Las enfermeras de toda España llevan semanas sumidas en un terremoto colegial que nada tiene que envidiar a la actualidad política del país. Cruces de acusaciones entre el actual presidente de su órgano representativo (el Consejo General de Enfermería de España) y sus opositores que intentan adelantar una moción de censura.

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¿El gran perjudicado? Las enfermeras. Un colectivo profesional que ha vivido uno de sus años más duros haciendo frente a la Covid-19 y que ve cómo quienes las representan se convierten en foco de acusaciones de "robo", "malversación de fondos" y "corrupción".

Para conocer el caso es necesario remontarse nada menos que a noviembre de 1987, cuando las enfermeras todavía eran consideradas ATS. Máximo González Jurado, presidente del Colegio de Enfermería de Córdoba, se hacía ese año con la presidencia nacional superando una fuerte campaña de difamaciones contra su persona: 30 de los 49 presidentes de los colegios profesionales apoyaron su candidatura.

González Jurado estuvo en el cargo hasta el 16 de octubre de 2017, momento en el que su vicepresidente, Florentino Pérez Raya, ocupaba su puesto tras unas elecciones que los más críticos tacharon de "exprés". El plazo duró una semana y, en medio, había un puente.

En su carta de abandono, remitida a los presidentes de los colegios provinciales el 6 de octubre de 2017, González Jurado aducía "circunstancias personales" para marcharse. Durante sus 30 años de mandato, su presidencia se había visto salpicada por varios casos judiciales.

Gobiernos de todo los colores políticos, e incluso la Casa Real, alabaron el trabajo de un presidente que tuvo afrontó grandes retos para la Enfermería. En ese tiempo se reguló la profesión (desapareciendo el concepto ATS y la creación de las especialidades enfermeras), se puso en marcha la ley de cohesión y calidad del Sistema Sanitario (con la descentralización de la Sanidad) y se inició la directiva europea de cualificaciones profesionales, entre otros asuntos.

Trama Gürtel

Fueron algunos colegios provinciales los que se enfrentaron más directamente con González Jurado. Dos sentencias firmes del Tribunal Supremo (noviembre de 2010 y mayo de 2015) dictaminaron que no reunía los requisitos legales para ocupar el cargo de presidente de la profesión.

Ambas sentencias no fueron aplicadas por incidentes en su ejecución. Esos mismos colegios denunciaron al todavía presidente ante la Fiscalía Anticorrupción, que derivó el caso a la Fiscalía de Madrid.

La denuncia llegaba casi a la vez que se destapaban las supuestas relaciones entre González Jurado y la trama Gürtel, aunque nunca fue imputado en este caso. En ese momento, sobrevolaban también sospechas de que espiaba a críticos y periodistas a través de una agencia de detectives.

Los medios le relacionaron con Gürtel en 2014, cuando, en unos audios de la alcaldesa de Bormujos (Sevilla), la popular Ana Hermoso, se le acusaba de financiar la campaña de uno de sus rivales, Baldomero Gaviño. Le señalaron también por facturar presuntamente estancias y varios vuelos con la agencia de viajes de la Gürtel.

Máximo González Jurado. Archivo CGE. Consejo General de Enfermería.

Con la retirada de Máximo González Jurado, Florentino Pérez Raya asumió el cargo de presidente. Entre ambos continúo una buena relación que se reflejó en varios actos públicos.

En noviembre de 2018, González Jurado y Pérez Raya inauguraban la sede histórica del Colegio en la calle Buen Suceso. Un lugar en el que, en 1959, se había unificado el órgano profesional de los enfermeros y se había pactado la entrada en la Universidad de estos profesionales sanitarios.

La inauguración de esta sede era un triunfo tras varios proyectos urbanísticos frustrados anteriormente. Y es que, pese a ser un órgano sanitario, el Consejo General de Enfermería ha tenido en su mano varios proyectos de construcción, algunos de ellos fracasados.

Tal y como publicó El País, el Colegio habría invertido en 17 años casi 25 millones de euros en tres proyectos fallidos: un complejo sociosanitario en Salobreña (Granada), un campus en Majadahonda (Madrid) y un gran residencial en la Costa del Sol. Este último, un proyecto de 15 millones de euros que incluía un hotel de 200 habitaciones que está en total abandono en Málaga.

Denuncia a González Jurado

Todo se torció dos años más tarde, en febrero de 2020. El Consejo General de Enfermería denunciaba a González Jurado por haberse apropiado de su Fundación (Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud) y por haber cometido "irregularidades" y actos de "mala fe" en la gestión. 

Pérez Raya nunca había criticado la gestión de su antecesor pese a las múltiples denuncias de los colegios más críticos. De hecho, terminó interviniendo el Colegio de Murcia que acusaba a González Jurado de crear un "entramado societario" para especular.

La denuncia de Pérez Raya a González Jurado simbolizaba la ruptura total con el legado del expresidente que ha acabado desembocando en un cruce de acusaciones que, ahora, se está viviendo en los juzgados.

Apenas unos meses más tarde, en junio de 2020, Alfredo Escaja, presidente del Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla y León, y amigo de González Jurado, era denunciado por seis colegios autonómicos por "perpetuarse en el poder". En esta denuncia, el Consejo General de Enfermería se puso del lado de los colegios y contra Escaja, al que acusaban de estar llevando al Consejo hacia una situación "convulsa, irregular y antidemocrática".

Los presidentes de los colegios de Ávila y Zamora intentaban presentar su candidatura para levantar de la silla de presidencia a Escaja que llevaba casi tres décadas como líder de los enfermeros castellanoleoneses.

Crucero en Vietnam

Hay que recordar que el Consejo General de Enfermería es una corporación de derecho público que aglutina a todas las enfermeras de España que, por ley, deben de estar colegiadas.

La colegiación de cada una de estas profesionales (hay 316.094 según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística) las obliga a embolsar a la organización nacional más de 200 euros al año. Parte de ese dinero es el que, según ambas partes, se habría malversado para beneficio de los presidentes y sus cúpulas directivas.

Era el propio Alfredo Escaja el que presentaba la primera denuncia contra Pérez Raya ante el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid este 2021. En el acto se acusa a la cúpula del Consejo General de Enfermería de España por supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad. Hechos relacionados con un viaje a Singapur, Camboya y Vietnam con motivo de un congreso mundial de la Enfermería.

Según el escrito de la acusación, pese a que al viaje acudieron 40 personas, sólo el secretario general de este organismo acudió al congreso mientras que, el resto, realizaba una tourné turística por hoteles de cuatro estrellas, comidas por valor de casi 5.000 euros y un crucero por el río Saigón (Vietnam).

La denuncia también revela que cinco familiares del presidente del Consejo General de Enfermería trabajan para el organismo cobrando más de 227.000 euros al año.

Florentino Pérez Raya. Archivo CGE. Consejo General de Enfermería.

Pérez Raya se enfrenta a una segunda demanda "por supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad continuada" y en la que se le acusa de tener cinco cargos directivos simultáneos por los que percibe, según el texto, un total de 444.643 euros al año.

La denuncia explica que, como presidente del Consejo General de Enfermería, recibe 149.790 euros/año; por su presidencia del Consejo Andaluz de Enfermería, 24.300 euros/año; como director general del Consejo Andaluz de Enfermería, 89.820 euros/año; como presidente del Colegio de Enfermería de Córdoba, 8.000 euros/año; y, por último, como director general de E-Network Salud, 172.733 euros/año.

Esta denuncia, en la que participan como acusación particular organismos como el Colegio de Enfermería de Valladolid, también se hace eco del supuesto entramado de empresas con "sociedades interpuestas para detraer una comisión pactada". El actual presidente del Colegio también estaría señalado por la posible compra de dos coches y la concesión de un préstamo personal a través de presuntos incrementos en la facturación por la coordinación de cursos de formación.

Del mismo modo, se pone de manifiesto que podría existir una empresa gestionada por Florentino Pérez Raya para la fabricación y venta de figuras de escayola, con la que ha facturado servicios de Cofunsalud y Ficssalud, empresas que dan cursos de formación al Consejo General de Enfermería.

En función de la denuncia, a través de esta sociedad familiar habría cobrado casi 50.000 euros anuales durante 17 años por la coordinación de formaciones específicas para los ocho colegios andaluces de Enfermería.

Tras conocerse estas denuncias, al Colegio de Valladolid se han unido otros tres (León, Badajoz y Asturias) pidiendo la dimisión de la actual cúpula directiva del Consejo General de Enfermería.

A modo de respuesta, el actual presidente del CGE ha renunciado a parte de sus sueldos y ha presentado unas cuentas "austeras" como un proposito de enmienda. En su argumentario, fuentes cercanas a la presidencia hablan de un cambio de rumbo del organismo. "Florentino se quiere desvincular del entramado" de empresas creadas alrededor del Consejo General de Enfermería, aseguran. 

19,7 millones en 'black'

A una de esas denuncias, la del colegio de Valladolid, respondió el propio Pérez Raya con unas palabras que le van a ocasionar otra denuncia ante el Instituto de la Mujer. Y es que, la presidenta del organismo, Silvia Sáez, fue acusada por Pérez Raya de apoyar a Escaja por su situación sentimental (es la pareja de este). Un hecho que va a elevar al Instituto de la Mujer por "discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo".

Pero las denuncias no han acabado en las acusaciones a Pérez Raya. El actual presidente de los enfermeros ha tirado de la manta y, tras acusar al expresidente y su hermano de ser quienes están detrás de su acusación, ha vuelto a denunciar a Máximo González Jurado.

Se habla del uso de una tarjeta black para gastos privados por una cantidad que supera los 19,7 millones de euros. Entre los gastos están la asistencia al palco del estadio Santiago Bernabéu, la reserva de dos plazas de aparcamiento en el estadio para el expresidente y su hermano, y el abono para el Master de tenis de Madrid.

La actual cúpula directiva también acusa a González Jurado de adquirir una vivienda en nombre y representación de E-Network, de la que era titular su hija, por un precio muy superior a su precio de tasación.

La demanda vincula al grupo corporativo la mercantil Cofunsalud con unas tarjetas black entre cuyos gastos se encuentran facturas de bodas y bautizos de familiares del expresidente del Consejo. Más de 4.292,51 euros para menaje destinado a la boda de su hijo, entre otros gastos similares.

Según la parte demandante, la cúpula del Consejo General de Enfermería busca desbancar a Pérez Raya de la presidencia forzando una moción de censura en el mes de mayo. Aseguran que será entonces cuándo propondrán a un candidato afín al expresidente. Un hecho que el bando implicado niega pues afirma limitarse "limpiar" la corrupción de Pérez Raya.

Desde fuera, organismos que llevan años denunciando la "corrupción" del consejo (tanto con Pérez Raya como por González Jurado) ven en este fuego cruzado una oportunidad para que se "limpie" el colegio. La solución está en la mano de los presidentes de los colegios autonómicos que, bien o en elecciones o tras la moción de censura, decidirán el futuro del organismo.

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