El préstamo de 1.000 millones al 0% que ha concedido CaixaBank a la Comunidad Valenciana supone un cambio de paradigma en la autonomía. Más allá de su abultada cantidad y de que no supondrá un coste en intereses para los valencianos, se trata del hallazgo de una alternativa más ventajosa que el FLA para financiarse en determinados supuestos.
Y tal circunstancia es más que llamativa, pues el Fondo de Liquidez Autonómica es -se supone- la herramienta benévola habilitada por el Estado para compensar la infrafinanciación del territorio -una infrafinanciación causada por el propio Estado-.
Según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, el crédito es por año y medio, un periodo breve pero que va a permitir al Ejecutivo de Ximo Puig ahorrarse 12 millones de euros. En concreto, el Gobierno valenciano va a amortizar esta cantidad del FLA que recibió en 2012 al 0,83% de interés -un FLA que vencía en octubre de 2023 tras la medida de gracia del Estado de prolongarlo hasta un total de 11 años-.
¿Y por qué CaixaBank presta tanto dinero al 0% a la autonomía más endeudada de España? Lo hace porque se acerca el cierre del ejercicio 2020 y tiene, como muchas otras entidades financieras, grandes volúmenes de liquidez por colocar.
Estas son las peculiaridades del contexto de tipos de interés negativos en el que opera hoy en día la banca. En estos momentos la Comunidad Valenciana es un buen refugio para dicho importe. Tanto es así que el banco no ha exigido garantías extraordinarias para la concesión de este crédito.
Fue así como confluyeron los intereses de ambas partes: el Gobierno autonómico vio la oportunidad de cambiar de acreedor y ahorrarse año y medio de intereses al 0,83, de modo que tomó la insólita decisión de amortizar FLA antes de su vencimiento.
Al tiempo, CaixaBank se encontró con la posibilidad de colocar 1.000 millones a un cliente que estima de confianza, pues el crédito será devuelto en un breve periodo que entiende que será de estabilidad, pues deberá devolverlo el mismo Gobierno al que se lo prestó.
La paradoja del FLA
La Comunidad Valenciana recibe cada año del Estado alrededor de 1.300 millones de euros menos de lo que le corresponde por habitante. ¿La razón? La redistribución de los recursos que realiza el Gobierno se hace todavía en base a un sistema de financiación autonómica que caducó en 2014 y que ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez han logrado actualizar.
El Gobierno de Ximo Puig tomó la decisión en 2016 de que no renunciaría a ese importe anual en sus presupuestos, y desde entonces incluye una partida de ingresos ficticios a cuenta de la reforma de la financiación. Como es obvio, tal partida nunca llega y termina engrosando el déficit y la deuda valenciana, que asciende al 42,2% del PIB y ya está cerca de los 50.000 millones de euros.
Tal escenario convierte a la autonomía en una de las más más necesitadas de la herramienta del FLA, la única herramienta efectiva habilitada por el Gobierno para paliar su situación. Pero se da la paradoja de que el Estado, que es quien empuja al endeudamiento a la autonomía al infrafinanciarla, le está cobrando intereses a la autonomía (el 0,83%) por aliviar el agravio que él mismo le genera.
Todo parece abocado a que, en el momento en que se aborde la ansiada reforma del sistema de financiación, autonomías como la valenciana disfruten además de una quita en su deuda: que el Estado les condone la deuda en la que han incurrido precisamente por el maltrato que sufren del mismo. Pero, hasta que tal circunstancia se produzca -si se produce-, la herramienta del FLA está disparando sobremanera la deuda valenciana.
Por ello, para evitar el endeudamiento del FLA y la continua tensión de tesorería en la que se halla inmersa la región al no renovarse el sistema de financiación, todos los partidos valencianos (sin excepción, desde Vox hasta Podemos) han acordado solicitar al Gobierno de España que habilite un fondo de 4.220 millones a repartir vía presupuestos, de los que 1.336 corresponderían a la Comunidad Valenciana.