Una bancada azul, la del Gobierno, vacía. Una ministra, la de Igualdad, en la tribuna de oradores. Una ley en discusión presentada por dos grupos minoritarios, ERC y el Grupo Plural, que pretende puentear otra en el mismo sentido del Gobierno y ante la que uno de los miembros de la coalición, el PSOE, se abstiene, mientras que el socio minoritario, Unidas Podemos, vota a favor. Y por si fuera poco, Irene Montero pidiendo perdón por el retraso de la iniciativa del Ejecutivo y culpando del mismo a los socialistas.

"No he sabido convencer a la otra parte del Gobierno" concluía, entre vítores de lo suyos y los independentistas catalanes, puestos en pie para ovacionarla, y un riguroso silencio en los escaños socialistas.

Es la síntesis de lo vivido poco después de las cinco de la tarde de este martes en el Congreso a cuenta de la Ley Trans, que pone una vez más de manifiesto la brecha cada vez más grande que sobre esta materia, y en concreto sobre la llamada autodeterminación de género, hay entre PSOE y Podemos. Para ser más precisos aún, entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministerio de Igualdad.

Montero, que no tenía obligación de intervenir en el debate pero decidía hacerlo de manera "inusual", como ella misma admitía, mostraba su compromiso de que esa norma termine viendo la luz esta misma legislatura. La proposición de Ley de ERC y el Plural (en el que se encuentran, entre otros, e Íñigo Errejón) no salía adelante, precisamente por la abstención de los socialistas, decisiva en este caso.

"Ellos, ellas, elles"

La titular de Igualdad pedía "perdón a las personas trans" porque, decía, "soy consciente de que este debate tendría que haber llegado a esta cámara por parte del Gobierno, y no lo he conseguido, y quiero pedirles perdón". Montero, por momentos emocionada, afirmaba que "tenemos una deuda con ellos, con ellas, con elles, y vamos a saldar esa deuda, aunque no sea tan pronto como a mí me gustaría".

En un inequívoco dardo al PSOE y a Calvo, ausente del Hemiciclo, Montero aseguraba que la Ley de los grupos minoritarios "por no decir la misma" a la que su ministerio ha elaborado, pero incluso con "mejoras" que la harían más idónea.

Nada que ver con el diagnóstico de los socialistas, que en línea con lo que piensa la vicepresidenta, creen que ambas normas tienen importantes lagunas, y que la cuestión de la autodeterminación de género, que afecta al registro civil y por lo tanto entra en el terreno del , necesita de un ajuste jurídico muy fino. Más aún teniendo en cuenta, insisten tanto desde Moncloa como desde el Grupo Socialista, que es previsible un recurso contra la norma de los grupos del centroderecha. 

"La leyes no son manifiestos" decía de manera gráfica en su turno durante el debate la diputada socialista Susana Ros. En parecidos términos se había pronunciado horas antes, en la habitual rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto de los socialistas, Rafael Simancas, quien aseguraba sobre la propuesta que "el contenido es mejorable respecto de la seguridad y garantía jurídica".

Fuentes socialistas insisten en que la cuestión del registro es muy delicada y que allí no se puede acudir a "expresar deseos" sino, argumentan, "a constatar hechos, como los de un nacimiento". 

Una posición a la que la propia Montero daba réplica desde la tribuna, asegurando que los términos de la norma obtuvieron el "consenso unánime" del Congreso en 2019. "Es difícil de creer, señoría, que una ley que tenía seguridad jurídica en el año 2019 no la tenga en el año 2021" concluía al respecto. 

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