El juez que investiga si Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, accedió a España con documentación falsa, acaba de dar un plazo de siete días al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exteriores para que remitan todos los documentos y comunicaciones, las llamadas telefónicas y los mensajes, que puedan identificar a las personas que dieron la orden de introducir en España al mandatario saharaui sin pasar por el control fronterizo.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, en una providencia a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, exige a ambos ministerios la identidad, "indicando nombre y apellidos, de las personas", que desde ambas instancias hubiesen intervenido en las comunicaciones entre Asuntos Exteriores y el Estado Mayor del Ejército del Aire, y entre éste y el general de la Base Aérea de Zaragoza, donde aterrizó el avión argelino que trajo a Ghali.

De ese modo, el magistrado que indaga en la denuncia presentada por el abogado Antonio Urdiales, pretende dilucidar quiénes, en qué términos y bajo la dirección de quién dieron la orden de que no se le exigiera la documentación al líder del Frente Polisario, lo que posibilitó que atravesara el control fronterizo de manera presuntamente irregular, como ya ha revelado EL ESPAÑOL.

El general jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz-Cañavate, ya aseguró al magistrado que aquel 18 de abril recibieron una orden por vía telefónica procedente del Estado Mayor del Ejército del Aire según la cual el avión no debía pasar el control de pasaportes, ni tampoco la aduana.

En esa misma respuesta, tal y como reveló hace semanas EL ESPAÑOL, el general iba más allá y detallaba cómo fue el ministerio dirigido por Arancha González Laya el que dio directamente la orden a Defensa de que Ghali entrara en España sin identificarse, saltándose el protocolo establecido por el Ejército del Aire.

Eso explicaría que ni en Defensa ni en la base de Zaragoza se supiera quién iba en aquel avión, dado que no se identificó a sus ocupantes.

El jefe de la Base de Zaragoza aseguraba también en su respuesta al juez que a día de hoy no puede informar del nombre de los pasajeros que viajaban en el avión, puesto que "no se solicitaron los pasaportes".

La base Aérea de Zaragoza dispone de un Procedimiento Operativo según el cual todas las aeronaves extranjeras procedentes de países de fuera de la Zona Schengen que aterricen en ella, deben pasar el control de pasaportes y someterse a la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Esta norma está basada en una Instrucción General del Estado Mayor del Ejército del Aire. Sin embargo, en este caso, el jefe de la base asegura que no se siguió el procedimiento habitual "debido a la orden recibida del Estado mayor del Ejército del Aire".

Las nuevas diligencias

Como ya adelantó EL ESPAÑOL, el Ministerio de Asuntos Exteriores vulneró sus propias normas al colar a Ghali en España en secreto. La "Guía práctica para el personal diplomático acreditado en España", publicada por Exteriores en 2017, establece en su apartado 2.2.5 que "los miembros de las misiones diplomáticas" deberán identificarse en el control fronterizo con su pasaporte y su tarjeta de identificación y acreditación en vigor, al entrar o salir en España.

El magistrado exige ahora conocer si se incoó algún expediente administrativo a raíz de las instrucciones recibidas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación a la llegada a la Base Aérea de Zaragoza del vuelo procedente de Argelia en el que viajaba una persona con pasaporte diplomático argelino, presuntamente, el pasado 18 de abril de 2021, a las 19:25 horas.

En caso de no haberse formado expediente administrativo alguno con respecto a dicha llegada, el juez quiere saber si todas las comunicaciones con Asuntos Exteriores se realizaron telefónicamente o por el contrario existen documentos relacionados con lo ocurrido. En caso de que fuera así, el magistrado quiere que se los remitan desde uno y otro ministerio en el plazo de una semana.

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