El PP solicita aplicar el acuerdo de 2007 entre España y Marruecos para repatriar menores no acompañados, permitiendo sólo excepciones en casos contados.
El partido reclama que la devolución de menores se realice caso por caso, respetando la legislación española y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Denuncian falta de medios en Ceuta para tramitar los retornos y exigen recursos adicionales y cooperación plena con Marruecos.
El PP propone reformar la Ley de Extranjería para cubrir vacíos legales y pide que el Estado financie totalmente el mantenimiento de los menores inmigrantes hasta su emancipación.
Ha pasado más de una semana y por las calles de Ceuta aún deambulan miles de inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente el pasado 30 y 31 de julio.
Ante la negativa del Gobierno de tomar el mando único en la ciudad autónoma, tal y como ha reclamado Juan Jesús Vivas desde el inicio de la crisis, el presidente ceutí ha endurecido su discurso.
Este martes aseguró que "la única salida que tienen estas personas es el retorno y la expulsión a Marruecos, tanto los adultos como los menores [...] Que todo el mundo pierda la expectativa. Ni papeles ni asilo. La única solución es el retorno a Marruecos".
Vivas asegura que al menos hay unos 10.000 inmigrantes asentados en la ciudad de forma irregular, 1.500 de los cuales serían menores; la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, elevó esa cifra a 12.000.
Fúnez refrendó a Vivas y dijo que la devolución de todas estas personas "es la única manera" de "garantizar la seguridad que los ceutíes necesitan en este momento". Eso incluye a los menores no acompañados.
En los mismos términos se expresó Alberto Núñez Feijóo: "Lo lógico y pertinente es devolver a todos los menores a Marruecos".
Por ello, pese a que las leyes españolas y europeas son muy garantistas con los menores, desde el PP piden aplicar el acuerdo que España y Marruecos firmaron en Rabat en 2007, entró en vigor en 2012 y fue ratificado en 2013.
La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez (c), atiende a los medios de comunicación junto con la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Bezina (d), y el coordinador de Fondos Europeos en Ceuta, Guillermo Martínez, a 11 de agosto de 2026.
"Ese acuerdo, en su artículo 2, recuerda que ambos países cooperarán para la repatriación de los menores con sus familias o con los servicios sociales del país de origen, en este caso Marruecos", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes de Génova.
Dicho pacto, aunque obliga a que cada devolución respete estrictamente la legislación española, el derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, establece como objetivo favorecer el retorno de los menores a sus familias o a una institución de tutela marroquí.
"Si la cooperación con Marruecos es leal, debería poder hacerse", consideran. "Si estamos en el mejor momento de las relaciones bilaterales, como dice Sánchez, ejecutemos el acuerdo que tenemos suscrito y en vigor".
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Dicha devolución, no obstante, no podría hacerse en bloque, ya que el Tribunal Supremo confirmó en 2024 que no cabe retornar colectivamente a menores al margen del procedimiento individualizado previsto en la Ley de Extranjería, después de declarar ilegales las devoluciones realizadas desde Ceuta en agosto de 2021.
El caso de cada menor debe ser "individualizado", con "varios informes exigidos, entre ellos uno de Marruecos".
Debe ir menor a menor, acreditarse que existe la posibilidad de una reagrupación familiar en su país de origen o que los servicios de protección marroquíes se hagan cargo.
Muchos menores pueden negarse a volver con sus familias. En tal caso, el procedimiento se vuelve más complejo: se debe escuchar al niño o adolescente y tener en cuenta su voluntad, mientras que la Fiscalía debe intervenir y emitir informe. La resolución administrativa que finalmente se adopte puede ser recurrida.
La oposición del menor no constituye por sí sola un veto automático a la repatriación.
Ahí el papel de los servicios sociales de Rabat es fundamental: "Estamos asumiendo que los servicios sociales marroquíes no son capaces, y eso no es verdad. Ellos pueden hacerse cargo", sostienen desde el PP.
El problema, sugieren las fuentes, es que para que esos procesos individualizados tengan todas las garantías es necesario que "haya recursos, es decir, personal para tramitaciones exprés, especialmente de Justicia, y cooperación total con Marruecos para los trámites que les competen y aceptar los retornos".
Hasta ahora, sin embargo, "parece que ha habido más predisposición de Marruecos. No puede ser que Albares hable de la necesidad de un retorno inmediato 12 días después".
Varias personas llegan a España desde Marruecos, el 30 de julio de 2026, en Ceuta.
En Ceuta "hacen falta medios, fiscales y abogados de oficio. Hace falta filiar, identificar, informar y escuchar, si corresponde, a los chicos, para poder retornarlos".
De lo contrario, los procesos se pueden enquistar durante meses y desbordar, aún más, a una ciudad exhausta.
El propio Vivas ha insistido en que el Gobierno debe poner en marcha "las iniciativas legislativas que sean necesarias" y tomarse esta situación como "una urgencia nacional".
"Pero si el Gobierno no tiene la situación controlada ni sabe cuántos menores hay en Ceuta, ¿cómo va a poder tramitar procedimientos garantistas?", se preguntan los populares.
Si después de seguir todo el procedimiento de filiación e identificación de los menores, la delegación de Gobierno decide que estos deben quedarse en España porque el retorno a su país de origen no obedece a un interés superior del afectado, los menas pueden ser distribuidos a las diferentes comunidades autónomas atendiendo a los principios de la Ley de Extranjería.
"Pero eso serían casos contados" sugiere Génova.
"Lo flagrante va, normalmente, por protección internacional. Marruecos, no olvidemos, es considerado un país seguro. Normalmente, las familias de los menores están y, si no, los servicios sociales marroquíes no pueden ser descartados".
"Otra cosa son víctimas de trata y cosas así, que van por otra vía. A eso no se opone nadie. Sólo faltaba".
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, junto con Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP.
Reforma de la Ley de Extranjería
Aunque el PP considera que "el foco está puesto ahora en acabar con la crisis de Ceuta", su intención es reformar la Ley de Extranjería, ya que está plagada de "vacíos legales".
El primer punto de fricción es que la ley permite trasladar a personas indocumentadas cuya minoría de edad todavía no ha podido determinarse con seguridad.
Esto permite que una persona sea trasladada antes de haber determinado definitivamente su edad y que el expediente de determinación de edad se practique ya en la comunidad receptora.
"En Madrid, nos consta, un 50% de los que han llegado no lo eran, lo cual supone un peligro público, porque cuando tú metes en un centro de menores a un tipo que al final acaba teniendo 20, ¿qué pasa con los que tienen 10 o 12 años? Hay que preservar el interés superior de esos niños".
La ley, de hecho, ordena que el traslado se produzca en un máximo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados cuando existe una contingencia migratoria extraordinaria.
"El iter temporal que va desde que el menor llega hasta que es filiado debe ser responsabilidad de la Administración General del Estado, no de las comunidades autónomas".
Desde Ceuta, por ejemplo, aseguran que "todos los menores que pasan a la Península van registrados, inscritos y con pruebas de edad, pero otras comunidades autónomas no los envían tan documentados".
El segundo punto de fricción tiene que ver con la distribución de los menas. El PP denuncia que el Gobierno aplica un doble rasero privilegiado con Cataluña y el País Vasco.
Pedro Sánchez permanece de vacaciones en La Mareta mientras Ceuta pide la declaración del mando único para gestionar la crisis migratoria.
En julio de 2025, cuando el Gobierno presentó el cálculo inicial para redistribuir hasta 3.975 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla, Cataluña y el País Vasco obtuvieron una cuota obligatoria de cero.
El tercer elemento que quiere matizar el PP es que el Estado debe financiar completamente el mantenimiento económico de los menas desde que llegan hasta que se emancipan.
La Ley de Extranjería exige una financiación "suficiente" y creó para 2025 un fondo de 100 millones de euros destinado a compensar íntegramente los costes de sobreocupación causados por menores trasladados desde otra comunidad.
La norma, sin embargo, no garantiza expresamente una financiación permanente hasta la emancipación, que es la cobertura adicional reclamada por Génova.