El auto del juez Leopoldo Puente justifica el registro en la casa de José Luis Ábalos al haber presentado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe, el pasado día 5 de junio, en el que se involucra al exministro en el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas.
El magistrado del Tribunal Supremo señala en esa resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que Ábalos participó en estos amaños, según "ciertas grabaciones" que han sido halladas en los dispositivos intervenidos a su exasesor, Koldo García.
La UCO ya mencionó estas grabaciones en el oficio que mandó al juez solicitando el registro. Según sostiene Puente ahora, en base a este dosier, Ábalos "podría haber venido a admitir" en dichos audios que amañó obras públicas a cambio de supuestas comisiones.
Por este motivo, el instructor del caso Ábalos ordenó que se registrara este martes la casa del exministro en Valencia. Se inspeccionó desde las siete de la mañana hasta el filo de las cinco de la tarde. La Fiscalía Anticorrupción había informado a favor de esta diligencia días atrás.
"Obra en el mencionado informe policial una concreta identificación indiciaria de las mencionadas obras, que pudieran haber resultado indebidamente adjudicadas con la participación de José Luis Ábalos", señala el magistrado Puente en el auto que ordena el registro.
"Dichas indebidas adjudicaciones se habrían producido como consecuencia de la eventualmente ilícita intervención de Ábalos", detalla.
"Obteniendo por ellas un determinado beneficio económico, tal y como él mismo (Ábalos) podría haber venido a admitir en determinados pasajes de las mencionadas conversaciones", indica, en alusión a los audios que fueron hallados en un disco duro de Koldo García.
Correos y mensajes
En su auto, el juez autoriza a los agentes a incautarse de "cuantos efectos electrónicos/informáticos, o cualquier otro tipo de efecto perteneciente al investigado se encuentren en la entrada y registro (...) o porten el mismo en el momento de la entrada".
En particular, el juez ha autorizado la intervención del smartphone del exministro. Del mismo modo, ha facultado a la UCO para visionar y clonar todas las comunicaciones privadas que localicen y que "pudieran estar relacionadas con los hechos investigados".
A su vez, los investigadores han podido acceder a la agenda de contactos de las cuentas de correo electrónico, así como el registro de llamadas, memoria del teléfono, aplicaciones de redes sociales y de mensajería instantánea, mensajes de texto y "cualquier otra práctica que pudiera ser relevante para la investigación" en torno al ex número dos del PSOE.
En el caso de los terminales de telefonía móvil, el juez del Supremo ha autorizado a que "el clonado" o "volcado" de los mismos. Además, según ha podido saber EL ESPAÑOL, los agentes de la UCO se han llevado tres agendas antiguas, en papel, propiedad de Ábalos.
A su vez, la UCO analizará las conversaciones mantenidas por el político en sus distintas cuentas de redes sociales, así como al contenido de las mismas.
Los investigadores también han sido autorizados a intervenir dinero en efectivo, divisas, bonos, certificados de acciones, de valores o de depósito, joyas o cualquier otro efecto o material que ponga en evidencia la comisión de los "delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias", entre otros. También, cajas de seguridad y criptoactivos.
El registro de la vivienda ha durado casi diez horas. Tanto es así que el exministro ha tenido que solicitar permiso a los agentes de la UCO para que uno de ellos le acompañase a sacar a pasear a su mascota, un pastor alemán. Y así ha sucedido.
Registros en Navarra
Los investigadores han entrado este martes también en la sede de Servinabar 2000, una de las empresas beneficiadas por los contratos públicos presuntamente amañados.
En enero de 2024 el Gobierno de Navarra anunció la adjudicación de las obras para duplicar el túnel de Belate.
La unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona, Osés Construcciones y Servinabar se llevó este contrato, por 76 millones de euros.
Ahora, Servinabar, con sede en el centro de Pamplona, está bajo la lupa de la UCO a raíz de dos denuncias sobre esa adjudicación. La unidad especializada de la Guardia Civil reclamó esta causa al entender que podía estar relacionada con las pesquisas del caso Ábalos.
Este registro pondría en el foco al actual número tres del PSOE, Santos Cerdán, sobre quien pesan las sospechas de haber presuntamente intermediado para la concesión de estas adjudicaciones.
Al mismo tiempo, este registro se produce a la espera del inminente informe de la UCO sobre las comunicaciones entre Koldo García y altos cargos del Gobierno y de Ferraz, entre los que está el diputado navarro.