El Gobierno le declara la guerra a la "segregación horizontal" de las mujeres en el sector público. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el primer día de 2021 el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros y que aspira a romper con el "techo de cristal" de las funcionarias o trabajadoras del Estado.

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Una desiguldad que no se refiere tanto al porcentaje de las mismas sobre el total, sino a su presencia -y de ahí lo de "horizontal"- en puestos de relevancia. 

Para ello, el plan del Ejecutivo, suscrito en noviembre por los sindicatos CSIF, UGT y CIG, incide en la formación como herramienta para hacer una administración pública más paritaria. Así, insta a "que todo el personal público realice al menos una formación" en igualdad.

Pero en concreto para las mujeres, la norma establece como fórmulas a adoptar la "formación exclusiva para mujeres directivas" asi como la "reserva de plazas". Una formación, además, que podría llevarse a cabo "fuera de la Administración General del Estado".

Comisión de seguimiento 

El objetivo de acabar con esa "segregación" se evaluará a través de una comisión de seguimiento. El Plan incorpora también indicadores de impacto para conocer el grado de ejecución y la eficacia de las medidas adoptadas en favor de la igualdad entre funcionarios. 

El Plan que se pone en marcha con el comienzo del año incide también en el objetivo de hacer de la Administración un espacio "libre de violencia de género".

También fija su atención en las situaciones que van en detrimento de las mujeres laboralmente, como pueden ser las excedencias o permisos por el cuidado de familiares a cargo. Una situación que el Gobierno cree que hay que requilibrar fomentando las promociones internas.

El Ejecutivo considera equilibrada la presencia de mujeres y hombre en la gran mayoría de departamentos ministeriales pero no en las entidades de derecho público vinculadas a la Administración o en las aurtoridades administrativas independientes. En estos casos la presencia de mujeres se queda significativamente por debajo del 40%. E igualmente significativo es el elevado porcentaje de mujeres sobre el total de personal interino que trabaja para el Estado, que alcanza casi el 70%.