
En los mismos términos se pronunció el presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular, esta semana:
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este jueves.
"La legislación vigente, desde una perspectiva de ayuda humanitaria, de un fenómeno migratorio, tiene una perspectiva, tratamiento y respuesta. Pero lo que hemos vivido aquí no es una crisis migratoria: la llegada de 80.000 personas no obedece a una situación de crisis humanitaria [...] Se ha utilizado a los más desfavorecidos para generar un impacto".
Según Rollán "es necesario acometer ese marco jurídico con garantías y con carácter urgente e inminente y trabajar en un marco normativo que pueda instrumentar una respuesta inmediata para que, si vuelve a suceder algo parecido, la respuesta sea contundente y absoluta".
30 millones al año
Para el equipo de Juan Jesús Vivas "el Gobierno está instalado en la idea de que hay niñas pequeñas que deben llevarse a los centros de la Península, pero lo hacen para buscar un enfrentamiento con las comunidades autónomas del PP".
Saben que eso podría provocar un choque con Vox, que ostenta vicepresidencias en Extremadura, Castilla y León y Aragón.
Si bien la 'fórmula Rego' contempla que Ceuta conserve la tutela y que las ONG asuman la atención diaria, fuentes expertas en atención a la infancia sugieren que "no tiene sentido", ya que ante cualquier eventualidad "la responsabilidad subsidiaria acabaría siendo de la comunidad autónoma".
Además, desde el Ejecutivo de Ceuta se plantea otro problema, esta vez económico.
"El Gobierno establece que el menor cuesta unos 145 al día. Estamos hablando de 500 menores. Eso supone unos 25-30 millones al año. Si se hiciera, ¿de dónde sacaríamos el dinero?".
Desde Ceuta acusan al Gobierno de haber aplicado un "cambio de narrativa" en su discurso y niegan haber aceptado el plan de Juventud e Infancia, tal y como han afirmado algunos medios.
"Lo que hemos hecho ha sido comentar de manera informal cómo está la situación y cuáles podrían ser las soluciones. Pero nosotros hemos insistido siempre en que lo fundamental era la salida hacia Marruecos".
"Una cosa es que la ministra Rego haya hablado del tema en la reunión con el presidente Vivas y otra que se concretase algo".
El baile de cifras
Otra de las peticiones realizadas por el Gobierno de Ceuta es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ofrezca datos unificados.
Para empezar, el de menores. Porque la horquilla ofrecida por el secretario de Estado no casa con la cifra de menas que ellos manejan: 1.367.
"Primero dicen 2.100. Ahora, 2.400 filiados. Pero también dicen que en esos 2.000 han computado diferentes actuaciones hechas sobre un mismo niño. ¿Cuál es el problema? Que no hay datos de nada. Que no dicen nada. Han pasado 22 días y no es de recibo seguir así".
Algunas ONG, como Save The Children, incluso elevan a 4.000 la cifra de menores que quedan en Ceuta.