Apenas cinco días después de que la Fiscalía presentara ante el Supremo los informes "totalmente desfavorables" al otorgamiento del indulto a los condenados por el proceso separatista catalán, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha vuelto a mostrarse a favor de los mismos, avivando el choque con el PP, que defiende que lo que pretende el Gobierno es "pagar favores".

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En una entrevista en La Vanguardia, Ábalos ha asegurado que el Ejecutivo central al que pertenece tiene "la obligación legal de tramitar los indultos" y, además, "la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia".

Estas palabras han hecho reaccionar de inmediato a la oposición popular, que las ha tachado de "bochornosas y lamentables". La vicesecretaria de Política Social de los populares, Ana Pastor, ha asegurado que estas declaraciones de Ábalos constituyen una muestra de que el Gobierno pretende "pagar los favores a sus socios independentistas".

"No se puede legislar a la carta", ha aseverado, al tiempo de instarle a ocuparse de los asuntos relacionados con su cartera, como los transportistas retenidos en Reino Unido o el control de pasajeros en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

También se ha pronunciado al respecto la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha señalado que los indultos a los independentistas son "el precio por sus votos" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La popular, en un mensaje en redes sociales, ha cuestionado al ministro por "la obligación moral de no dejar solos a los catalanes no independentistas" y ha reprochado al PSOE que "la moral y la ética la perdieron el día que pactaron con Bildu e independentistas".

Respeto a la ley

Ábalos, no obstante, ha matizado en la entrevista que "el Gobierno respeta siempre las decisiones de los tribunales y espera respeto de las decisiones que tome en el ámbito de sus competencias", ha subrayado.

"Dentro del respeto a la Constitución y las leyes, debe hacerse lo necesario para reenganchar a Cataluña al proyecto común. Cualquier gesto que contribuya a la normalidad política y a la reconciliación y la convivencia es positivo", ha concretado.

El Ministerio Público, en los informes entregados a la Sala Penal del Tribunal Supremo no aprecia "razones de justicia, equidad o utilidad pública que autoricen su concesión [la de los indultos]".

Este pronunciamiento deja al Ejecutivo el único camino de adoptar los indultos en contra del Poder Judicial. En los dos últimos años, 7 de cada 10 indultos se han dado con la conformidad tanto de la Fiscalía como de los tribunales que juzgaron a los beneficiados. El eventual otorgamiento de la medida de gracia a los condenados del 'procés' rompería esta tendencia.

La propia concesión del indulto ya sería, en sí misma, excepcional puesto que el porcentaje de indultos concedidos en 2019 no llegó al 1% de los resueltos. El año anterior aún se dieron menos: el 0,39%.

Además, los indultos son uno de los elementos de fricción del Gobierno de coalición. Unidas Podemos está presionando para que se tramiten cuanto antes e incluso ha acusado a los socialistas de falta de "voluntad política" y de actuar de forma "deliberadamente" lenta.