El coronavirus ha provocado, además de una crisis sanitaria sin precedentes, un goteo constante de salidas de altos cargos de la Comunidad de Madrid en forma de dimisión voluntaria o cese desde mayo, cuando España todavía estaba en pleno estado de alarma.
Si el viernes era Alberto Reyero el primer consejero del Gobierno de PP y Ciudadanos que salía del organigrama presidencial a voluntad propia para volver a ser diputado raso en la Asamblea de Madrid, el Consejo de Gobierno aprovechaba esta crisis para cambiar este miércoles a dos viceconsejeros de las áreas más erosionadas por la pandemia: sanidad y educación.
La Comunidad de Madrid ha enmarcado estas dos nuevas salidas dentro de una estrategia global para "reforzar" los departamentos más erosionados por la crisis sanitaria. El gabinete de Isabel Díaz Ayuso forzó la salida de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, persona de la máxima confianza del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, para nombrar en su lugar a Juan Armengol, jefe de Unidad del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).
Fuentes internas de la Comunidad de Madrid alegan que los motivos reales que han provocado este cambio es que Dávila mantenía un "perfil demasiado bajo" para un departamento permanentemente cuestionado por el Ejecutivo central y necesitaban alguien con "más empuje". En apenas unas semanas, Armengol se ha convertido en uno de los expertos médicos más consultados en los medios de comunicación y uno de los pocos que ha cuestionado públicamente la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. Este aval influyó en su recién nombramiento como 'número dos' de la Consejería que trabaja de la mano con el ministerio de Sanidad.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha firmado este miércoles la salida de Pilar Ponce de la Viceconsejería de Organización Educativa para sustituirla por Nadia Álvarez, exalcaldesa de Carabaña (Madrid) y una de las personas de la máxima confianza de la expresidenta Cristina Cifuentes. Ponce será la nueva presidenta del Consejo Escolar.
La desescalada
Los desencuentros entre PP y Ciudadanos a lo largo de este año y medio de legislatura han sido constantes y mucho más ruidosos durante la gestión de la pandemia. La salida más sonada se produjo el 8 de mayo, cuando la directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, presentó su dimisión irrevocable cuando se negó a firmar el documento en el que Madrid solicitaba entrar en la fase 1 de la desescalada. Ella creía que la región no estaba todavía preparada para avanzar.
La grieta abierta por Fuentes fue aprovechada por el Gobierno madrileño para destituir a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria, apenas unos días después. Este cambio también se enmarcó dentro de un proceso de reestructuración y refuerzo del área de Sanidad. De hecho, se creó la Viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19 cuya jefatura fue a parar a manos de Antonio Zapatero, hasta entonces director del hospital de Ifema y ahora uno de los hombres clave en la negociación con Sanidad.
Las residencias
La gestión de las residencias de mayores provocó el mayor quebradero de cabeza al Gobierno de PP y Ciudadanos, que no dudaron en mostrar públicamente sus diferencias. El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez, abandonó su cargo alegando motivos de salud a finales de junio, cuando Madrid avanzaba hacia la desescalada. El puesto estuvo vacante durante más de dos meses.
La última salida sonada se produjo el 26 de septiembre, cuando el portavoz del grupo Covid-19, Emilio Bouza, dimitió 48 horas después de haber sido elegido para el puesto por consenso por el ministro Salvador Illa y el consejero Enrique Ruiz-Escudero. El que fuera jefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del hospital Gregorio Marañón reconoció a sus allegados que le habían prometido que "despolitizarían" la pandemia y que por eso aceptó el cargo.
Sin embargo, le bastaron 24 horas para darse cuenta de que le habían "engañado". En su carta de dimisión, explicó que aceptó "al percibir la demanda como una obligación y como un deber para mi comunidad y mi nación", pero que las "circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento". Moncloa y Sol todavía no le han encontrado sustituto.
Moción de censura
Pablo Casado e Inés Arrimadas se han comprometido a mantener el Gobierno de coalición en Madrid y los dos líderes trabajan con un objetivo común: que la legislatura dure cuatro años. Esta semana era la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, la que pedía por primera vez a Isabel Díaz Ayuso que adelante las elecciones.
La presidenta es la única persona que tiene potestad para disolver el Parlamento madrileño antes de que expiren los cuatro años que dura la legislatura. Sin embargo, en la Puerta del Sol descartan de plano una vía que solo activaría en el hipotético caso de que la oposición promoviera una moción de censura y pudiera prosperar.