Las pesquisas policiales que tratan de identificar a los autores de las amenazas recibidas en forma de balas por distintos miembros del Gobierno durante la pasada campaña electoral madrileña se encuentran en punto muerto.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL a través de fuentes próximas a la investigación, tres semanas después de conocerse los hechos, los agentes que indagan en el origen de los sobres remitidos a las autoridades han perdido el rastro.

Por el momento no logran tirar de un hilo que les lleve hasta los autores. De las siete amenazas recibidas, tan solo se ha localizado a la persona con problemas mentales que rubricó con su propio nombre el sobre en el que envió una navaja a la ministra de Industria.

El 22 de abril, Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, informó que había recibido una carta con "amenazas de muerte" y un sobre con cuatro balas de Cetme.

Ese mismo día se conoció que también le habían llegado misivas de características similares a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. La de Marlaska llevaba dos proyectiles dentro, y la de Gámez, uno.

Días después se conocieron cuatro episodios más: el primero, el cuchillo ensangrentado dirigido a Reyes Maroto. El segundo, otra misiva dirigida a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid que detectaron los Mossos d'Esquadra detectaron después.

Apareció una tercera carta con amenazas, destinada nuevamente a Pablo Iglesias. Por último, otro sobre apareció a nombre del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Todos esos envíos contenían balas en su interior.

Compleja investigación

Desde entonces, la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan los hechos analizando al milímetro todas las pistas. Saben que las primeras cartas de la secuencia de amenazas llevaban el matasellos del lunes 19 de abril. Saben que un trabajador de Correos las recogió junto a otros envíos y llegaron después al Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Vallecas (Madrid).

Saben también que se envió desde un buzón en ese barrio, pero ahí, aunque llevan semanas repasando y verificando las grabaciones de seguridad y los repetidores de telefonía de la zona, es donde por el momento no logran avanzar. 

Se trata de una investigación compleja en la que los agentes se están volcando, de momento de manera infructuosa. Lo hacen, según apuntan en Interior, "con la misma dedicación y entrega que ponen ante cualquier presunto delito cometido contra cualquier ciudadano".

Por ahora, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, no se habrían hallado rastros de ADN en las cartas o en los proyectiles, cuyo número de serie también han analizado los agentes de manera minuciosa.

En total, se enviaron 15 balas de 4 tipos distintos, lo que lleva a pensar a los investigadores que habría más de una persona tras los envíos.

La principal hipótesis es que detrás de los tres primeros, a Marlaska, Gámez e Iglesias, hubiera un mismo autor. Todas las balas eran del calibre 7,62. Luego hubo otras dos de 9 milímetros (dirigadas a Ayuso), tres del calibre 22 (en la segunda carta a Iglesias) y otras dos del calibre 38 (remitidas a Zapatero). 

Más escoltas

Tras conocerse las primeras amenazas, la vicepresidenta Carmen Calvo las condenó tildando de "inadmisible que esto se produzca en una democracia". Sin citar expresamente a la extrema derecha de Vox, aseguró que le resultaba "muy preocupante el discurso del odio y la violencia que algunos han instalado en nuestra sociedad".

Los afectados denunciaron los hechos en las redes sociales y las televisiones e intensificaron el mensaje de la campaña, aseverando que lo que se jugaba en Madrid era la democracia.Esta clase de declaraciones fueron remitiendo en el mismo momento en que se supo que la carta a Reyes Maroto la había remitido una persona con problemas mentales. 

Tras diversas consultas de EL ESPAÑOL, múltiples fuentes de la Benemérita y de la Policía Nacional -algunas de ellas con décadas de experiencia en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo- llegaron a alertar sobre el peligroso "efecto llamada" que se podía generar a raíz de conocerse la sucesión de amenazas a distintos representantes políticos.

Estas circunstancias añadieron un gran nivel de tensión a la campaña del 4 de mayo. Las amenazas propiciaron que el Ministerio del Interior se replantease los dispositivos de seguridad de cada uno de los candidatos.

Desde entonces se incrementaron los controles de acceso a recintos como el Palacio de la Moncloa. Se han revisado también los arcos de seguridad y los detectores de metales de diversas dependencias a través de una adjudicación pública que figura en el Portal de Contratación. 

Es la otra lectura de lo ocurrido: los investigadores quieren saber qué falló en los controles de seguridad y qué ha de hacerse para que paquetes de esas características no acaben en la mesa de altos cargos del Estado. Fuentes policiales aseguran que todos los protocolos están siendo revisados a fin de establecer qué es preciso mejorar.

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