La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 21 años y medio de cárcel para el sobino político de María Dolores de Cospedal, José Herrero de Egaña, como autor de los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación, blanqueo, falsedad documental y corrupción en transacciones internacionales en el llamado caso Mercasa.

En su escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía considera probado que Herrero de Egaña cobró a través de su compañía Tuy Cincuenta SL una comisión de dos millones de euros de la empresa pública Mercasa, por la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola).

Por este motivo, Anticorrupción también pide que se imponga al sobrino de Cospedal una multa de seis millones de euros y el decomiso de los dos millones que cobró ilícitamente, así como una multa de 33,3 millones millones y el decomiso de otros 11,1 millones a su empresa Tuy Cincuenta. En total, José Herrero tendrá que hacer frente al pago de 52,2 millones de euros, si prospera la petición de la Fiscalía.

Desfalco de Defex

El Gobierno de Angola adjudicó en 2006 la construcción del mercado mayorista de Luanda a un consorcio encabezado por la empresa pública española Mercasa (que depende de la SEPI) junto a dos socios privados: Incatema (la consultora de los hermanos Pardo de Santayana, que afrontan penas de 15 años y medio de cárcel) e Ibadesa (la sociedad del sobrino de Cospedal, que luego sustituyó por Tuy Cincuenta).

A través de sucesivos contratos, el presupuesto del mercado de Luanda se disparó hasta cerca de 500 millones de dólares, si bien el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) sólo llegó a cobrar 200 millones. Quince años después de la adjudicación del proyecto "llave en mano", el mercado mayorista sigue sin poder funcionar, pues carece de infraestructuras básicas. Pese a la multimillonaria inversión, sólo abre sus puertas un día a la semana como mercadillo de agricultores.

La instrucción dirigida por el juez José de la Mata ha acreditado que el consorcio español pagó más de 20 millones de euros en comisiones, canalizadas a través de tres sociedades del portugués Guilherme Taveira, que no se sentará en el banquillo porque permanece protegido por el Gobierno de Angola, que ha rechazado responder a todas las comisiones rogatorias enviadas por la Audiencia Nacional.

Angola protege a Taveira

Parte de las comisiones canalizadas por Taveira acabaron en manos de altos cargos del Gobierno de Angola y de una fundación vinculada al entonces presidente José Eduardo dos Santos. Taveira también está buscado por la Justicia española por su implicación en el desfalco de más de 100 millones de euros en la venta de armas de la empresa pública Defex. Desde aquella estapa, el comisionista portugués mantenía estrechos vínculos con agentes del antiguo Cesid (el actual Centro Nacional de Inteligencia).

Guilherme Taveira (primero a la izquierda) en la Feria de Luanda en 2013. EFE

La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que declare en el juicio como testigo la abogada del Estado Macarena Olona (actual diputada de Vox), quien en su informe dirigido al instructor sostuvo que todos los presidentes que ha tenido Mercasa desde el año 2000 conocían el pago de comisiones en países como Angola (la primera pieza separada que pasará a juicio oral), República Dominicana, Nicaragua y Argentina.

Pese a ello, Anticorrupción no ha presentado cargos contra Eduardo Ameijide, que presidió Mercasa entre 2012 y 2017. En cambio, reclama penas de 25 años de cárcel para cuatro exaltos cargos de Mercasa que presidieron el consorcio: los abogados del Estado Arturo Cortés (2006-2008) y María Jesús Prieto (2008-2011), Álvaro Curiel (2011-2012) y Miguel Ramírez (2012-2017). Todos ellos, acusados de los presuntos delitos de organización criminal, malversación, falsedad documental y corrupción en transacciones internacionales.

Corrupción transversal

Álvaro Curiel se había incorporado a Mercasa como director financiero en 2007, tras ser jefe de compras en La Moncloa durante la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, al que le unía una estrecha amistad. En la actualidad, ocupa un puesto directivo en Mercamadrid bajo la dirección de David Chica. También llegó a Mercasa en la etapa de Zapatero el matrimonio formado por Arturo Cortés y María Jesús Prieto: ambos se sucedieron al frente de los servicios jurídicos de Mercasa y luego en la presidencia del consorcio.

Tras la victoria electoral de Mariano Rajoy en noviembre de 2011, el entonces ministro de Agricultura Arias Cañete (2011-2014) pretendía colocar en la presidencia de Mercasa al ex diputado del PP por Albacete Miguel Ramírez (que ya había sido presidente ejecutivo de la empresa pública bajo el Gobierno de Aznar). Pero finalmente Cañete optó por Eduardo Ameijide, un hombre próximo al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Ramírez se convirtió entonces en número 2 de Mercasa y presidente del consorcio.

De este modo, la corrupción en el consorcio internacional CMIC liderado por Mercasa se convirtió en un asunto transversal: se puso en marcha durante el Gobierno de Aznar, continuó con el de Zapatero y estalló con el de Rajoy. Como presidente del consorcio, Miguel Ramírez ordenó continuar con los pagos a Taveira, cuando ya había trascendido que estaba en busca y captura por el desfalco de Defex.

Billetes en cajas de galletas

Pero no sólo Taveira cobró comisiones. La instrucción dirigida por el juez José de la Mata ha permitido constatar que el consorcio pagó, por la ejecución del proyecto de Angola, una comisión del 2% a Incatema (la empresa de los hermanos Marta, Javier y José Manuel Pardo de Santayana) y del 1% a Tuy Cincuenta, la sociedad de José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro.

La investigación interna desarrollada por la abogada del Estado Macarena Olona también sacó a la luz un correo electrónico del 7 de septiembre de 2010, en el que el director general de Mercasa Armando Andrade advertía a Álvaro Curiel de los "actos de malversación, gestión dañosa y corrupción" en el negocio de Angola y aludía al "episodio de los USD [dólares] entregados en Luanda y luego recogidos en Lisboa a los formandos que se desplazaron a Madrid, las cajas de galletas llenas de billetes entregados a Cruz Neto en las cuatro Naves (en el maletero de su coche), los muebles de su casa, los regalos, etc”

El mensaje aludía al entonces ministro de Comercio de Angola Manuel da Cruz Neto, que presuntamente recibió parte de las comisiones abonadas a través de Taveira. A la espera de que la pieza de Angola pase a juicio oral, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sigue adelante ahora con la investigación sobre las irregularidades de Mercasa en países como República Dominicana y Nicaragua.

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