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Las claves

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este jueves a Bruselas el "blindaje" de la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos, ya que, según ha justificado, es "la de todos", a la vez que ha pedido mayor dotación de medios personales y materiales en la zona, infraestructuras y una mayor implicación de agencias como Frontex, Europol o la Agencia Europea de Asilo.



"Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada. Y tiene motivos, porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento, y ese será el definitivo para la caída al abismo", ha afirmado Vivas en su intervención ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

Además, Vivas ha pedido la expulsión de todos los migrantes que siguen en la ciudad y ha defendido que, pese al retorno de unas 75.000 personas a Marruecos, "en ningún caso" puede afirmarse que la ciudad autónoma haya recuperado la normalidad.

El presidente ceutí ha asegurado que entre 3.000 y 5.000 personas permanecen todavía en el enclave español tras los cruces de los días 30 y 31 de julio y ha advertido de que los centros de acogida para adultos y menores continúan "en situación de colapso", una situación que, a su juicio, ha derivado en "una emergencia humanitaria de enorme envergadura".

A ello, ha añadido, se suman "alteraciones" del orden público, un "alto riesgo de inseguridad ciudadana" y el impacto que la crisis ha tenido sobre la población. "Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada", ha afirmado.

Vivas ha alertado además de que la crisis ha puesto de manifiesto la "extraordinaria vulnerabilidad" de la ciudad y ha sostenido que la seguridad e integridad de Ceuta "están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía".

Ante esta situación, ha reclamado una respuesta "estructural" a la presión migratoria que soporta Ceuta y ha pedido "blindar" la frontera mediante un refuerzo de los medios personales y materiales, nuevas infraestructuras, más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una mayor implicación de agencias europeas como Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo.

El dirigente ceutí también ha solicitado un plan específico para paliar el impacto de la crisis sobre el tejido productivo local, recuperar la confianza en el futuro de la ciudad y evitar que se frene el nuevo modelo económico impulsado por la administración local.

En el turno de preguntas, Vivas ha reconocido que las autoridades todavía desconocen el número exacto de migrantes que permanecen en Ceuta y ha atribuido esta situación a la "precariedad de medios" con la que, a su juicio, se sigue gestionando la crisis.

"El hecho de que no conozcamos las cifras en estos momentos de las personas que permanecen en Ceuta pone de manifiesto la precariedad de medios con la que todavía se está actuando para abordar la situación", ha señalado.

Asimismo, ha advertido de que la ocupación de los recursos destinados a menores supera el umbral que la legislación considera una situación crítica y ha lamentado que, con la normativa actual, el retorno de menores a Marruecos sea "prácticamente imposible".

Finalmente, ha advertido de la preocupación existente ante un posible nuevo intento de entrada el próximo 15 de agosto y ha insistido en que la crisis ha evidenciado que la frontera "es absolutamente vulnerable".

La respuesta europea

En esa misma comisión, que se ha reunido este jueves de forma extraordinaria por videoconferencia para tratar la situación en Ceuta, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha pedido avanzar hacia una mayor protección de Ceuta y, por consecuencia, de Europa.

El dirigente ha instado este jueves al Parlamento Europeo a desbloquear la directiva contra el tráfico de migrantes, cuya tramitación permanece pendiente desde hace casi tres años.

Esta directiva se presentó a finales de 2023 con el objetivo de endurecer la lucha europea contra las redes de tráfico de migrantes y sustituir a la directiva vigente desde 2002 que, según varios miembros, era insuficiente para perseguir a las mafias.

Los cambios se basan en una definición más clara del delito de tráfico de migrantes y en penas más severas para las personas que lo faciliten.

En concreto, la propuesta establece una definición más clara del delito de tráfico ilícito de migrantes para centrarse en aquellas actividades que estén motivadas por un beneficio económico o que tengan una alta probabilidad de dañar a una persona.

Brunner ha expresado que, después de la crisis migratoria en Ceuta, por la que miles de personas trataron de acceder a territorio europeo de forma irregular desde Marruecos, se ha puesto en relieve la necesidad de reforzar la respuesta de la Unión Europea frente a las redes criminales que trafican con personas.

En una comparecencia, el político ha remarcado la aprobación de esta norma paralizada desde 2023 entre las cinco prioridades que, según ha expresado, deben extraerse de los acontecimientos registrados en la ciudad autónoma.

De esta forma, el comisario ha reclamado reforzar la lucha contra las mafias que hacen la inmigración irregular posible, a la vez que ha pedido al Parlamento adoptar esta posición "lo antes posible".

"No podemos aceptar una vulneración de la integridad de nuestras fronteras exteriores ni una amenaza para la seguridad de la Unión. El impacto de las redes criminales de tráfico de migrantes sobre nuestra seguridad es sencillamente inaceptable", ha subrayado.

Asimismo, ha apostado por reforzar la cooperación con las plataformas digitales para impedir que los traficantes utilicen las redes sociales para difundir información destinada a promover o coordinar movimientos migratorios irregulares.

El comisario ha enmarcado estas medidas dentro de la estrategia de Bruselas para extraer "las lecciones correctas" de la crisis de Ceuta, junto al refuerzo de las fronteras exteriores, una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la aceleración de los retornos de personas en situación irregular.