La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por la normativa del 'gran hermano turístico', impulsada por el ministro Marlaska.
La norma obliga a hoteles, agencias y empresas de alquiler a recopilar hasta 42 datos personales de los clientes y transferirlos a una base de datos gubernamental.
Bruselas considera que la cantidad y variedad de datos recogidos, así como su conservación durante tres años, vulneran la directiva europea de protección de datos.
El Gobierno español dispone de dos meses para responder a las objeciones de la Comisión, que podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE si no queda satisfecha.
La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este jueves un procedimiento de infracción contra España por el denominado 'gran hermano turístico', la normativa impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar hasta 42 campos de datos personales de sus clientes. Bruselas considera que este Real Decreto (933/2021) vulnera la legislación comunitaria en materia de protección de datos.
El expediente sancionador arranca con el envío de una carta de emplazamiento a Madrid en la que el Ejecutivo comunitario detalla sus objeciones a la norma. El Gobierno de Pedro Sánchez dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias detectadas.
Si las explicaciones no convencen a Bruselas, la Comisión podrá elevar la presión con un dictamen motivado y, en última instancia, llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La normativa en cuestión exige a los proveedores de alojamiento, las plataformas en línea y las empresas de alquiler de automóviles que recopilen, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada, accesible para las autoridades policiales.
A juicio de Bruselas, estas disposiciones "no cumplen los requisitos" de la directiva europea de protección de datos en el ámbito penal, que regula el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades policiales en el ejercicio de sus funciones y establece garantías para proteger el derecho fundamental a la protección de datos.
En particular, la Comisión Europea denuncia que "las categorías de datos personales recogidos y almacenados son excesivas, por la amplitud y variedad de los datos exigidos, entre ellos información sobre pagos y datos de geolocalización (GPS)".
Además, reprocha que el acceso de las autoridades policiales a esta base de datos "no se limita a fines específicos y claramente definidos", como exige la directiva. Finalmente, la Comisión también ve "desproporcionado" que las autoridades españolas conserven toda la información recopilada durante un periodo de tres años.
En una respuesta parlamentaria el año pasado, el comisario responsable de Transporte Sostenible y Turismo, el conservador griego Apostolos Tzitzikostas, ya anunció que Bruselas supervisará además los efectos del Decreto en la competitividad del sector turístico, teniendo en cuenta el objetivo de "evitar que se impongan cargas adicionales a las empresas de este sector".
"En general, la Comisión pretende reducir en la UE la carga administrativa de las empresas y simplificar los procedimientos, especialmente en el caso de las pymes, lo cual incluye a las empresas turísticas", resalta Tzitzikostas.