La nueva normalidad exige, como antes, analizar España desde distintas perspectivas que confluyen en una situación que, a simple vista, recuerda mucho a la vivida a principios del mes de marzo, cuando la irrupción de una pandemia lo cambió todo.
En el plano sanitario, el ritmo de propagación del virus se ha disparado, con algunas comunidades duplicando e, incluso, triplicando los niveles a los que habían llegado al término del confinamiento. En el plano político, sin opción aparente a volver a un estado de alarma ni de poner en marcha cambios legislativos que amplíen el margen de maniobra, las comunidades autónomas hacen malabares con sus competencias para frenar una posible segunda ola.
La aparición incesante de nuevos brotes en todo el país ha llevado a las regiones, sobre las cuales recaen las competencias sanitarias, a forzar una poco trabajada coordinación con el Ejecutivo central y a establecer medidas específicas que, en ciertos casos que conllevan alguna limitación de derechos, han sido revocadas por la Justicia.
La gran curva española
Mientras, el papel del Gobierno de Pedro Sánchez se esboza como mero consejero, tras despojarse del mando único con el fin del estado de alarma. El Ejecutivo ha apostado por promover, en el marco de las competencias de las comunidades autónomas, "una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos".
El problema es que, en ocasiones y como se ha visto en la última semana, ni una "coordinación excelente" ni la fuerza competencial de las comunidades son suficientes, sino que es necesaria una base legal amplia, bien a través de un estado de alarma que la oposición rechaza y el Gobierno no descarta pero tampoco contempla o bien con una reforma legal a la que se han referido, desde el inicio de la crisis, tanto el Ejecutivo como la oposición.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en el Senado, en una imagen de archivo.
Reforma prometida
El pasado 13 de mayo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió en el Senado una reforma legislativa para que España estuviera lista ante eventuales rebrotes de la pandemia, como ahora está ocurriendo, y pudiera dar respuesta sin tener que recurrir al instrumento del estado de alarma. Calvo dijo entonces que este proyecto llegaría al Parlamento "muy rápido".
"Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución", que regula el estado de alarma, dijo, avanzando que la reforma necesitaría "consenso" y que repercutiría a "algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado".
Más aún, con la promesa de impulsar esta reforma, el Gobierno cerró con ERC y Ciudadanos la última prórroga del estado de alarma. En el pacto con la formación naranja, uno de los puntos precisaba que se analizarían "las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma".
En el acuerdo con los republicanos, el Ejecutivo se comprometió a revisar "la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y todas las leyes sanitarias, tales como la Ley de Salud Pública, con el fin de mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo al de estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos de la Covid-19".
De estos planteamientos han pasado casi dos meses en los que el Ejecutivo de Sánchez no ha dado ningún paso decidido para su consecución, pero ahora la idea vuelve a la agenda, promovida por el PP, que la ve como un "plan alternativo" entre "dejar abandonada a la gente" y la aplicación de "otro estado de alarma ruinoso".
Precisamente, a finales de julio, los populares lanzaron un "plan B" al estado de alarma, una reforma jurídica que pasaba por, decían, reformar la Ley Orgánica de Sanidad de 1986, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
"Hay plan B, hay plan alternativo al cierre económico ruinoso de todo un país y al confinamiento que ha causado estragos en salud mental, salud física y en economía en todos los hogares españoles", defendía entonces el líder del PP, Pablo Casado.
Ayer, de nuevo, la formación redundó en este plan y criticó que "el PSOE ha rechazado con desdén" estos cambios legislativos. En concreto, Casado aludió a un "plan alternativo" entre "dejar abandonada a la gente" y la aplicación de "otro estado de alarma ruinoso"; refiriéndose en concreto a la reforma de las leyes ordinarias de Seguridad Nacional, Salud Pública y Protección Civil.
Frente judicial
Son varios los ejemplos de las limitaciones de la comunidades autónomas para abordar la pandemia. En Madrid, un juez rechazó ratificar la orden autonómica que aplicaba las medidas consensuadas con el Gobierno el pasado 14 de agosto, amparándose en que desde una comunidad "no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma". Algo que, sin embargo, ya está en vigor en muchas otras comunidades.
Unos clientes disfrutan de las terrazas en Bilbao.
Tras ello, este domingo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ciudad Real rechazó varias de las medidas adoptadas por la Administración sanitaria castellano-manchega para hacer frente a la pandemia en Campo de Criptana, como ya hiciera el sábado en el caso de la cercana localidad de Alcázar de San Juan.
A diferencia de lo ocurrido allí, en Castilla y León otro magistrado ha ratificado todas las medidas de aislamiento ordenadas por la Administración autonómica en Cantalejo y Carrascal del Río, en Segovia.