Terremoto en la Policía: seis ex comisarios, al banquillo con Fernández Díaz por espiar a Bárcenas

Las imputaciones de 11 implicados en esta trama provocan nuevamente un terremoto en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía. Seis comisarios, dos inspectores jefe, un policía raso, un ministro y un secretario de Estado. Y los más preciados recursos de esta cartera clave al servicio, presuntamente, de la operación parapolicial orquestada para localizar la información relativa al PP que el extesorero ocultaba en alguna de sus propiedades. 

Según el juez instructor de la Operación Kitchen, Manuel García-Castellón, el SMS enviado por Fernández Díaz a su subordinado el 18 de octubre de 2013 implica que la operación ilegal fue un éxito.

Gracias a la ayuda del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, el equipo policial coordinado por el comisario José Manuel Villarejo logró acceder al "zulo", un doble fondo de un armario en un local comercial de la calle General Díez Porlier, en el que el tesorero del PP había ocultado los dispositivos electrónicos con las pruebas (dos teléfonos móviles iPhone y una tableta iPad).

La marea ha llegado ahora hasta el ex ministro Jorge Fernández Díaz, pero ni un milímetro más, pues el juez no ha hallado pruebas para imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, como reclamaba la Fiscalía.

El que fue titular de la cartera de Interior en los primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy se convierte así en el cortafuegos, el máximo responsable de la trama Kitchen, puesta en marcha desde su departamento, usando fondos reservados, para evitar que las supuestas pruebas de la financiación irregular del PP llegaran a la Justicia.

En el auto de apertura de procedimiento abreviado dictado este jueves, el magistrado Manuel García-Castellón imputa a buena parte de la cúpula policial de Interior durante la etapa del Gobierno de Rajoy.

Además da a Jorge Fernández Díaz y su número 2, el secretario de Estado Francisco Martínez, el juez instructor señala al entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, sus dos estrechos colaboradores (José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez), a los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera (que era jefe de la UDEF), Marcelino Martín Blas (ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos), Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo y al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Estos son sus perfiles.

Eugenio Pino

El entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, elegido por el PP, ya está jubilado del cuerpo. Fue este comisario, sostiene el magistrado, quien recibió el encargo de la cúpula de Interior y transmitió a Villarejo la necesidad de orquestar aquella operación. Tanto a él como a Enrique García Castaño les solicitó que desarrollasen una serie de labores operativas con el fin de ganarse la confianza  del chófer de los Bárcenas, y así introducir un topo en la familia con el fin de localizar los documentos comprometedores para el PP.

Pino contaba en la DAO con dos personas de máxima confianza: Miguel Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. Ambos habrían tenido, según el juez, pleno conocimiento de la puesta en marcha del plan. 

Pino tenía además conocimiento de los pagos de 2.000 euros al mes que se le empezaron a realizar al chófer de los Bárcenas. Esa irregularidad la había autorizado él mismo "verbalmente".  

José Manuel Villarejo

El comisario jubilado es el principal investigado de la macrocausa Tándem. Tras décadas compaginando su cargo en la Policía Nacional con turbios asuntos, recibió el encargo de iniciar la operación de espionaje a los Bárcenas. La finalidad que le guiaba no era otra que la de incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal.

El juez apunta que Villarejo se dedicaba a extorsionar o a presionar con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela.

Villarejo siempre ha indicado que la operación contaba con el conocimiento de sus superiores en el ministerio. También apuntaba más arriba, a la cúpula del PP como la presunta cabeza pensante de la trama. A Rajoy él y sus colaboradores le llamaban "El Barbas", y siempre ha defendido ante el magistrado tener línea directa con el presidente del Gobierno. También con María Dolores de Cospedal. En resumen, con las altas instancias de Génova 13. 

El entonces comisario, junto con algunos de sus colaboradores, llevó a cabo una serie de acciones con el fin de acceder a un local en el que Bárcenas ocultaba documentación personal "con la finalidad de distraerla de la investigación" de la trama de los Papeles de Bárcenas. Él y los suyos, a instancias de sus superiores, intentaron que aquel material nunca llegase a manos del juez Pablo Ruz. 

José Luis Olivera

También comisario, ex director del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), Olivera era el máximo responsable policial de las investigaciones sobre la trama Gürtel, que afectaba directamente al Partido Popular. 

También él, dice García-Castellón, tenía pleno conocimiento de esta operación, "de su ilicitud y del empleo de fondos reservados" para pagarle al chófer por sus servicios. El entonces jefe de la UDEF trató también de persuadir al inspector Manuel Morocho, uno de sus subordinados, el responsable policial de la investigación sobre la financiación ilegal del PP, para que cambiase de destino. 

En julio de 2018 pasó a formar parte del Consejo Asesor del Cuerpo Nacional de Policía. En octubre de 2019 solicitó una excedencia tras ser fichado como gestor de riesgos en el área de seguridad de la Federación Española de Fútbol, cargo que ocupa en la actualidad. Tal y como declaró Morocho, Olivera le sedujo en aquella época con jugosos destinos, como Lisboa, y suculentos salarios. 

La gota que ha colmó el vaso fue el testimonio de Morocho en la Audiencia Nacional. Aseguró que en el verano de 2013 se reunió en una cafetería con él. Mientras Olivera le ofrecía atractivos destinos bien remunerados, el comisario recibió una llamada en el móvil, que atendió. Morocho le oyó decir "Sí, ministro, estoy con él".

Marcelino Martín Blas

El comisario también jubilado a día de hoy, en la primera fase de Kitchen, dice el juez, ostentaba el mando de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), bajo el mando del Comisario de la Unidad en aquellas fechas.

Dice García-Castellón que Martín Blas "sabría de los verdaderos objetivos de la operación y habría dispuesto de fondos reservados autorizados para uso de la Unidad de Asuntos Internos para el pago del colaborador Sergio Ríos Esgueva" y que se los entregaba "sin ningún control ni resguardo documental" a Villarejo.

Posteriormente, Martín Blas abandonó la UAI dando paso a Enrique García Castaño. Fue él quien encomendó a la Unidad Especial de Seguimientos de la UCAO las vigilancias y los seguimientos de las personas y lugares facilitados por el chófer. 

Enrique García Castaño

El comisario Enrique García Castaño era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información de la Policía. Según los testimonios recogidos por el juez, fue el encargado de poner en marcha los seguimientos en torno a Rosalía Iglesias mientras su marido, Luis Bárcenas, permanecía en la cárcel. Para ello, aseguró a los agentes de la UCAO que el objetivo de la operación era descubrir el paradero del dinero que ocultaba Bárcenas.

Ya en su primera declaración ante el juez, el 17 de enero de 2918, García Castaño reconoció que esta misión le fue encomendada por el DAO Eugenio Pino, mientras los comisarios José Villarejo y Andrés Gómez Gordo se mantenían en contacto permanente con el topo Sergio Ríos para obtener información

Andrés Gómez Gordo

El comisario Andrés Gómez Gordo, todavía en activo en la comisaría de Villa de Vallecas, colaboró con Villarejo para captar el chófer de Rosalía Iglesias, Sergio Ríos, como topo. Como ha informado EL ESPAÑOL, Gómez Gordo también está imputado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por el agujero de más de 40 millones de euros detectado en la Ciudad de la Justicia de Madrid, de la que fue jefe de seguridad.

En dicho cargo, Gómez Gordo se embolsó más de 195.000 euros de sueldo e indemnización en dos años y fue el responsable de dos concursos públicos en los que el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades. Luego María Dolores de Cospedal lo fichó como director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha (entre 2011 y 2015).

José Ángel Fuentes Gago

El inspector jefe, según entiende el juez, actuaba como la "mano derecha" del DAO Eugenio Pino en el período en el que se desplegó la operación de espionaje.

"Pudo tener conocimiento de lo que se estaba realizando y de cómo se estaba pagando al colaborador", dice, refiriéndose al chófer.

Bonifacio Díez Sevillano

Pino contaba, además de Fuentes Gago, con otra persona de "máxima confianza" en las altas esferas de la Policía Nacional. Esa persona era el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.

También él habría tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha y ejecución de la llamada Operación Kitchen. También era consciente "de su carácter ilícito", y que el objetivo último era sustraer pruebas de un procedimiento judicial.

Conocía también que se estaban empleando para ello los fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían, de ese modo, desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso.

Sergio Ríos

El chófer de Rosalía Iglesias, Sergio Ríos Esgueva, cobró 2.000 euros al mes de los fondos reservados para intentar descubrir dónde ocultaba Bárcenas la documentación sobre la financiación ilegal del PP. Se reunía periódicamente con Villarejo para informarle de todos los movimientos de Rosalía Iglesias: con quien se reunía, sus conversaciones telefónicas, las confidencias que le hacía sobre el estado de su marido en prisión. 

El comisario jubilado conservó en su mansión de Boadilla del Monte numerosos justificantes de los pagos de fondos reservados, firmados por el propio chófer. Cumplida esta misión, el Ministerio de Interior le habría facilitado a Sergio Ríos la admisión a las pruebas para ingresar como funcionario en el Cuerpo Superior de Policía. Para ello fue precisa la colaboración del secretario de Estado Francisco Martínez, anota el juez instructor.

Tras superar el curso de Policía, Sergio Ríos fue destinado primero a la Comisaría de Distrito de Moncloa en fase de prácticas, luego a la Unidad de Extranjería y Documentación en fecha y, desde junio de 2017, a la Brigada Móvil, dependiente de la Jefatura de Unidades Especiales de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en comisión de destino.

Francisco Martínez

El ex secretario de Estado Francisco Martínez acudió en octubre de 2019 a una notaría de Madrid para protocolizar varios SMS recibidos en su teléfono móvil. Esta se ha convertido en la principal prueba de cargo contra Fernández Díaz, aunque negase ante el juez ser el autor de los mensajes.

"El asunto que investiga la Audiencia Nacional (al margen de que sea un disparate lo que están publicando los medios) no fue iniciativa mía, sino todo lo contrario", confesó Francisco Martínez a una conocida. "Recibí instrucciones muy concretas (las primeras el 13/07/2013) y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información".

"Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia", añadió. El juez instructor anota estas palabras como una suerte de confesión: el exsecretario de Estado de Seguridad no estaba dispuesto a asumir ante la Justicia toda la responsabilidad de su actuación ilegal, ya que cumplía órdenes "muy concretas" del ministro.

Según el magistrado, Francisco Martínez asumió la coordinación de la operación ilegal de espionaje, que encomendó al entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino.

García-Castellón también achaca al exsecretario de Estado haber autorizado de forma irregular los fondos reservados para pagar pagar al chófer Sergio Ríos (que actuaba como topo captado por Villarejo) 2.000 euros al mes, además de comprarle una pistola y un ordenador, en el que debía volcar la información obtenida ilícitamente.