El DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, justificó ante el Senado su directriz de frenar la proactividad de la UCO en investigaciones de corrupción, criticando la "vanidad" y el "exceso de protagonismo" de los agentes.
Llamas defendió que la instrucción de no ser proactivos buscaba evitar que la policía asuma el papel de los jueces en las pesquisas, y negó haber ordenado a la UCO "ponerse de perfil".
El DAO está investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia, y durante su comparecencia negó cualquier coacción del ministro Marlaska, a quien atribuyó solo un aviso sobre el impacto mediático de filtraciones.
Llamas rechazó dimitir pese a la presión judicial y política, argumentando que su permanencia es una cuestión de honor y coherencia con su inocencia.
Con semblante pétreo, el teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, ha comparecido este viernes ante la comisión de investigación del Senado que indaga sobre las ramificaciones del caso Koldo.
Su declaración se produjo apenas 24 horas después de comparecer en calidad de investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia en la Audiencia Nacional por el caso Leire y al mismo tiempo que la directora general de la Guardia Civil, su superior, declaraba ante el juez Santiago Pedraz.
Lejos de adoptar un tono de repliegue por su situación judicial, el alto cargo de la Guardia Civil lanzó un duro ataque contra el proceder de los investigadores de la UCO.
Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil, durante su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado.
Llamas ha justificado la directriz de frenar la iniciativa de los agentes contra la corrupción alegando que la excesiva proactividad policial termina por "robarle las investigaciones" a los jueces instructores.
El núcleo central de la comparecencia y de la estrategia de defensa del DAO ha girado en torno a la polémica instrucción de que la UCO "no fuese proactiva" y "se pusiera de perfil" ante las investigaciones de corrupción que afectaban al entorno del Ejecutivo.
Llamas ha querido marcar distancias con la expresión "ponerse de perfil" —atribuida a un encuentro en el que estaba presente el ex director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos—, asegurando que no se reconoce en esa frase.
Sobre la orden dada a la UCO de "no ser proactivos", el teniente general Llamas ha sugerido que los agentes de la UCO, a veces, sufren un afán de notoriedad que desvirtúa las reglas del sistema de instrucción judicial.
"En las reuniones de mando estoy cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional, su señoría, no nosotros; a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera una investigación, y a su vez en cuanto a los papeles o los roles", ha recalcado.
"¿Les dijo o no que no fuesen proactivos?", le insistieron los portavoces del Senado.
"No digo que no lo haya dicho, pero en el sentido que acabo de explicar: digo no proactividad, tóxica o supletoria, frente a quien tiene esa titularidad, que es el órgano jurisdiccional del juzgado. La verdadera proactividad la tiene el titular el juzgado".
Para ilustrar esta postura, Llamas ha evocado ante los senadores una anécdota de su etapa como jefe de la Jefatura de Policía Judicial. Relató que en sus primeros encuentros protocolarios con un fiscal, la principal queja de este fue que "la unidad adscrita que tenía iba por libre y por delante de lo que él ordenaba".
"Eso nos llevó a un enfrentamiento –admitió el DAO– porque no me pareció lógico, iba en contra de lo que yo preconizaba, que es ser auxiliares".
Esta doctrina de la "no proactividad" colisiona con la práctica habitual de la UCO, y tiene su traducción práctica en las pesquisas sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
En esa causa, los investigadores consideraron necesario solicitar el rastreo de correos corporativos para rellenar vacíos en el dossier una proactividad técnica que incluía comunicaciones de Begoña Gómez y que acabó costándoles la apertura de una información reservada y un expediente interno instigado por la propia cúpula operativa.
El DAO ha situado directamente en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el origen de la alerta que desencadenó las represalias internas contra el equipo del que forma parte el teniente coronel Antonio Balas.
El DAO, Manuel Llamas, a su entrada en la Audiencia Nacional.
Según ha relatado, el 4 de diciembre de 2024 recibió una llamada telefónica del ministro, molesto tras publicarse en la prensa un correo de la esposa del presidente. No obstante, Llamas ha tratado de exculpar al ministro de cualquier tipo de coacción, definiendo la llamada como un aviso.
"Me ponen en conocimiento de lo sucedido. La llamada del ministro lo único que hizo es darme una dimensión del alcance y del impacto que había tenido ese desliz por parte de los investigadores", ha explicado el teniente general.
Según su testimonio, el ministro le alertó del "efecto pernicioso" de la inclusión de los correos de Begoña Gómez: "Esos correos habían sido bombardeados, llenado sus buzones de entrada con contenido injurioso, pornográfico, hasta el punto de bloquear las cuentas porque era insoportable".
Llamas ha justificado la intervención de Marlaska: "No circunscriba la llamada del ministro. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría actuado de la misma manera. A mí el ministro no me conmina a hacer ninguna investigación".
En una dura confrontación con el senador de Vox Ángel Gordillo, quien le ha recordado que su imputación judicial parte de los testimonios incriminatorios de sus propios compañeros, Llamas ha optado por arremeter contra la credibilidad del general López Malo, insinuando que este cambió su testimonio para sumarse a las acusaciones lideradas por Yuste.
"El señor Yuste sí habla de ponerme de perfil", ha señalado Llamas, pero respecto al general López Malo, ha sugerido una presunta maniobra de contradicción procesal.
Según el DAO, López Malo declaró en sede policial el 7 de mayo afirmando que la reunión donde supuestamente se dio la orden de "ponerse de perfil" se convocó únicamente para coordinar turnos de vacaciones y acelerar informes.
Sin embargo, "al día siguiente pide una ampliación para alinearse con el texto y la versión del señor Yuste del día anterior, y ahí es donde dice lo de la proactividad".
La nota de despacho
La comparecencia también ha abordado la gestión de una nota informativa fechada el 29 de abril de 2025. Dicho informe alertaba de una campaña urdida por Leire Díez para desprestigiar a la UCO y tumbar las causas judiciales que acechaban al Ejecutivo.
A pesar de la gravedad de la alerta, el DAO y la Directora General, Mercedes González, retuvieron el documento y lo ocultaron a los investigadores de la UCO durante días.
Llamas ha relatado que abordó el informe el 5 de mayo de 2025 a solas con González.
"Yo le transmito, le participo, la existencia de una nota de despacho por la jefatura del servicio de información donde se cuenta una supuesta campaña de desprestigio contra la UCO y en ella se menciona a una serie de personas, una de ellas Leire Díez... y que lo conocía la directora".
Mercedes González entrando en la Audiencia Nacional.
González admitió su vinculación directa con la sospechosa de la trama: "Ella lee la nota, y ve que la señora Leire lidera eso, que ha hablado con el comandante Villalba, con gente de la empresa Hafesa, y que ella conoce de esos contactos".
Según el DAO, la directora intentó restar trascendencia al asunto aduciendo que la conocía de su etapa previa de delegada de Gobierno y que "recientemente la había visto".
La UCO no tuvo conocimiento de que la cúpula policial disponía de este aviso sobre su propia unidad hasta el 8 de mayo, cuando el general López Malo obtuvo una copia por vías externas y confrontó directamente al DAO.
La secuencia posterior bajo investigación apunta a un presunto encubrimiento: el 11 de mayo, Mercedes González activó el borrado automático de sus chats con Leire Díez y, apenas dos horas después, el propio Llamas ordenó abrir una investigación interna por filtraciones contra los mismos agentes de la UCO que destaparon la maniobra.
En su comparecencia ante el Senado, el teniente general Llamas justificó el retraso de seis días escudándose minuciosamente en el calendario de festivos.
El DAO argumentó que recibió el informe de inteligencia la tarde del 29 de abril de 2025 y lo despachó con el general de Información el día 30, pero que "detrás de eso vienen los días 1, 2, 3 y 4, los puentes de 1 y 2, festivo en Madrid", motivo por el cual no se lo entregó a la directora general hasta la mañana del lunes 5.
A esta excusa de la festividad sumó un viaje oficial a Zaragoza para justificar por qué no examinó la segunda nota de la Jefatura de Policía Judicial hasta el 8 de mayo, defendiendo secamente que no tenía "por qué trasladarlo" a la Fiscalía ni a la autoridad judicial a pesar de la gravedad de la conspiración para desprestigiar a los investigadores.
En la comisión del Senado, el senador del Partido Popular, José Antonio Monago, acusó directamente al DAO de abrir esta investigación reservada a toda prisa no para buscar la verdad, sino para iniciar una "caza de brujas" y amedrentar a la UCO justo en el momento en que los agentes habían descubierto la maniobra de ocultación de la cúpula y los vínculos de la directora general con la trama.
Informaciones reservadas
En su comparecencia, Llamas defendió la legalidad de los expedientes internos abiertos contra los investigadores y reveló que, desde el inicio de su mandato como Director Adjunto Operativo (DAO) en diciembre de 2023, ha ordenado un total de seis investigaciones internas.
La mitad de ellas, tres expedientes, afectaron directamente a la Unidad Central Operativa (UCO).
El teniente general argumentó que "una información reservada no se abre en relación a una falta concreta, sino en torno a unos hechos, sin tener que ir contra nadie".
Las preguntas de Monago se han centrado en el uso presuntamente instrumental de estas pesquisas para presionar a la UCO en las causas que salpican al entorno de Moncloa, desgranándose tres casos especialmente polémicos.
El primero, fechado el 4 de diciembre de 2024, se abrió a raíz de una llamada del ministro Marlaska por la filtración de correos de Begoña Gómez en el caso hermanísimo y concluyó con la amonestación por escrito de un agente de la UCO tras justificarse que la difusión de esos datos personales colapsó con spam injurioso los buzones de Presidencia.
El segundo expediente, del 12 de mayo de 2025, abierto tras salir a la luz mensajes entre Sánchez y Ábalos, fue clausurado de urgencia tras apenas 14 días de vigencia y sin tomar declaraciones.
Se cerró justo después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente amenazara con emprender acciones legales contra el DAO y el instructor si se forzaba a comparecer a los agentes.
Llamas, sin embargo, intentó desligar el archivo de esta advertencia del magistrado, afirmando en el Senado que "la decisión sobre cerrar esa información reservada se toma mucho antes".
El DAO insistió en que para entonces la causa ya estaba "materialmente muerta" tras conocerse que era José Luis Ábalos quien figuraba detrás de las informaciones.
Por último, se ha analizado la reservada del 21 de julio de 2025, redactada en origen por el propio Llamas pero firmada por la directora general Mercedes González para salvar el conflicto de intereses.
El teniente general explicó que "ese texto [...] lo hice yo para ser yo quien iba a ordenar la información reservada" tras publicarse un reportaje que le tachaba de "comisario político" y "peón de Marlaska" en medios de comunicación.
No obstante, admitió que "como podía deducirse que había un cierto conflicto de intereses" al ser parte afectada, "le pedí a la directora que fuera ella quien lo ordenara y, si cabía, la posibilidad de que me tomaran declaración", siendo este el motivo por el cual González "hace suyo el texto que yo le traslado para la orden de incoación de la información reservada".
"No voy a dimitir"
A pesar del cerco judicial por dos presuntos delitos graves de prevaricación y obstrucción a la justicia ante el juez Pedraz, y de la desconfianza instalada en el seno de la Guardia Civil, Manuel Llamas ha rechazado frontalmente cualquier posibilidad de dimisión para salvaguardar la neutralidad de la institución.
"Prueba de ello es que estoy en mi puesto de trabajo", ha aseverado ante la comisión.
El DAO ha negado que mantener su puesto sea deshonroso, asumiendo una postura de desafío frente a las acusaciones. "El cuestionamiento de mi honor está puesto en tela de juicios por parte de terceros, no por mí mismo [...] No voy a dimitir".
Preguntado sobre por qué no sigue el ejemplo de otros altos mandos que deciden apartarse de forma temporal para defenderse en los tribunales sin arrastrar a la institución, el general se ha negado escudándose en razones administrativas: "Si dimito, paso directamente a la condición de retirado y no podría tener posibilidad de ocupar el puesto".
El máximo jefe uniformado del cuerpo ha concluido que su atrincheramiento es una cuestión de amor propio frente al descrédito: "No lo hago por compensación ni por balance de equilibrios, lo hago por coherencia con mi situación real, que es la de inocente".