Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por presuntas maniobras para condicionar investigaciones de la UCO sobre casos que afectan al entorno del Gobierno.
El juez Santiago Pedraz le ha citado a declarar el 10 de septiembre tras nuevas declaraciones que apuntan a su intervención para frenar o cuestionar informes de la UCO, especialmente en investigaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez.
Marcos abandonó su cargo tras la polémica y fue destinado a la Embajada de España en Washington con una remuneración superior a 20.000 euros mensuales, lo que ha generado críticas y sospechas dentro de la Guardia Civil.
Durante su mandato, también estuvo envuelto en otras controversias, como la gestión de la tragedia de Barbate, que aumentó el malestar entre los agentes del cuerpo.
Leonardo Marcos ya no es únicamente el exdirector general de la Guardia Civil señalado en un informe de la UCO por, presuntamente, haber ordenado ponerse "de perfil" en varias investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.
Desde este miércoles, también está formalmente investigado por la Audiencia Nacional.
El juez Santiago Pedraz, instructor del denominado caso Leire, le ha citado a declarar el próximo 10 de septiembre tras aceptar una petición de las acusaciones populares, cuya representación ejerce el Partido Popular.
La decisión supone un cambio respecto al criterio que el magistrado había mantenido hasta ahora. El pasado 2 de julio, Pedraz rechazó imputarle al considerar que la orden atribuida a Marcos para que los agentes se pusieran "de perfil" no constituía, por sí sola, un delito.
Las acusaciones volvieron a reclamar su comparecencia como investigado tras la declaración del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas.
Sostienen que determinadas actuaciones predisciplinarias contra la UCO pudieron comenzar cuando Marcos todavía dirigía la Guardia Civil, "lo que impide sostener que este permaneciera ajeno a una actuación que Llamas califica de ordinaria y conocida en la cadena de mando".
"Consta en las actuaciones, a través de la declaración del [general Rafael] Yuste, exresponsable de la UCO, que Marcos intervino para cuestionar los informes de la UCO relativos a la causa de David Sánchez, llegando a exigir que determinados análisis estuvieran 'limpios' en el plazo de una semana".
Leonardo Marcos en una imagen de archivo.
Marcos se incorpora así al perímetro judicial en el que ya se encuentran su sucesora al frente de la Guardia Civil, Mercedes González, y el propio Llamas.
Ambos fueron citados como investigados, en su caso a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por las presuntas maniobras dirigidas a condicionar a los agentes que investigaban procedimientos relacionados con el PSOE.
La historia que ahora deberá explicar Leonardo Marcos ante el juez comenzó dos años antes.
Concretamente, el 12 de julio de 2024. Marcos, director general de la Guardia Civil desde junio de 2023 por designación de Fernando Grande-Marlaska, emplazó aquel día a algunos de sus subalternos a una reunión en su despacho.
Acudieron el entonces jefe de la UCO, hoy general de brigada Rafael Yuste; el director adjunto operativo —DAO—, el teniente general Manuel Llamas; y el jefe de la Policía Judicial, Alfonso Alberto López Malo.
Marcos les recibió visiblemente alterado. La UCO había solicitado recabar diversos correos electrónicos dentro de la investigación abierta sobre el hermano del presidente del Gobierno, el músico David Sánchez.
Aquello no le gustaba. Nada más cerrarse la puerta, el director general manifestó que la petición de los agentes era "totalmente prospectiva y malintencionada".
No era una crítica menor. Acusar a la UCO de actuar de forma prospectiva suponía cuestionar la propia legitimidad de las pesquisas y sugerir que sus investigadores estaban buscando posibles delitos sin indicios previos que lo justificasen.
El ministro del Interior, el nuevo director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro López Calderón.
Marcos aseguró que la credibilidad de la Unidad y de la propia Guardia Civil estaba por los suelos. Después fijó un plazo: el viernes siguiente, 19 de julio, el informe debía estar completamente analizado.
"Que no haya nada", vino a exigir, aunque para conseguirlo fuera necesario suspender las vacaciones del personal de la Unidad.
Yuste se revolvió. El entonces jefe de la UCO respondió que aquello era imposible.
Los correos debían analizarse, los agentes tenían que completar las diligencias encomendadas y, posteriormente, elaborar el correspondiente informe para remitirlo a la autoridad judicial.
Así lo contó el propio Yuste en su declaración ante los investigadores del caso Leire, integrado por sus antiguos compañeros de la Unidad.
Su versión no quedó aislada. López Malo, también presente en el despacho, relató que Marcos estaba "contrariado" con el informe sobre David Sánchez.
El director general se había enfadado porque había conocido la existencia del procedimiento judicial "por terceros" y consideraba que durante la investigación se estaban realizando "presunciones falsas".
Cuatro días después, el 16 de julio, el DAO, Manuel Llamas, se desplazó a las dependencias de la UCO para reunirse con responsables de la Policía Judicial y del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción.
El mensaje que trasladó fue igualmente explícito.
Según las declaraciones incorporadas a la causa, Llamas pidió que las investigaciones policiales con "afectación política" no fueran "proactivas". Ante ese tipo de procedimientos, los agentes debían ponerse "de perfil".
Aquellas dos reuniones, celebradas con apenas cuatro días de diferencia, ocupan ahora una posición central en la investigación de la Audiencia Nacional.
Las acusaciones populares sostienen que no se trató únicamente de un superior mostrando su desacuerdo con el enfoque de una investigación.
A su juicio, las palabras de Marcos formaban parte de una sucesión de actuaciones dirigidas a contener, condicionar o intimidar a los responsables de las pesquisas judiciales más delicadas para el Gobierno.
Mientras la UCO investigaba las causas relacionadas con el PSOE y el entorno del presidente, en el interior de la Guardia Civil comenzaron a abrirse informaciones reservadas contra algunos de sus miembros.
En nueve meses fueron tres.
Una información reservada es una actuación interna y preliminar. Su objetivo consiste en examinar de manera sumaria la conducta de un agente para decidir si existen motivos suficientes para incoar posteriormente un expediente disciplinario.
No implica por sí misma una sanción, pero tampoco es inocua, ya que puede colocar bajo sospecha a un investigador, someter sus decisiones a escrutinio, perjudicar su reputación dentro del Cuerpo y comprometer sus expectativas profesionales.
"En mis 42 años de experiencia en la Guardia Civil nunca he conocido ninguna información reservada a un coronel mandando una unidad de investigación, ni mucho menos tres en poco tiempo", aseguró Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil en estado de reserva, durante una ponencia a la que acudió EL ESPAÑOL.
Algunas de aquellas informaciones reservadas coincidieron temporalmente con los encuentros que la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mantuvo con Leire Díez, la denominada fontanera del PSOE.
La Fiscalía Anticorrupción investiga si ese instrumento interno fue utilizado para "comprometer la carrera profesional" de los responsables de la UCO, dañar su reputación, dificultar sus ascensos o mantenerlos bajo un clima permanente de incertidumbre.
Una salida en plena tormenta
Dos meses después de aquellos polémicos encuentros donde se instó a ponerse "de perfil" a los investigadores, el 17 de septiembre de 2024, Leonardo Marcos abandonó por sorpresa la Dirección General de la Guardia Civil. Mercedes González regresó al cargo que ya había ocupado en 2023.
La fecha de su salida no pasó inadvertida entre algunos de los mandos consultados por EL ESPAÑOL.
Coincidió con un momento especialmente sensible de las investigaciones que la UCO desarrollaba alrededor del caso Koldo.
Según sugería uno de los informes de la Unidad, Koldo García, antiguo asesor y hombre de máxima confianza del exministro José Luis Ábalos, habría dicho al comandante Rubén Villalba que había sido Leonardo Marcos quien le había informado de la existencia de una investigación en curso.
Villalba también está investigado por su presunta participación en la trama.
"Los tiempos de su salida discreta son coincidentes con la entrega de los primeros atestados e informes a los jueces", aseguran mandos de la Guardia Civil consultados por este periódico.
Tras conocerse estas revelaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles —AUGC— y JUCIL denunciaron a Marcos por posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Él lo negó todo.
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, aseguró que no conocía a Koldo y que jamás había mantenido ningún tipo de comunicación con él.
Mercedes González entrando en la Audiencia Nacional.
"No he hablado con él ni he tenido ningún tipo de contacto nunca. Esas acusaciones tienen muy poca credibilidad", afirmó.
Los sindicatos no compartieron su tranquilidad.
JUCIL calificó la situación de "alarmante". AUGC puso el foco, además, en el destino que el Gobierno encontró para Marcos después de su marcha: Washington.
Porque tras abandonar la cúpula de la Benemérita, el exdirector general terminó destinado en la Embajada de España en Estados Unidos como responsable de su Oficina de Comunicación.
Un auténtico "retiro de oro", según sus críticos.
Sin ir más lejos, AUGC calcula que la remuneración asociada al puesto supera los 20.000 euros mensuales si se suman el salario, los complementos y las asignaciones vinculadas al destino en el extranjero.
La intrahistoria de la plaza tampoco ayudó a disipar las sospechas entre los agentes.
El 15 de mayo de 2024, varios meses antes de la salida de Marcos, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las bases de la convocatoria para cubrir el puesto de consejero de Información en Washington.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas.
Los aspirantes debían saber francés y acreditar experiencia en relaciones informativas internacionales, organización de coberturas de visitas oficiales, encuentros de alto nivel y cumbres de jefes de Estado y de Gobierno.
El 3 de agosto, Presidencia declaró desierta la plaza. Tres meses después, Leonardo Marcos se trasladó a la capital estadounidense para ocupar el puesto.
"Se le recompensó por los servicios prestados", sostienen fuentes de la Benemérita consultadas por este periódico. "Lo cual es incomprensible dada su trayectoria".
Un hombre de carácter
Leonardo Marcos González nació en Valderas, León, en 1958.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y completó el programa de Alta Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública.
Su carrera se ha desarrollado durante décadas dentro de los engranajes de la Administración.
Fue subdirector general de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Estadística y subdirector general de Posgrado y Doctorado en el Ministerio de Educación.
También pasó por la Inspección General de Servicios del Ministerio del Interior.
A esos puestos añadió una prolongada experiencia internacional como consejero de Información en las embajadas españolas de Argentina, China y Estados Unidos.
Su perfil combinaba así dos mundos: el del alto funcionario especializado en la gestión administrativa y el del responsable de comunicación encargado de controlar el relato político en destinos estratégicos.
Con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, Marcos dio el salto a la primera línea.
Las últimas directoras de la Guardia Civil, María Gámez y Mercedes González, junto al recién nombrado Leonardo Marcos y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En enero de 2020 fue nombrado director general de Protección Civil y Emergencias. Desde ese puesto tuvo que afrontar la pandemia de coronavirus, la borrasca Filomena, la erupción del volcán de La Palma y otras grandes emergencias.
El 13 de junio de 2023, el Consejo de Ministros aprobó su nombramiento como director general de la Guardia Civil, a propuesta conjunta de Interior y Defensa.
Sustituyó a Mercedes González, quien posteriormente mantendría "al menos tres reuniones" con Leire Díez.
"Él estaba más vinculado al entorno de Marlaska y ella al de Robles", explican fuentes del Instituto Armado. "Siempre ha estado muy cerca del PSOE y presionado políticamente".
Su llegada no despertó entusiasmo entre todos los sectores del Cuerpo.
Los mandos que coincidieron con él lo describen como una persona ajena a la cultura interna de la Guardia Civil. Un dirigente "prepotente", "poco dialogante" y, según las voces más críticas, de "actitud tiránica".
Uno de ellos llega a afirmar que se comportaba "como un general de otra época".
El malestar, sin embargo, no nació con las investigaciones sobre David Sánchez, Koldo García o Leire Díez. Venía de antes.
La herida de Barbate
La tragedia de Barbate marcó un punto de ruptura entre Leonardo Marcos y buena parte de los agentes.
El 9 de febrero de 2024, dos guardias civiles murieron después de que una narcolancha embistiera la pequeña embarcación desde la que participaban en un operativo contra el narcotráfico en el puerto gaditano.
Las imágenes provocaron una conmoción nacional y abrieron un debate sobre la escasez de medios con los que los agentes combatían a las organizaciones criminales del Estrecho.
En una entrevista publicada aquel mismo mes aseguró que no se habían detectado errores y que se habían movilizado los medios adecuados a las circunstancias.
El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.
Sus palabras indignaron a una parte del Cuerpo. "Fue la guinda del pastel", asegura uno de los mandos consultados. "Lo dijo con desparpajo y descaro. Nunca asumió responsabilidades".
Algunas fuentes creen que la presión provocada por Barbate, unida al desgaste derivado del caso Koldo y de las investigaciones sobre el entorno del Gobierno, terminó haciendo insostenible su continuidad al frente de la Guardia Civil.
La solución fue alejarlo del foco. No expulsarlo de la Administración ni relegarlo a un puesto secundario, sino devolverlo a una ciudad que ya conocía y a un ámbito en el que había trabajado durante años: la comunicación diplomática en Washington.
Para sus críticos, el movimiento fue una recompensa; para Marcos, una nueva etapa profesional.
Ahora, sin embargo, su destino en Estados Unidos no le libra de tener que explicar sus decisiones. El próximo 10 de septiembre deberá declarar ante Santiago Pedraz.