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Las claves

Mohamed Alami Susi, activista y presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí (Itran), una ONG volcada en fomentar la convivencia y el conocimiento mutuo entre España y Marruecos, ha alertado de las consecuencias que podría generar el plan del Ministerio de Juventud e Infancia de trasladar a 500 niñas desde Ceuta a la Península.

"Puede provocar un efecto llamada", advierte Alami en conversación con EL ESPAÑOL. "Va a generar un problema más grande. Los niños deben estar con sus padres".

En su opinión, lo que el Gobierno debería hacer es centrar sus esfuerzos en realizar una devolución ordenada. "Con la ley en la mano, España puede devolver a los menores si se hace bien".

Lo que no es coherente, señala el experto, es que el país acabe financiando el proceso. "Cada menor nos costará 5.000 o 6.000 euros. Son 2,5 millones mensuales. 30 millones al año".

"Hay que ofrecer a los menores protección inmediata en Ceuta, movilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ejército, habilitar espacios y agilizar los trámites [de devolución]".

"Marruecos ha dicho que admite a todas las personas que han entrado ilegalmente. Ofrece mandar una comisión. Acelerarlo todo. ¿Por qué no se le toma la palabra?".

Nacido en Tetuán en 1964, residente en Cataluña desde hace 58 años y fundador de Itran en 1999, el fundador de la ONG cree que el Gobierno también debería desplegar a técnicos especializados sobre el terreno y a más efectivos de Extranjería.

Un reclamo que el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas viene haciendo desde el comienzo de la avalancha migratoria: trasladar más recursos a la ciudad autónoma para agilizar los expedientes de expulsión de los adultos y los de retorno de los menores.

El problema, señala Alami, es que "hay una lucha política y el partido del Gobierno no enseña claramente sus cartas, es tramposo; hay un caos en el que le gusta moverse".

"La gente está sufriendo, y hay constancia de que Fiscalía tiene 19 denuncias por violaciones a niñas. También hay robos. Violencia. Y nadie está mirando por el pueblo ceutí".

Alami insiste en que legalmente es viable repatriar a menores a Marruecos.

"Se puede hacer cumpliendo con las leyes. El problema es que la gente se piensa que abres un expediente y los mandas a casa. No funciona así. No puede hacerse de golpe como en 2021".

Efectivamente, el Tribunal Supremo declaró ilegal en 2024 la devolución masiva de menores realizada aquel año y la Audiencia de Cádiz condenó por prevaricación a la exdelegada del Gobierno y a la exvicepresidenta de la ciudad autónoma por no seguir el procedimiento legal.

Migrantes son desalojados de la playa del Trampolín en Ceuta tras habilitarse un espacio para su acogida este jueves. Efe

Fuentes expertas en atención a la infancia explican a este diario que ese procedimiento es, efectivamente, "más complejo" en el caso de los menores que en el de los adultos.

"Expulsar de golpe no se puede hacer, pero sí se puede trabajar cada caso individualmente. Ver si está aquí por su voluntad o no. No es lo mismo un chaval de 16 años que se ha ido a su casa y no quiere volver porque no se lleva bien con sus padres que un niño de 10 que no sabe por qué ha cruzado", matizan.

Una vez se filia al menor y se abre el expediente, el Estado debe ponerse en contacto con Marruecos, sus instituciones contactar en origen con los padres del niño o niña y valorar si este tiene que volver.

"Si se valora que sí, las autoridades del país de origen pueden validar [a España] que el menor no se encontraría en situación de desamparo. En tal caso, podría ser devuelto".

Si un niño muy pequeño "no quiere ir a casa pero allí no tiene problemas, se tiene que ir porque debe estar con sus padres. No puede quedarse por capricho".

Que el menor no tenga una familia a la que regresar no impide automáticamente la repatriación.

La ley permite entregarlo a los servicios de protección de su país, pero España debe comprobar antes que existen condiciones adecuadas para hacerse cargo de él.

Fuentes del PP, de hecho, argumentan que "los servicios sociales de Marruecos" deben gestionar el destino del menor, pero si no se demuestra que volver a su país de origen responde a su interés superior, este podría permanecer en España.

Algo parecido ocurre si el menor tiene, por ejemplo, 16 años, es plenamente funcional y se niega a retornar.

"En tal caso, se debe tener en cuenta su opinión y abrir un proceso judicial para determinar si se puede quedar o no".

La propuesta se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y el Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 1155/2024, así como en los acuerdos internacionales aplicables entre España y Marruecos.

"Este marco jurídico establece como principio fundamental que cualquier decisión que afecte a un niño debe estar determinada primordialmente por su interés superior", insisten las fuentes.

Migrantes duchándose en la playa de El Trampolín, en Ceuta Marcos Moreno Europa Press

Que añaden: "La decisión debe ser siempre individualizada y adoptarse con las garantías legalmente establecidas, incluido el derecho del niño o adolescente a ser informado, oído y escuchado".

"Expulsar a los niños no se puede, pero sí devolverlos en condiciones seguras, que no es lo mismo".

El problema, señalan, es que se trata de un proceso que requiere mucho trabajo, de ahí la necesidad de efectivos sobre el terreno para gestionar los trámites con mayor rapidez.

"Para el que quiere volver supone una agonía, un castigo grande, porque muchas veces los chavales vienen porque se suman a grupos de amigos y lo hacen sin saber muy bien por qué".

¿Puede agilizarse el proceso? Las fuentes aseguran que sí. Otra cosa es que exista voluntad política. Es decir: inversión en medios.

"Sí. Se puede hacer si hay un doble esfuerzo. Buscar equipos que puedan ayudar a hacer el diagnóstico de cada caso. No obstante, la complicación siempre está en origen. Debe haber cooperación".

Desde el Gobierno de Ceuta refrendan la idea de que la devolución de los menores es posible y prioritaria, pero temen que Rabat no se muestre lo suficiente proactiva a la hora de facilitar la documentación sobre las familias y acabe estancando los procedimientos de devolución.

"Marruecos tiene que dar una serie de datos sobre el menor y sus familias. Pero en Ceuta jamás lo ha hecho. El año anterior tramitamos 606 expedientes y contestaron 0 informes", señalan desde el Ejecutivo ceutí.

El despacho especializado en derecho europeo Navas & Cusí, a través de su socio-director, Juan Ignacio Navas, explica que el reglamento (UE) 2024/1349 del pasado 12 de junio también "permite agilizar los procedimientos de retorno desde frontera y por tanto sin traslado a la península".

"No permite las devoluciones colectivas, pero sí permite operaciones de devolución conjuntas después de un examen estandarizado en frontera. Los mayores de edad que no demuestren motivos suficientes de protección, pueden ser retornados de manera automática. Máxime si como ocurre en este caso, Marruecos ya ha dicho que está dispuesto a acogerlos".

"Pero igualmente el proceso se puede normalizar y agilizar mediante devoluciones colectivas".

Además, Bruselas ha ofrecido colaboración técnica de Frontex y otras instituciones para agilizar los procedimientos en frontera. "Queda ejecutar las posibilidades que ofrece el nuevo reglamento europeo que facilita el retorno rápido".