El Partido Popular registrará este jueves en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para aprobar el primer Estatuto de los Funcionarios de los Cuerpos Nacionales Instituciones Penitenciarias. El documento, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, engloba en 81 páginas en las que se desarrolla por primera vez un proyecto en el que se modernizaría "a nivel de seguridad y a nivel de marco legal" las circunstancias de todos los funcionarios que trabajan en prisiones.

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La propuesta la presentará la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, junto con la diputada Ana Vázquez, la portavoz del grupo en la comisión de Interior en el Congreso. La redacción del documento es el fruto de un trabajo conjunto de este área del partido junto con la asociación Tu Abandono Me Puede Matar. 

Se trata de un documento que engloba y reúne una serie de reformas en las leyes por las que se rigen los funcionarios de las cárceles españolas y cuya aspiración es la de elevar la calificación y la categoría a todos los niveles de estos profesionales.

En esta proposición, se reconocería por primera vez a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. "Se trata de dotar de una mayor eficacia al trabajo de los funcionarios", reaz el documento. Se pretende situarles al mismo nivel que las fuerzas de seguridad como la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Hasta ahora el marco legislativo que regía a los cuerpos penitenciarios lo regulaban la Ley General Penitenciaria del año 1979, una norma preconstitucional - Ley 39/1970- y otra anterior a la Constitución que es la Ley 36/1977 de Ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios. 

"El tratamiento análogo a las fuerzas de seguridad en materia de protección penal es lo coherente una vez que se ha comprobado las frecuentes situaciones de agresiones que estos funcionarios sufren en su prestación de servicios", se incide en ese apartado del documento. Esto quiere decir que cuando un interno ataque a cualquier trabajador de la cárcel será, a efectos, prácticos, como si estuviese agrediendo a un Guardia Civil o a un Policía Nacional.

No es el único cambio en cuestión. La ley afectaría a todos los niveles de funcionamiento y de gestión en el seno del cuerpo. Los funcionarios de carrera regulados en la presente ley empezarían a recibir otra denominación diferente a la actual. Sería preciso empezar a referise a ellos como Cuerpo de Funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias. 

"Salir del ostracismo"

"Queremos surtir a Instituciones Penitenciarias de una normativa que nos saque del ostracismo", explican desde Tu Abandono Me Puede Matar. Esta iniciativa aglutina la mayoría de reivindicaciones que los funcionarios de prisiones ponemos sobre la mesa. Sería una modernización a nivel de seguridad y a nivel de marco legal de todos los funcionarios que trabajamos en prisiones. 

La propia asociación realizó un balance previo entre los trabajadores de las cárceles de España antes de seguir con el proyecto. Lo consultaron con una consulta en todas las prisiones del país entre 11.000 compañeros. "El 99,5 por ciento votaron a favor", dice Manuel Galisteo, de esta misma asociación.

Pabellón de una prisión del sistema penitenciario español.

"Nos sentimos diferentes a otros compañeros/as de la Administración General del Estado (AGE). Al igual que ellos, servimos al interés general. Pero nuestras herramientas y cometidos entendemos que abarcan unas situaciones más amplias". Los funcionarios se ven a sí mismos como una figura "completa y completa". Hacen labores de seguridad. Como si fueran policías. Deben tener psicología en el día a día. Realizan valoraciones sanitarias antes de acudir al departamento de Enfermería del recinto penitenciario. "Bomberos con mangueras, equipos de respiración autónoma. Somos responsables de puestas en libertad, cacheos con desnudo integral", insisten.

Algunos nunca olvidarán la primera vez que tuvieron que embutirse en el equipo anti-trauma sin que nadie les "hubiese explicado cómo hacerlo ni cómo proceder". 

Las complicadas tareas de recudir a un interno que se autolesiona, a un preso agresivo, a otro que amenaza con matarles. El imposible reto de los grilletes, las defensas de goma, el consuelo al presidiario desesperado: se trata de un trabajo, dicen, de extremada complicación. Y tienen que vivirlo día tras día. "No es que no seamos la AGE. Es que somos, cuantitativa y cualitativamente, mucho más que la AGE. La cantidad de tareas y la especificidad de las mismas nos diferencian".

Mesa propia

Con esta proposición de ley en el Congreso, los funcionarios quieren contar con una mesa de negociación propia previa a la que existe de manera genérica en la Administración General del Estado. Buscan, así, equipararse con Guardia Civil y Policía, que tienen su mesa propia de negociación. 

Entre las medidas que se incluyen en este borrador aparece también la necesidad de impartir formación continua. Ello se traduciría en la necesidad de constitutir y fundar una suerte de escuela penitenciaria. En ella se impartirán los cursos continuos de defensa personal., de psicología, todo lo necesario para los trabajadores. "Las clases las impartirían desde la propia administración". 

El proyecto que quieren implementar, aseguran fuentes del sindicato a EL ESPAÑOL, implicaría también un importante incremento en formación, en instrucción específica para atender a presos con delitos muy concretos: yihadistas, a mafiosos, a criminales de gran peligrosidad y otros asuntos similares.

A la presentación del anteproyecto no acudirá representación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Mientras tanto, el secretario general, Ángel Luis Ortiz, lleva por su cuenta una agenda de reuniones en esa línea de modernizar el trabajo que se desempeña en las prisiones españolas.