España ha sufrido los incendios forestales más grandes de su historia reciente, con cerca de 200.000 hectáreas quemadas y miles de personas evacuadas.
Expertos reclaman superar el "analfabetismo del paisaje" y abogan por una gestión activa y planificada que combine prevención, aprovechamiento sostenible y protección de zonas vulnerables.
La gestión forestal insuficiente y la falta de pactos políticos duraderos dificultan la prevención eficaz de incendios, pese a leyes y recursos existentes.
Los especialistas insisten en la urgencia de un pacto de Estado que garantice inversiones continuas y una política forestal estable más allá de los ciclos electorales.
Una columna de humo sobrevuela Madrid, Ávila, Zamora, Castellón. Cerca de 200.000 hectáreas calcinadas. 180.000 ciudadanos confinados o evacuados. Decenas de hogares perdidos.
En los paisajes que forman parte del imaginario colectivo español, como los castañares de El Tiemblo o los verdes pinares del embalse de San Juan, hoy se ven montañas de cenizas, troncos chamuscados y aguas negras. Las llamas han sumido los ecosistemas en uno de esos silencios que empeora minuto a minuto como una enfermedad fatal.
Los fuegos de Burgohondo (Ávila) y la Sierra Oeste de Madrid han dado lugar al mayor episodio de incendios forestales registrado hasta ahora en España: este leviatán de sexta generación, más grande, más voraz y con una mayor capacidad convectiva, ha calcinado casi 80.000 hectáreas.
Los bomberos, militares y brigadistas que han luchado por frenarlo, exhaustos por el calor, por las jornadas nocturnas infatigables, que se han jugado el pellejo en escenarios que parecen sacados de una película de terror, parecen no creer lo que han vivido.
"Han sido los incendios más grandes de nuestra historia. No sólo por las hectáreas afectadas, el impacto urbano forestal ha sido tan grande como para provocar el desplazamiento de tantas personas", explica Javier Villanueva, bombero forestal de la Comunidad de Madrid. "No hemos visto algo así. Nunca".
Ese sentimiento se une al de los profesionales, científicos y ciudadanos que, año tras año, ven cómo los telediarios rotulan "el peor", "el más voraz", "el más letal"; una amenaza que se acrecienta conforme pasa el tiempo y evidencia las deficiencias del actual modelo de gestión forestal.
Burgohondo, Ávila, 2026: 50.000 hectáreas sin contar las de Madrid. Molezuelas de la Carballeda, Zamora, 2025: 40.000 hectáreas quemadas. Larouco, Quiroga y Oencia, Galicia y León, 2025: 37.000 hectáreas. Losacio, Zamora, 2022: 32.500 hectáreas. Los Gallardos, 2026: 14 muertos, récord de este siglo.
Hacia un pacto de Estado
Pedro Sánchez reclamó el martes que la oposición se sume al "pacto de Estado frente a la emergencia climática" que su Gobierno intenta impulsar desde 2025.
El PP, por su parte, insistió en la necesidad de sacar adelante un acuerdo sobre prevención, gestión forestal y respuesta ante incendios; una suerte de pacto de Estado contra el fuego que deja atrás la terminología política excluyente y concreta medidas muy específicas.
El choque entre los dos grandes partidos de Estado no está tanto en las actuaciones concretas, como en el terreno político.
En sus medidas, el Gobierno extiende su propuesta a la descarbonización, al agua, a las costas, a la salud, a la biodiversidad, al mundo rural, a la protección civil y a la lucha contra la desinformación climática.
El PP lo reduce a tres grandes ejes —ayudar, recuperar y prevenir— y presenta 50 medidas sobre incendios, política forestal y emergencias. Es más concreto.
Paco Castañares, experto forestal y presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, considera que la batalla semántica es, en realidad, "una declaración de voluntad de no pacto".
"Están jugando al puro tacticismo para espantarse mutuamente". A su juicio, el Gobierno elige una denominación como "emergencia climática" sabiendo que alejará automáticamente a Vox y condicionará al PP.
"No obstante, si miras bien el contenido, si el Gobierno modifica algunas medidas más genéricas relacionadas con el cambio climático y al PP le quitas lo de las pulseras para los pirómanos [una de las medidas que incluyen en su documento], que no tiene mucho sentido, metes todo lo demás en una coctelera, lo remueves y lo ordenas, sale un pacto de Estado perfecto que todos podrían firmar", afirma.
Marta Corella, ingeniera técnica forestal, exalcaldesa de Orea y vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales, secunda esta idea y pide tener "altura de miras".
"Las acciones no pueden estar al albur del partido político que gobierne", afirma, "el territorio no entiende de ideologías. Da igual si se llama pacto por la emergencia climática o por los incendios. Hay que empezar ya. Lo peor no ha llegado. Si son políticos de verdad, se deben sentar a dialogar. La sociedad lo necesita".
Corella critica que la política responda únicamente a la presión inmediata de las mayorías urbanas mientras que los pueblos, que en última instancia son los que velan por los montes y los que más sufren el fuego, siguen apareciendo en el debate sólo cuando el humo alcanza las ciudades.
"En las zonas forestales vivimos cuatro gatos, que son sólo cuatro votos", denuncia. "¿Nos queremos adaptar o queremos seguir peleando entre nosotros? La naturaleza tiene todo el tiempo del mundo. Nosotros, no".
Lecciones que deja el fuego
La primera lección que España ha aprendido de los voraces incendios de estos últimos años es que la discusión no admite soluciones de brocha gorda ni explicaciones excluyentes.
"No hay panaceas ni soluciones mágicas; sí mucha ciencia", asegura Javier Madrigal, científico responsable de la coordinación del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias del CSIC.
Madrigal rechaza tanto el discurso que atribuye únicamente los incendios al cambio climático como el que reduce el problema a "una prohibición de recoger piñas".
"Estos incendios son de sexta generación y se producen por cuestiones multifactoriales: hay un paisaje con una serie de combustibles disponibles que se encuentra con situaciones atmosféricas extremas, a lo que se suma el cambio que el paisaje ha experimentado en los últimos 50 años".
Para entender el problema es necesario separar tres planos: qué origina la llama, qué permite que se convierta en un gran incendio y por qué termina destruyendo viviendas.
El cambio climático no es el detonante de la mayoría de las llamas, pero facilita las condiciones para que estas sean más voraces. El calor intenso y recurrente hace que la vegetación pierda humedad, alarga las épocas de riesgo y multiplica las ventanas meteorológicas en las que un fuego puede adquirir un comportamiento extremo.
El estado del territorio determina cuánta energía encontrará disponible y con qué continuidad podrá avanzar.
Víctor Resco, profesor de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida, ofrece una explicación parecida. Según sus investigaciones, la intensidad media de las temporadas de incendios ha aumentado entre un 30% y un 40% durante las últimas décadas.
Resco atribuye ese incremento a dos depósitos de energía: la biomasa acumulada en los montes por el abandono rural y determinadas políticas de conservación, y una atmósfera con mayor capacidad desecante por el calentamiento derivado de la quema de combustibles fósiles.
El tipo de árbol, añade, importa menos que la cantidad, la humedad y la distribución del combustible. Una masa de matorral continua puede propagar el fuego con mucha mayor eficacia que una superficie forestal gestionada en la que existan discontinuidades.
La conclusión compartida por los expertos no es que el clima importe menos que la gestión. Ni que la gestión permita neutralizar cualquier episodio meteorológico.
Es que España no puede actuar de forma inmediata sobre la temperatura global, pero sí puede intervenir durante los próximos años sobre el combustible, la estructura del paisaje y la vulnerabilidad de las poblaciones. Es decir: trabajar en prevención. Algo que no da votos pero salva vida.
Gestión activa, planificada y ordenada
Por tanto, la segunda lección que ha aprendido España es que la extinción comienza antes de que aparezca la primera llama.
Madrigal señala el fuego prescrito, la ganadería extensiva, los desbroces y los tratamientos selvícolas como instrumentos para reducir y fragmentar el combustible.
No se trata de "limpiar" indiscriminadamente los montes, sino de decidir dónde conviene intervenir, con qué intensidad y para cumplir qué función: proteger una población, asegurar una carretera, impedir la continuidad entre dos grandes macizos o crear una oportunidad de extinción.
Juan Carlos Gómez, decano territorial de Andalucía del Colegio de Ingenieros Forestales, sitúa esa intervención en una escala paisajística. Reclama una "gestión activa, planificada y ordenada" que combine la conservación de la biodiversidad con la sostenibilidad económica y social de las comarcas forestales.
La finalidad no es convertir todo el monte en una explotación, sino modificar su estructura para que el fuego no encuentre decenas de kilómetros de combustible continuo y no tratado, que prende fácilmente.
"Hay que gestionar el territorio forestal en mosaico, donde convivan áreas de extrema protección ecológica con zonas de aprovechamiento sostenible de biomasa, madera, frutos silvestres, plantas aromáticas y agricultura", añade.
Esa alternancia genera discontinuidades y combustibles distintos capaces de frenar la propagación y ofrecer posiciones de trabajo seguras a los equipos de extinción, antes de que un incendio alcance dimensiones inabordables.
El ingeniero forestal incorpora al mismo diseño la ganadería extensiva y la gestión de la fauna cinegética, para mantener bajo control la biomasa arbustiva y herbácea y los cultivos agrícolas como actividad complementaria del monte.
Agentes medioambientales y voluntarios trabajan sin descanso durante la noche para frenar el avance del incendio entre Formariz y Muga de Sayago (Zamora)
Analfabetos del paisaje
Marta Corella lo expresa de una forma más amplia: gestionar el territorio significa obtener de forma sostenible los recursos que éste ofrece y mantener las actividades que lo estructuran.
"No hay paisaje sin paisanaje. Somos los grandes analfabetos de nuestro paisaje", sostiene Corella. "Nunca ha habido una sociedad más desafectada de su entorno, más ignorante de lo que sucede en él".
Su crítica no se dirige únicamente contra una norma concreta, sino contra una cultura que durante décadas ha identificado conservación con ausencia absoluta de intervención.
Corella atribuye buena parte del bloqueo a una "corriente de no intervencionismo" que identificó durante años cualquier aprovechamiento con una agresión. "En los libros de texto de los colegios todavía aparecen los animales del bosque yendo a un entierro detrás de un camión de madera".
A esa cultura no intervencionista se suma, a su juicio, una desatención política prolongada.
"Hay gente que confunde biomasa con biodiversidad: pero cuando los montes están colapsados y no entra luz, la biodiversidad cae en picado y la naturaleza actúa en forma de plagas, derribos y fuego".
Por eso diferencia el origen de la ignición –es decir, un pirómano o un mal uso de herramientas de trabajo– de las condiciones que permiten que se transforme en una catástrofe.
"Los pirómanos pueden ser el origen de un fuego. La causa de un gran incendio es la situación en la que tenemos el territorio. Si nos quedamos sólo en el origen, perdemos el foco".
Viviendas arrasadas por el incendio en Navas del Rey.
Dos compromisos ineludibles
Para Paco Castañares, un hipotético gran pacto de Estado debería incluir dos compromisos fundamentales.
El primero de ellos es que el Gobierno, independientemente de su color, debe gestionar un millón de hectáreas forestales al año de las 28 que tiene España. El experto calcula que ese objetivo exigiría unos 3.000 millones de euros al año. Y no todo tendría que proceder del presupuesto público.
Esa gestión no tendría por qué adoptar siempre la forma del cortafuegos tradicional, una franja desnuda y lineal, sino que propone "cortafuegos productivos" como olivares, castañares, frutales, viñedos o pastos, donde las copas estén separadas y el suelo no contenga una continuidad de matorral seco.
Es el mismo principio del paisaje en mosaico, pero ligado a una actividad capaz de producir alimentos, empleo e ingresos.
Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, sitúa el esfuerzo necesario en un orden de magnitud parecido.
A su juicio, España hoy actúa preventivamente sobre menos del 1% de la superficie forestal, cuando buena parte de los especialistas considera necesario aproximarse al 5%. Ese porcentaje equivaldría a alrededor de 1,4 millones de hectáreas anuales.
En la misma línea se pronunciaba Víctor Resco en una entrevista con EL ESPAÑOL: "La propagación de muchos de estos incendios podría haberse evitado. En España no tenemos un problema de igniciones. El problema está en que hay más combustible. Y se quema más porque la atmósfera está más seca".
"Hay que identificar zonas estratégicas de prevención, lugares donde, en caso de producirse un incendio, se pueda frenar y extinguir eficazmente", añade Tolosana. En ellas deberían concentrarse el pastoreo extensivo, los clareos de vegetación joven, los tratamientos sobre el matorral y las quemas prescritas de combustibles finos.
El segundo compromiso propuesto por Castañares sería proteger todos los pueblos, urbanizaciones y viviendas expuestos mediante franjas de seguridad adaptadas a la longitud de llama previsible y al tipo de vegetación, para que no vuelvan a repetirse desplazamientos masivos como los vistos este año.
Los expertos no plantean talar todos los árboles alrededor de un pueblo, sino eliminar o reducir el matorral, controlar el pasto seco y evitar que exista continuidad entre las copas en los sectores que pueden conducir el fuego hasta las viviendas. Y pedir a los vecinos que prescindan de algunas plantas, como las arizónicas.
"El problema es que el monte se ha metido en muchos pueblos". Muchos núcleos rurales que antes estaban rodeados por huertas, cultivos, pastos u olivares han perdido esas defensas con el abandono de la actividad agraria.
Ahora, la vegetación llega hasta las fachadas, se acumula junto a carreteras estrechas y rodea urbanizaciones que, en algunos casos, sólo tienen una vía de entrada y de salida.
Castañares introduce, además, un debate incómodo: cuándo evacuar y cuándo confinar. El experto sostiene que una evacuación tardía puede colocar a cientos de personas en carreteras rodeadas por llamas, humo y vientos cambiantes.
Recuerda la tragedia portuguesa de Pedrógão Grande, en 2017, donde muchas víctimas murieron mientras trataban de huir en sus vehículos. "Las evacuaciones ponen en riesgo a la gente", afirma. "Imagínate moverte en una tormenta de fuego con vientos erráticos que lo barren todo".
Juan Carlos Gómez convierte esa protección preventiva en una obligación concreta para los municipios expuestos. Reclama que elaboren, mantengan y divulguen sus planes de emergencia frente a incendios y que exijan planes de autoprotección a urbanizaciones, campings y empresas.
"Todo esto debe coordinarse con procesos periódicos de divulgación y con simulacros que preparen a las poblaciones antes de sufrir un incendio real", añade Gómez.
La existencia formal de un plan no basta si los vecinos desconocen las rutas, los lugares seguros o las circunstancias en las que deben evacuar o permanecer confinados.
Por su parte, Javier Madrigal introduce una última razón para colocar a los pueblos en el centro: el daño que permanece después de que el paisaje comience a recuperarse.
"La capacidad de los ecosistemas para regenerarse es impresionante. Siempre pensamos en los daños ecológicos, que los hay, pero 20 años después las poblaciones evacuadas siguen recordándolo mientras el monte de alrededor se está regenerando y reaccionando bien".
El trauma humano, la pérdida de la vivienda y el miedo a otra evacuación pueden acompañar durante décadas a una comunidad.
Ley, responsabilidad y burocracia
La tercera lección que aprende España es que no parte de cero. La Ley de Montes ya obliga a las comunidades autónomas a aprobar cada año planes de prevención, vigilancia y extinción que abarquen todo el territorio.
El problema, por tanto, no puede resumirse en que España carezca de leyes. Existen normas estatales, autonómicas, planes forestales, planificación de protección civil y, desde 2025, unos criterios estatales comunes para los planes anuales contra incendios.
La distancia aparece entre lo que figura en los documentos y lo que realmente se ejecuta, se mantiene y se supervisa sobre el terreno.
Eduardo Tolosana considera que las Administraciones reaccionaron bien después de los incendios de 2025. Las comunidades más afectadas aumentaron sus presupuestos de prevención y reforzaron los dispositivos de extinción. Castilla y León, por ejemplo, elevó en torno a un 50% su partida preventiva.
Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España).
Sin embargo, la respuesta, aunque sea positiva, no ha sido suficientemente ambiciosa. "Aunque se hubiese incrementado tres veces más, el territorio es tan inmenso que hace falta más, siempre más", sostiene.
Tolosana acepta que la Ley de Montes puede reformarse para introducir incentivos y reducir cargas administrativas, pero tampoco considera que otra modificación legal vaya a resolver por sí sola el problema. Sí una mayor inversión.
"Las leyes siempre son mejorables", sostiene. "Sí cabría introducir elementos positivos para favorecer la gestión y reducir la burocracia. Pero lo de la autoprotección es quizá una de las cosas que tendría un efecto inmediato".
La autoprotección, y una mayor inversión.
Según el Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal que publica el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, hasta 2024 (últimos datos registrados) la inversión de la Administración General del Estado para prevención de fuegos era de 28,3 millones.
José Luis Rodríguez Zapatero llegó a subirlo a 72,5 millones, pero con la crisis lo diezmó hasta los 11,6 en 2011, un recorte drástico cuyos efectos aún se notan.
¿Se puede tocar el monte?
En torno a la Ley de Montes se enfrentan dos relatos igual de incompletos. Uno sostiene que la legislación obliga a los propietarios a mantener limpios sus terrenos y que, por tanto, cualquier acumulación de combustible es culpa suya. El otro asegura que las normativas ambientales impiden podar, desbrozar, aprovechar madera o introducir ganado.
Ninguno de estos escenarios describe por sí solo la realidad. "Lo primero que hay que aclarar es que eso de que no se pueden gestionar o limpiar los montes es un bulo", afirma Tolosana, quien rechaza, sin embargo, trasladar al propietario una obligación imposible de cumplir.
"Imaginemos un ejemplo. Dile a un gallego de 72 años que tiene que gastar 5.000 euros para actuar sobre una hectárea y que, si no lo hace, será sancionado. No. A la gente no se le puede hacer incurrir en esos gastos sin ofrecerle ayuda a cambio".
Además, la propia Ley de Montes no establece una orden universal para "limpiar" cada hectárea a costa de su propietario, sino que obliga a las autonomías a identificar los trabajos preventivos necesarios, señalar quién debe realizarlos y establecer los plazos y modalidades de ejecución.
Paco Castañares formula el conflicto de manera directa. "Cuando el Estado dice que la ley no lo prohíbe todo, tiene razón. Y quienes dicen que la burocracia impide hacer muchas cosas o hacerlas con la agilidad necesaria, también tienen razón".
Tolosana enumera varios ejemplos: si el terreno está junto al dominio público marítimo-terrestre puede intervenir Costas. Si linda con una carretera estatal, el ministerio de Transportes o el organismo autonómico competente. Si contiene un cauce, la Confederación Hidrográfica de turno. Si aparecen restos arqueológicos, Patrimonio.
A ello se añaden declaraciones responsables, autorizaciones autonómicas y, en los espacios protegidos, las determinaciones de sus planes de gestión.
Cerca del 37% de la superficie terrestre española está incluida en alguna figura de protección, pero eso no significa que sea intocable.
Un parque nacional, un espacio de la Red Natura 2000 y un paisaje protegido no comparten necesariamente las mismas restricciones. Y muchos requieren gestión activa para conservar hábitats, mantener usos tradicionales o reducir riesgos.
"¿Por qué tiene que pedir permiso un agricultor para hacer una poda o un desbroce a alguien que no conoce el campo?", se pregunta Castañares.
Tras la exageración hay una crítica muy razonable: las normas pueden proteger valores ambientales legítimos y, al mismo tiempo, estar diseñadas de manera tan fragmentada que desincentiven la actividad que mantiene el territorio.
Para colmo, la distribución de responsabilidades tampoco admite una respuesta única. La Constitución reserva al Estado la legislación básica en materia de medio ambiente, montes y aprovechamientos forestales.
Las comunidades autónomas han asumido el desarrollo normativo y, sobre todo, la gestión forestal, la prevención y la organización ordinaria de la extinción.
El avión Canadair del Ejército del Aire actuando en una descarga.
Los ayuntamientos tienen responsabilidades en planificación local, protección de núcleos, urbanismo y autoprotección.
Los propietarios deben cumplir las actuaciones que establezcan las normas y los instrumentos aplicables.
No es correcto, por tanto, atribuir todo el problema al Gobierno central, como tampoco lo es sostener que el Estado sólo puede observar.
Puede aprobar la legislación básica, establecer criterios comunes, financiar actuaciones, desplegar medios de apoyo, elaborar herramientas nacionales de riesgo y exigir información comparable.
Las comunidades deben convertir ese marco en trabajos ejecutados, operativos permanentes y planificación territorial. Y los municipios necesitan capacidad económica y técnica para cumplir las obligaciones que se les asignan.
Marta Corella reclama, precisamente que el Estado fiscalice el ejercicio de las competencias transferidas sin recuperarlas.
"No se trata de que coja las competencias", explica. "Pueden seguir teniéndolas las comunidades autónomas, pero tienen que cumplir. Debe haber unos mínimos exigibles".
Esos mínimos tendrían que transformarse en indicadores públicos y comparables: hectáreas tratadas, presupuesto realmente ejecutado, municipios con planes implantados, franjas de protección mantenidas y trabajos pendientes.
El Estado no tendría que asumir la gestión autonómica, pero sí podría condicionar parte de la financiación, exigir resultados verificables y publicar cada año el grado de cumplimiento de cada territorio.
Corella tacha de "indignante", por ejemplo, que en el reparto de los tributos del Estado "no computaran las hectáreas forestales".
"Si tienes un hospital, un instituto, sí computa, pero si tienes masa forestal, no. ¿Qué quiere decir? Que las grandes barreras que tenemos en nuestro país, esos macizos montañosos que regulan los caudales hídricos de nuestro país, sus masas forestales, son montes de utilidad pública propiedad de los ayuntamientos".
"El problema", añade, "es que estos son inmensamente ricos en patrimonio y paupérrimos en recursos y no tienen gente porque no existen posibilidades".
El precedente de Ayuso
La petición de Isabel Díaz Ayuso para que el Gobierno declarara la emergencia de interés nacional ha abierto otro debate o, si se quiere, un último aprendizaje que puede sonar a frase de autoayuda pero revela una profunda realidad: unidos somos más fuertes.
Acto seguido, el Ministerio del Interior asumió el mando en Madrid y Ávila tras declarar la emergencia de interés nacional (situación operativa 3) y extendió después su ámbito a Toledo, alegando la necesidad de coordinar todos los recursos disponibles.
Ha sido la primera aplicación de este nivel de emergencia ante una crisis de incendios de esta magnitud.
Madrigal considera que la experiencia, pese a los aspectos mejorables propios de una primera activación, ha ofrecido un balance positivo. "La coordinación ha sido buena pese a la gravedad y las hectáreas que han ardido".
Tolosana cree que la coordinación entre comunidades autónomas, Administración General del Estado, UME, fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos respondió correctamente ante una situación extraordinaria.
También destaca la actuación de Protección Civil en una interfaz urbano-forestal que obligó a evacuar o confinar a decenas de miles de personas.
"Estamos hablando de muchos miles de hectáreas y de una afección masiva a zonas habitadas, y no ha habido una sola víctima mortal ni un herido grave", subraya.
Lo compara con el incendio francés de La Gironde, donde, según sus datos, decenas de bomberos resultaron heridos durante los primeros días.
"La prueba de que los protocolos de extinción de España están entre los mejores del mundo es que en un incendio tan tremendo no hemos tenido heridos de consideración ni fallecidos".
Y, de nuevo, la política
La cuarta y última lección es que España ha aprendido a responder mejor cuando el incendio ya se ha convertido en una catástrofe, pero sigue sin sostener durante décadas la política preventiva necesaria para reducir su tamaño y su impacto.
Tolosana sitúa el fracaso último en una incompatibilidad de calendarios. "Los plazos de los políticos son los de una legislatura y los de la gestión forestal son los de diez o treinta legislaturas", afirma.
Un hayedo puede tardar entre 120 y 150 años en alcanzar determinado valor comercial. Una repoblación necesita décadas para estabilizar el suelo, favorecer la infiltración del agua y reducir la escorrentía.
Las medidas forestales tienen, por ello, un defecto dentro de la lógica electoral: quien las paga probablemente no inaugurará sus resultados. "Es difícil que los políticos sean capaces de decir que, aunque no tenga rédito electoral, esto lo requiere la nación", lamenta. "Eso sí sería patriotismo".
Incendio en Figueruela de Arriba (Zamora)
Juan Carlos Gómez propone resolver ese cortoplacismo sistémico mediante la aprobación de un pacto con una vigencia de 20 años, evaluaciones quinquenales y planes anuales con presupuesto garantizado.
El acuerdo no debería limitarse a una declaración política, sino a que fuese obligatorio revisar objetivos, publicar resultados y mantener la financiación aunque cambie el Gobierno.
España ya sabe cómo apagar los incendios. Lo ha demostrado la coordinación de los equipos y la ausencia de una tragedia humana todavía mayor. Lo que no ha aprendido es a mantener durante veinte años una política forestal que no dé votos inmediatos.
Esa es la última lección del fuego: la prevención no exige únicamente más dinero o mejores leyes. Exige una clase política capaz de trabajar para un paisaje que tardará décadas en devolverle el favor.
Por eso, coinciden los expertos, urge un pacto de Estado contra el fuego que garantice la continuidad de los montes españoles.