De una u otra manera, antes o después, la fiscalidad aparece en la política madrileña, más aún a las puertas de una cita electoral tan crucial como la de los comicios autonómicos del próximo 4 de mayo. Aunque más en concreto lo que se refiere a los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Los mismos a los que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refería el pasado lunes como las figuras tributarias "vinculadas a la riqueza".
Un aserto, confirmado al día siguiente por el propio Pedro Sánchez, que ha supuesto un aldabonazo en la campaña del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y a su pretensión de congelar por lo menos hasta 2023, cuando los madrileños tendrán que volver a las urnas, cualquier modificación de las políticas fiscales. En esa 'piedra fiscal' en la que tropieza ahora Gabilondo, y que puede perseguirle de aquí al día de las elecciones que se celebran en veinte días, ya tropezó Ciudadanos en 2015.
El partido naranja, cuyo candidato era entonces, por primera vez, el hoy ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no pudo quitarse el sambenito de ser una formación que defendía recuperar el impuesto de sucesiones, bonificado por los gobiernos del PP en Madrid casi al 100%, lo que supone su supresión de facto.
Aguado y Ayuso, en una imagen de archivo.
La propuesta del partido liderado entonces por Albert Rivera era recuperar ese impuesto a partir del millón de euros de patrimonio, excluido del mismo la vivienda habitual y/o la empresa familiar. Según los cálculos que hacía entonces el partido naranja, por encima de ese límite se tributaría, como mucho, un 4%. Todo ello dentro de una filosofía general, igual que la esgrimida ahora por el Gobierno Sánchez, de armonizar los impuestos entre las distintas comunidades autónomas.
Pero quienes participaron en aquella campaña están convencidos de que eso les penalizó electoralmente frente a la entonces candidata del PP, Cristina Cifuentes, que luego sería investida merced a un acuerdo con el propio Aguado, quien rechazó entonces entrar en el Gobierno.
Tanto que ese aspecto desapareció de su propuesta en 2019, cuando los liberales lograron un histórico resultado, con casi el 20% de los votos y siendo la tercera fuerza de la Asamblea de Vallecas, que no en vano les llevó a sentarse en el gobierno de Sol junto a Isabel Díaz Ayuso.
Cuando el PSOE rechazaba Patrimonio
Pero no siempre el PSOE hizo una cuasi enmienda a la totalidad a las políticas fiscales de las que blasona el PP, singularmente en la Comunidad de Madrid.
El mismo José Luis Rodríguez Zapatero, al final de su primer mandato, en noviembre de 2007, se descolgó proponiendo la supresión del impuesto de Patrimonio, al que también se oponía con vehemencia el entonces líder de los socialistas madrileños y de la oposición a Esperanza Aguirre, Tomás Gómez.
En un desayuno informativo organizado por The Economist en aquella ocasión, Zapatero lanzó una dura diatriba contra ese impuesto, que a juicio del entonces jefe del Ejecutivo se había convertido "en un tributo que recae sobre las clases medias, pero no sobre las más altas, que encuentran diversos instrumentos y fáciles mecanismos de elusión".
Zapatero y Tomás Gómez, en una imagen de 2007.
Meses después, en marzo de 2008, Zapatero revalidó su mandato tras vencer por segunda vez a Mariano Rajoy y cumplió su compromiso, en aras a estimular, según dijo, "que en este país no se penalice el ahorro". Tres años después, y en medio de las turbulencias financieras y de la crisis de deuda europea que le forzaron a ejecutar unos recortes históricos y que terminaron, a la postre, con su carrera política, su último gobierno recuperó el impuesto de Patrimonio de manera transitoria, aunque una décadas después allí sigue.
Algo que lamentaba recientemente en un artículo en EL ESPAÑOL el que fuera ministro de su Gabinete y el primer jefe de la Oficina Económica de Moncloa tras llegar Zapatero al poder, Miguel Sebastián.
"Los responsables de la campaña del PSOE en las elecciones de ese año pensaban que su reimplantación tendría apoyo popular y sería una baza electoral. ¿Cuántas elecciones tienen que perder los socialistas españoles para que comprendan que muchos ciudadanos, sobre todo, de la clase media, consideran injusta esta figura impositiva?" se lamentaba Sebastián, inspirador de esa medida y firme crítico de lo que considera un impuesto "anacrónico".
Gabilondo, a juzgar por su propuesta de no tocar los impuestos, parecía compartir esa filosofía, pero el Gobierno central de su mismo color político ha desbaratado sus planes.