El Gobierno y el Ministerio de Exteriores advierten que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no otorga derecho a permanecer en España ni a viajar a la Península.
La Unión Europea respalda la postura española y considera clave la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla para la seguridad del espacio Schengen.
Solo quienes puedan acreditar residencia previa antes del 1 de enero de 2026 pueden optar a procesos extraordinarios de regularización.
El presidente de Ceuta exige al Gobierno central más efectivos policiales y la aplicación inmediata de los acuerdos de repatriación para devolver a Marruecos a los migrantes irregulares.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno de Ceuta han cerrado filas para lanzar un aviso tajante frente a las redes de tráfico humano.
Cruzar irregularmente las vallas o espigones de las ciudades autónomas no otorga derecho a permanecer en España, no permite viajar a la Península y solo conduce a un expediente de devolución.
Esta postura cuenta con el respaldo implícito de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha reiterado que las fronteras de Ceuta y Melilla son la frontera exterior del espacio Schengen, por lo que la gestión de estos accesos es un asunto de seguridad europea y la contención de los cruces ilegales resulta clave para proteger la integridad territorial comunitaria.
Desde Exteriores se subraya que Ceuta y Melilla cuentan con un estricto régimen de seguridad con doble verificación.
El primer control opera en la propia frontera terrestre y marítima —reforzada con barreras como los 500 metros en el espigón del Tarajal—, mientras que un segundo filtro blindado actúa en puertos y aeropuertos.
Nadie embarca hacia la Península sin identificarse ante la Policía Nacional.
Además, el Ejecutivo aclara que los procesos de regularización extraordinaria exigen acreditar residencia previa con fechas de corte estrictas (1 de enero de 2026), por lo que quienes entren de forma irregular quedan automáticamente excluidos.
Las recientes resoluciones judiciales tampoco alteran la Ley de Extranjería ni frenan los retornos.
Ceuta y Melilla afrontan episodios de presión migratoria extrema tras los recientes asaltos a sus espigones y vallas fronterizas.
Ante esta situación, la postura institucional —tanto del Ejecutivo central como de los gobiernos autonómicos afectados— coincide en la necesidad de garantizar la legalidad, blindar los pasos fronterizos y agilizar los retornos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha sido tajante al recordar las consecuencias jurídicas de los cruces fronterizos no autorizados.
Frente a informaciones erróneas o interpretaciones interesadas de recientes resoluciones judiciales, la postura oficial subraya que:
La única vía de entrada sigue siendo la reglamentaria.
Ceuta exige el retorno
Sobre el terreno, la tensión institucional y social es máxima.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calificado la situación en la ciudad de "insostenible" ante la presencia de entre 8.000 y 11.000 migrantes que continúan en las calles tras los asaltos de finales de julio.
Vivas ha lanzado una exigencia directa al Ejecutivo central para que incremente los efectivos policiales, dote de más recursos a las áreas de Extranjería y mantenga el despliegue del Ejército para garantizar la seguridad ciudadana.
Para la administración local, la única salida legal y operativa pasa por aplicar los acuerdos de repatriación y ejecutar el retorno inmediato a Marruecos de todos los implicados en los asaltos.
Cierre de filas
El Gobierno central, las autoridades de Ceuta y Melilla y la Unión Europea coinciden en rechazar la permanencia tras un acceso irregular.
Consideran que tolerarla solo alimentaría el negocio de las redes de tráfico de personas, basado en vender falsas expectativas de regularización.
Las distintas administraciones remarcan que ceder ante los hechos consumados no solo compromete la seguridad ciudadana y la capacidad asistencial de las ciudades autónomas, sino que atenta directamente contra la legislación en materia de extranjería.