La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado citar en calidad de investigados a varios de los miembros que formaban parte de la cúpula de la Policía Nacional en la época de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno por haber tratado de impedir, presuntamente, la que fue la primera investigación contra el excomisario José Manuel Villarejo.

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La imputación, conocida este miércoles a través de un auto que ha podido consultar EL ESPAÑOL, se produce a raíz de la querella que presentó en septiembre del año 2018 el antiguo inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional.

En aquella época la unidad la dirigía el comisario Marcelino Martín Blas. Aquel hombre, Rubén Eladio López, apuntaba a altos mandos de la cúpula policial, y les acusaba de presuntamente haber impedido una investigación iniciada en torno a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás, y que le condujo finalmente a Villarejo, ahora en prisión y con múltiples procedimientos abiertos por casos de corrupción. 

Entre los investigados se encuentran Eugenio Pino y Florentino Villabona. Ambos ocuparon el puesto de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el primero en la época de Jorge Fernández Díaz, y el segundo durante la era de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior. El director del cuerpo era Ignacio Cosidó.

Tras la orden de la Audiencia Nacional, Pino deberá declarar denunciado por un presunto delito de acoso laboral. 

El inicio de la querella

Rubén Eladio López relataba cómo comenzó todo en su querella. En el año 2014, este inspector jefe formaba parte, dentro de la Unidad de Asuntos Internos, de la comisión judicial que el juez Arturo Zamarriego creó para investigar a Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

El joven sería detenido en octubre del 2014 e imputado en varios casos por tratar de estafar a varias personas haciéndose pasar en ocasiones por agente del CNI. En otras ocasiones, presuntamente decía ser un enviado del Gobierno. Fue Gómez Iglesias quien citó el nombre de Villarejo, y fue de ese modo como Asuntos Internos comenzó a indagar en las andanzas de aquel oscuro comisario.

Durante la investigación, el inspector López detectó algunos de los presuntos negocios ilegales que tenía entonces en marcha el comisario, y que resultarían incompatibles con su cargo. Sin embargo, el informe que redactaron el inspector jefe y su equipo fue archivado en 2015, después de que altos mandos policiales le recriminaran, supuestamente, haber involucrado en todo aquello a Villarejo.

Al año siguiente, tal y como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL, se abortó en el último momento una operación diseñada para detener por primera vez al comisario. El autor de la querella fue poco después degradado en el organigrama policial junto a todo su equipo. Un año más tarde, en julio de 2017, ese grupo investigador quedó disuelto.

Inicio de declaraciones

Ya en 2018, López presentó la actual querella contra sus antiguos mandos. En ella revelaba cómo aquellos superiores le habrían impedido, presuntamente, que se llevara a cabo esa investigación sobre Villarejo.

Ahora, la Audiencia de Madrid reprocha al juzgado encargado de esa denuncia que, dos años después de recibirla y admitirla a trámite, no haya dado traslado de ella a los querellados. Es decir, todavía no se les había comunicado que estaban imputados por esta causa. 

En ese mismo escrito la Audiencia Provincial insiste en que se retomen las pesquisas y que se empiece a tomar declaración a los querellados. El tribunal toma esta decisión tras estimar recurso presentado por el inspector López contra un auto de la jueza en el que alegaba la complejidad del caso para no darle trámite.