El Ministerio del Interior ha rechazado cambiar de puesto a una funcionaria de prisiones víctima de violencia de género, argumentando que no existe una necesidad urgente.
La funcionaria solicitó pasar del área administrativa a vigilancia interior en régimen de turnos, respaldada por informes de servicios especializados que recomendaban la medida para su seguridad y recuperación.
Interior fundamenta su negativa en la falta de razones excepcionales y de urgente necesidad, priorizando la organización de personal en el área de oficinas.
La afectada ha presentado un recurso de alzada y el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar ha trasladado el caso al Ministerio de Igualdad, denunciando que no se valoraron suficientemente los derechos de protección de la víctima.
El Ministerio del Interior ha rechazado cambiar de puesto a una funcionaria de Instituciones Penitenciarias que tiene acreditada su condición de víctima de violencia de género.
Según documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la negativa se produce a pesar de que la solicitud estaba respaldada por informes de servicios públicos especializados que relacionaban la medida con su seguridad y su recuperación psicológica.
La funcionaria de prisiones pidió pasar del área administrativa a un puesto de vigilancia interior en régimen de turnos. Lo que se conoce como una comisión de servicios.
Alegó que la alternancia horaria no respondía a una mera preferencia profesional, sino que una medida relacionada con su "seguridad personal" y "estabilidad emocional" al evitar "horarios fijos o fácilmente previsibles".
La Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, denegó la petición el pasado 30 de junio.
En el oficio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, asegura que valoró "la situación y motivación personal y profesional" expuesta por la trabajadora, pero concluye que su solicitud "no puede ser atendida".
Interior fundamenta su negativa en que no existen "razones de urgente e inaplazable necesidad" que justifiquen incrementar los efectivos en el servicio de vigilancia "en detrimento del Área de Oficinas", que, según el departamento, vería perjudicada su disponibilidad de personal.
El Ministerio añade que tampoco concurre "ninguna de las situaciones excepcionales" recogidas en la instrucción interna que regula las comisiones de servicio, "no habiendo motivación suficiente para admitir la petición formulada", concluye el documento firmado por el subdirector general de Recursos Humanos.
La Administración remite además a la funcionaria a las medidas generales de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y le indica que podrá participar en una futura convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo.
Recurso de alzada
La petición de la víctima estaba acompañada por informes emitidos por servicios públicos especializados en la atención a víctimas.
Uno de ellos recomendaba expresamente "mantener la turnicidad en el trabajo que lleva desempeñando estos años", al considerar que "por rutina y experiencia le favorece en sus procesos de recuperación".
La funcionaria ha presentado ahora un recurso de alzada ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Su defensa considera que Interior ha examinado el caso como si se tratase únicamente de una comisión de servicios ordinaria, sometida a las necesidades organizativas de la Administración, y no como una medida de movilidad protectora para una empleada pública víctima de violencia de género.
El recurso sostiene que el oficio es, en realidad, una "resolución expresa materialmente denegatoria", aunque haya sido denominado formalmente "oficio", porque decide de forma definitiva sobre la petición de la trabajadora.
La defensa reprocha también a Interior que la "invocación genérica de la disponibilidad de efectivos" no refleje una valoración concreta de los informes sociales y asistenciales aportados ni de la necesidad de mantener la turnicidad.
Según el recurso, la solicitud no podía analizarse "exclusivamente desde el régimen de las comisiones de servicios ordinarias" ni a partir de una instrucción interna concebida para cubrir necesidades urgentes de personal.
La trabajadora invoca el Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce derechos de movilidad a las funcionarias víctimas de violencia de género cuando resulten necesarios para su protección o asistencia social integral.
La impugnación añade que existen puestos vacantes y dotados presupuestariamente compatibles con su petición.
Por ello, solicita que se revoque la negativa y se le asigne un puesto en vigilancia interior o, subsidiariamente, cualquier destino que le permita conservar el régimen de turnos recomendado por los profesionales.
El sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar ha trasladado el caso al Ministerio de Igualdad y ha pedido su intervención.
En su escrito denuncia que Instituciones Penitenciarias utilizó "razones genéricas de organización del servicio" sin realizar "una ponderación efectiva de los derechos de protección reconocidos legalmente a la interesada".
La organización sostiene que estas medidas "no constituyen un beneficio graciable ni una facultad discrecional", sino "auténticos instrumentos de protección" destinados a preservar la seguridad de las víctimas y favorecer su recuperación.
También advierte de que la decisión puede proyectar un mensaje "profundamente desalentador" para otras empleadas públicas que se encuentren en situaciones similares.