El Gobierno y el Partido Popular tienen la firme voluntad de consensuar unas conclusiones una vez que llega a su fin la comisión de reconstrucción abierta en el Parlamento para reconstruir España tras el devastador paso del Covid por el país. Pero no se ponen de acuerdo en cuáles son las medidas que deben aprobarse, a pesar de que este miércoles se debaten y votan las enmiendas que los grupos políticos han presentado a las conclusiones finales de la comisión que se cierra este viernes con la aprobación del dictamen final que será elevado al pleno la semana que viene para su aprobación definitiva.
Las dos partes ven más factible cerrar un gran acuerdo en tema sanitario. De hecho, Pablo Casado encargó a la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, negociar con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, los términos de ese acuerdo sanitario que PP ha denominado Pacto Cajal y que incluye la creación de una Agencia Nacional para coordinar el Sistema Sanitario, reforzar el personal y la atención a los mayores o elevar el PIB del presupuesto sanitario en un 7%, entre otras muchas medidas.
La principal diferencia entre los documentos presentados por los dos partidos de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- y el PP es el modelo de gestión de los hospitales. Los socialistas y morados no mencionan ni una sola vez a la sanidad privada, a su aportación contra el coronavirus o a incluirla en algunas de las estrategias que se manejan para la versión definitiva de las conclusiones, que se tiene que cerrar esta semana.
Los partidos del Gobierno y la oposición también chocan en cuál debe ser el plan de recuperación que se debe implantar en los colegios. En sus documentos de trabajo, PSOE y Podemos excluyen directamente a la educación concertada de recibir cualquier ayuda pública en la nueva era post-Covid. Partido Popular se opone frontalmente a promover única y exclusivamente "el fortalecimiento de la educación pública", como apuestan socialistas y morados. Los conservadores cuentan con el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria y JxCat, que piden en sus enmiendas eliminar este polémico punto.
En este sentido, la propuesta de los populares incluye que “las actividades del sector de hospitales y centros sanitarios privados, que han colaborado intensamente en la gestión de la pandemia, requieren una cierta actualización en consonancia con el tiempo transcurrido desde que se aprobó la Ley General de Sanidad en 1986, configurando líneas ágiles y transparentes para desarrollar su papel de apoyo dentro del sistema sanitario”.
La exministra de Sanidad y el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal, se reunía este martes por la tarde los socialistas Rafael Simancas, Félix Bolaños y José Antonio Montilla para cerrar los flecos de una negociación que veían “muy maduras” por la mañana. A última hora del día, las dos partes se han levantado de la mesa sin llegar a ningún acuerdo. “En la reunión, Pastor ha expuesto las enmiendas presentadas por el PP en las distintas materias y se han emplazado a seguir negociando en las próximas horas”, mantienen fuentes populares.
Actividad esencial
La crisis del coronavirus también se está pasando por la sanidad privada. El sector, considerado actividad esencial, ha formado parte de la estrategia nacional en todas las autonomías contra el coronavirus durante lo más crudo de la pandemia, sin contraprestación alguna excepto en Cataluña. A pesar de ello, no forma parte de los planes sanitarios para la reconstrucción del país de los partidos del Gobierno.
Expertos consultados han indicado que serán necesarios nuevos conciertos con los centros sanitarios privados para atender el potencial incremento de las listas de espera por el ‘vacío asistencial’ provocado por la pandemia. Durante meses no se pudo atender en los centros sanitarios españoles más que urgencias y casos relacionados con el Covid-19.
Emergencias económicas
También llama la atención que, de cara a la reconstrucción, no se tenga en cuenta la precaria situación económica de la sanidad privada. Manteniéndose abiertos y sin cobrar por sus atenciones durante el Covid-19, los centros sanitarios han tenido que afrontar una caída de la facturación de más del 60% durante marzo y abril respecto a los meses anteriores.
Esto en el caso de los hospitales. En los centros sin internamiento la reducción del negocio ha sido todavía más dramático, del 85% según los datos de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
Y todo ello a pesar de que la sanidad privada ha tenido que mejorar y aumentar sus inversiones en los últimos tres meses. Concretamente, el 89% de los centros aumentó su plantilla por la demanda asistencial. En términos generales, el cómputo de profesionales sanitarios ha crecido un 10%.
A ello se suma que las empresas ya han gastado un 71% más en productos sanitarios en lo que va de año que en todo 2019. Cómo no, el incremento de precios de algunos de estos insumos, como las mascarillas (cuyo coste subió más de un 1.000%), se encuentra también entre las causas.
Mientras, en la 'nueva normalidad' el impacto del Covid-19 también se nota: las consultas se han quedado en un tercio de lo que eran antes de la pandemia. En este escenario, la estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar en esa situación.