Las comunidades autónomas gobernadas por el PP muestran malestar ante la petición de Pedro Sánchez de acoger a menores migrantes llegados a Ceuta.
Las regiones reclaman al Gobierno central que primero resuelva la emergencia en Ceuta y convoque la Conferencia Sectorial de Infancia antes de repartir menores.
Las autonomías del PP exigen datos oficiales, financiación y planificación, y critican la política migratoria del Ejecutivo por falta de control fronterizo.
Los acuerdos de coalición entre PP y Vox en varias comunidades recogen el rechazo a los mecanismos de reparto de menores extranjeros no acompañados.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han recibido con malestar la apelación de Pedro Sánchez a la "solidaridad" territorial para distribuir a menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta.
Aunque guardan cautela al no saber el número exacto de menores que han cruzado la frontera (Save The Children estima que ha sido en torno a 7.000, aunque no precisa cuántos venían solos), fuentes cercanas a varios presidentes autonómicos consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que la actitud del Gobierno implica "seguir de espaldas a la realidad" y "continuar sin asumir las responsabilidades políticas que le tocan".
"Lo que ha ocurrido en Ceuta tiene causa en la política migratoria inexistente y la actitud evasiva del Gobierno de Sánchez", consideran.
Cuando decenas de miles de personas entran en suelo español de esta manera, "en horas, desde un país vecino que parece mirar hacia otro lado", lo que se está dañando "es la convivencia pacífica y la seguridad de España".
"¿Y qué ha hecho para evitarlo o para gestionar un respuesta eficiente el Gobierno?", se preguntan. "Nada".
Reclaman, además, que el Ejecutivo resuelva primero la emergencia en Ceuta y que, llegado el caso, convoque la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para informar a las autonomías y abordar la respuesta.
Añaden que si bien "se cumplirá la legalidad", el Gobierno tendrá "cada vez más problemas para enviar menores, no sólo por la desastrosa política migratoria, sino porque tiene varias sentencias que anulan traslados por falta de motivación".
El presidente Pedro Sánchez, el viernes durante su visita a Ceuta.
La cifra de 7.000 menores ha sido difundida este viernes por Save the Children, pero todavía no existe un recuento oficial definitivo.
La identificación, la determinación de la edad y la comprobación de posibles vínculos familiares son algunas de las tareas prioritarias que deben acometerse para conocer la dimensión real de la emergencia.
Sin embargo, fuentes del PP insisten en que el debate no puede reducirse al reparto posterior de los menores.
"Esto no va de solidaridad. España ha demostrado que es solidaria y acoge. Pero si somos un Estado y lo defendemos así, sin control de fronteras y sin proteger la soberanía, quienes acaban pagando el caos de Sánchez serán Ceuta y Melilla".
En términos similares se ha pronunciado el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, quien denuncia una "dejación de funciones" por parte del Ejecutivo central.
"El Gobierno debe asumir cuanto antes la responsabilidad del control de fronteras, que es una competencia única del Estado", afirma.
Calvo critica que Moncloa se limite a gestionar las consecuencias de la entrada masiva.
"No puede limitarse a gestionar la llegada de menores como si fuese algo ineludible y tuviera que ocurrir. Tiene que tomar medidas en la frontera y dejar de tensionar los sistemas de acogida de las comunidades autónomas", sostiene.
Miles de jóvenes marroquíes vuelven a su país tras sortear la frontera con España en Ceuta.
"Es sorprendente y preocupante. Las fronteras no son las de un ayuntamiento; son las fronteras de la Unión Europea. Es un asunto grave".
Sánchez pidió este viernes desde Ceuta la colaboración del resto de territorios y recordó el precedente de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas entraron en la ciudad autónoma.
Según el presidente, entonces la respuesta de las comunidades fue "muy positiva".
El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ya trabaja para activar "con la mayor celeridad posible" el procedimiento de acogida vinculante hacia las comunidades que se encuentren por debajo de su capacidad ordinaria.
Ceuta permanece en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permite aplicar el mecanismo previsto en la Ley de Extranjería.
Y, en este caso, la Administración competente son las comunidades autónomas.
Aquellas gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, sin embargo, están condicionadas por los acuerdos de coalición que firmó en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Los cuatro documentos incorporaron, por exigencia de los de Abascal, el epígrafe "No más menores extranjeros no acompañados (MENA/MENAS)".
Los pactos recogen el rechazo a los mecanismos de reparto y el compromiso de oponerse a ellos "por todos los medios legales, jurídicos y políticos".
Sin embargo, la dirección nacional del PP fijó como línea roja ineludible que ninguna de esas medidas pueda materializarse fuera de la legalidad vigente.
Las autonomías del PP no cuestionan la obligación de proteger a los menores, pero exigen datos verificados, financiación suficiente y una planificación acordada.
Y advierten que no aceptarán que la apelación a la solidaridad sirva para eludir el debate sobre el control de la frontera.