El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este miércoles la falta de recursos materiales y humanos que sufren los agentes destinados a la lucha contra la violencia de género en las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

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Hasta el punto de que, según denuncia el SUP, numerosos agentes encargados de la protección de víctimas de violencia de género que además atienden el teléfono 24 horas de asistencia a estas víctimas, acaban pidiendo el traslado a otro destino debido a la excesiva carga de trabajo que tienen que afrontar.

Las cifras son reveladoras: en Canarias, cada agente de Policía Nacional destinado a la UFAM tiene que asumir el control de hasta 200 mujeres. La proporción es de un policía por cada 120 mujeres en Alicante, 80 en Granada y 70 en Valencia.

21 mujeres asesinadas este año

El Sindicato Unificado de Policía ha advertido en una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es indispensable dotar una participa presupuestaria extraordinaria para ampliar las plantillas de este servicio: los agentes se ven desbordados por el exceso trabajo y la atención del teléfono de 24 horas a menudo luego no puede ser compensada con días libres por falta de personal.

Los agentes también echan en falta una mayor formación psicológica para poder afrontar las situaciones extremas que con frecuencia encuentran en la labor de proteger a las mujeres maltratadas.

Durante los seis primeros meses de 2021, un total de 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La cifra fue de 45 víctimas morales en 2020 (cuando se redujeron las muertes coincidiendo con los meses de confinamiento y pandemia), 55 en 2019 y un total de 51 el año anterior, según la estadística elaborada por el Ministerio de Igualdad.

Órdenes de alejamiento

Los tribunales tramitaron el año pasado 35.860 solicitudes de medidas de protección para víctimas de violencia de género, de las cuales fueron adoptadas 25.289 (más del 70%). En cambio, los jueces denegaron otras 10.329 (el 28,8%) por considerar que no se ajustaban a las circunstancias previstas en la Ley.

De la cifra total de solicitudes, el 63,7% correspondía a mujeres de nacionalidad española, el 32% eran mujeres extranjeras y sólo en el 1,7% de los casos la víctima era menor de edad, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Del número total de órdenes de protección dictadas por los jueces, 770 supusieron la privación de libertad del agresor, 2.268 su salida obligada del domicilio familiar y en 17.698 ocasiones se impuso al hombre denunciado una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima.