El diputado del PSOE de Ceuta, Melchor León, acusa a Marruecos de "permitir" el asalto masivo a la ciudad y cuestiona su fiabilidad como socio.
León pide la expulsión de quienes han entrado irregularmente y reclama que Ceuta, como frontera europea, reciba mayor protección.
Las declaraciones del ministro marroquí de Justicia han provocado una fuerte reacción política en Ceuta, exigiendo soluciones inmediatas y mayor seguridad fronteriza.
El PP y Vox consideran que Marruecos utiliza la presión migratoria como instrumento político y piden una respuesta contundente del Gobierno español.
Las voces críticas con la gestión del Gobierno en Ceuta siguen creciendo y comienzan a escucharse en las filas socialistas.
El diputado del PSOE y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, ha asegurado este viernes que el asalto del 30 y 31 de julio es una "auténtica vergüenza".
También ha cuestionado que Marruecos pueda ser considerado como un socio fiable después de "permitir" la entrada irregular de más de 80.000 personas a la ciudad, lo que se aleja de la férrea posición de Moncloa sobre Rabat.
León ha recordado que Ceuta es también frontera de la Unión Europea y ha reclamado que salgan de la ciudad "todos los que han entrado vulnerando nuestras fronteras".
Sus palabras se suman a las de todos los líderes políticos ceutíes tras las declaraciones del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, en las que cuestionó la política migratoria española.
Ese cuestionamiento ha provocado una respuesta contundente de las principales formaciones políticas de Ceuta, que coinciden en reclamar una mayor protección de la frontera y soluciones inmediatas.
Ouahbi aseguró que Marruecos trata de impedir la salida de inmigrantes hacia España mientras que, según denunció, quienes consiguen alcanzar territorio español son aceptados y pueden ser regularizados.
Las palabras del responsable marroquí incluyeron una petición expresa para que España devuelva a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta y en otros puntos del país.
"Guerra híbrida"
El diputado nacional del PP por Ceuta, Javier Celaya, ha considerado que las declaraciones del ministro marroquí evidencian que la política de regularización española puede actuar como un incentivo para la inmigración irregular, al generar entre quienes intentan llegar la expectativa de poder permanecer en España.
Celaya ha sostenido además que lo ocurrido el 30 y 31 de julio va "mucho más allá de una crisis migratoria" y lo ha calificado de "acto de guerra híbrida contra España", dentro de una estrategia que ha vinculado con las aspiraciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
Sobre los menores, Celaya ha coincidido con Ouahbi en que España debe estudiar su retorno cuando se cumplan las condiciones legales.
También el PP de Ceuta ha calificado las palabras del ministro marroquí como de "enorme relevancia" y ha considerado que deben ser tomadas "muy en serio" por el Gobierno de España.
Por su parte la diputada de MDyC (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía) y vicepresidenta segunda de la Asamblea, Fátima Hamed, ha reclamado una mayor presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ha lamentado que la asistencia social en las barriadas esté recayendo sobre los propios vecinos.
Hamed también ha cuestionado que las declaraciones del ministro marroquí no hayan recibido todavía, a su juicio, una respuesta de su homólogo español ni se haya anunciado una actuación "contundente" al más alto nivel.
Vox Ceuta ha rechazado cualquier interpretación "ingenua" de las palabras de Ouahbi y ha acusado a Marruecos de intentar presentarse como víctima de la política migratoria española para ocultar su propia responsabilidad.
Esta formación ha indicado que Rabat conoce las debilidades de la política migratoria española y utiliza los flujos migratorios como instrumento de presión.
Para Vox, las declaraciones del ministro marroquí constituyen incluso una "advertencia" y un "chantaje" al plantear que España no puede depender de que Marruecos decida cuándo impedir o permitir la salida de inmigrantes. La formación sostiene que la presión migratoria sobre Ceuta debe abordarse desde una doble responsabilidad: la política migratoria española y el control de las salidas desde Marruecos.
Las reacciones se producen después de que Ouahbi defendiera que España y Marruecos deben adoptar decisiones "firmes y valientes" para poner fin a la actual dinámica migratoria y planteara la posibilidad de nuevos acuerdos bilaterales para abordar el fenómeno desde su origen.