Empieza una nueva partida de ajedrez entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid por la conveniencia o no de restringir la movilidad de los ciudadanos a determinadas horas del día o de la noche para frenar los contagios. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, planteó este martes por la mañana que el Gobierno decretara una especie de toque de queda para todo o parte del territorio nacional como medida de contención para frenar la expansión de la segunda oleada del Covid.
El Gobierno recogió el guante lanzado desde la Puerta del Sol, pero velozmente puso sus condiciones: si Madrid quiere limitar un derecho fundamental como es la libertad de circulación debe pedir al equipo de Pedro Sánchez que decrete un estado de alarma y, además, el Partido Popular tiene que comprometerse a respaldar la medida.
Horas después del cruce de anuncios públicos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se reunieron durante más de dos horas con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad madrileño.
Los representantes gubernamentales pusieron estas condiciones ya anunciadas previamente encima de la mesa y reconocieron a sus interlocutores que, en primer lugar, la Comunidad de Madrid deberá solicitar formalmente esa medida y, a continuación, el Gobierno se compromete a debatirlo con el resto de autonomías en el consejo interterritorial que se celebrará este jueves para ver qué acogida tiene en el resto de comunidades. Pero Madrid se resistió a solicitarlo formalmente.
Tras la reunión, el Gobierno manifestó su intención de seguir trabajando "de forma coordinada" con todas las regiones, pero todos los escenarios se mantienen abiertos. El equipo de Isabel Díaz Ayuso cambió la nomenclatura y en lugar de "toque de queda" empezó a hablar de "restricciones de la movilidad nocturna". La reunión, además, se habló del "documento del Ministerio de Sanidad sobre los niveles de alerta que seguirá trabajándose este miércoles a nivel técnico" y que el jueves será presentado en la cita con el resto de autonomías por parte del Ministerio como "una reomendación" a las comunidades.
Desde la Puerta del Sol, sin embargo, no desvelaron si solicitarán formalmente al Gobierno su aplicación en los próximos días. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguraron a EL ESPAÑOL que el asunto "sigue en estudio" y que la "palabra toque de queda" no se ha tratado "en ningún momento" en la reunión con el Ejecutivo central.
De 00.00 a 06.00
El estado de alarma que el Gobierno decretó para Madrid el 9 de octubre decaerá automáticamente el sábado, momento en el cual los ciudadanos disfrutarán de todos sus derechos si la Comunidad de Madrid no impone antes nuevas medidas. El escenario que ha esbozado el equipo de Ayuso para aplicar a partir de ese momento sería parar toda la región desde las 00.00 de la noche hasta las 6.00 de la mañana. Con esta medida, el Ejecutivo madrileño persigue un doble objetivo: salvar la actividad de la hostelería al mismo tiempo que prohíbe los encuentros privados en los lugares de residencia.
Desde la Puerta del Sol se limitan a decir que han pedido al Gobierno reducir el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, pero de momento evitan contestar a si Madrid pedirá formalmente a Moncloa que busque el encaje legal de una medida excepcional: obligar a los ciudadanos a no salir de casa en las horas que determine el decreto. El consejero Ruiz Escudero insistió en que sería posible sin recurrir al artículo 116, un punto en el que el Gobierno vuelve a colisionar con Madrid.
Antes de la reunión, Illa advirtió de que es imposible materializarlo sin recurrir a un estado excepcional. En esta ocasión, el responsable de Sanidad puso más condiciones: para que la medida prospere, es necesario "tener los apoyos necesarios" para alargar este estado más allá de los primeros 15 días que puede decretar oficialmente el Gobierno. Con esta jugada, Moncloa quiere que el PP rectifique su postura que le condujo hasta el choque frontal con la Comunidad de Madrid el 9 de octubre, cuando Sánchez decretó unilateralmente el estado de alarma para nueve localidades de la región madrileña, incluida la capital, por resistirse su presidenta a solicitar el estado de alarma.