El pasado 6 de febrero la tierra del pequeño pueblo de Zaldibar (Vizcaya) comenzó a temblar. El desplome de toneladas de residuos sepultó a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, dos trabajadores del vertedero. Cien días después de la tragedia, que se cumplen este 16 de mayo, sus cuerpos todavía no han sido recuperados.
En estos más de tres meses, el Gobierno vasco (compuesto por PNV y PSE) no ha logrado avances significativos y no ha dado explicaciones sobre el accidente arguyendo “respeto a los familiares”. Sin embargo, la impotencia y el enfado de los allegados con el Ejecutivo de Urkullu ha ido en aumento conforme transcurrían las semanas y se sucedían los errores en la gestión.
Según informan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a las familias, estas están viviendo “un calvario”. Así mismo, señalan que los familiares han querido mantenerse en todo momento fuera del foco mediático para “evitar ser utilizados políticamente”.
Su única manifestación pública tuvo lugar el pasado 3 de marzo, cuando la familia de Joaquín Beltrán emitió un comunicado en el que denunciaba el "despropósito absoluto" de los "comisarios políticos" al mando del operativo de rescate. La familia del trabajador atrapado afirmaba entonces que las labores de búsqueda estaban siendo “totalmente descoordinadas, inadecuadas e insuficientes”. “Qué decir del lehendakari Urkullu", sentenciaba el comunicado.
Al creciente malestar de los familiares con la Administración vasca, se suma la investigación que ha abierto la Comisión Europea por un posible incumplimiento de la normativa medioambiental en el vertedero. La CE ha tomado cartas en el asunto gracias a la documentación aportada por Ciudadanos y PP. Esta documentación "deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero".
La decisión de la CE ha llegado a las puertas de una más que probable llamada a las urnas en el País Vasco para el día 12 o 19 de julio.
Iturgaiz: “indecencia”
La noticia de que la Comisión Europea investigará lo sucedido en el vertedero no ha sentado bien en el seno del Gobierno autonómico vasco. Según El Correo, los responsables del Departamento de Medio Ambiente regional han lamentado que Bruselas "no se haya informado directamente sobre el control administrativo realizado sobre el vertedero de Zaldibar antes de expresar conclusiones sin una base fundamentada".
La reacción del Gobierno vasco atacando a la Comisión Europea ha indignado a la oposición constitucionalista. Carlos Iturgaiz, candidato a lehendakari de la coalición PP-Cs, dice que “el PNV ha saltado como un basilisco porque está viendo cómo se entierra el mito de la buena gestión que acompañaba al partido”.
En conversación con EL ESPAÑOL, Iturgaiz remarca la “indecencia” que supone que Joaquín y Alberto “lleven cien días bajo los escombros y no haya habido movilizaciones de sindicatos, ni de movimientos ecologistas”. A su vez, asegura que en el Partido Popular se han acordado “todos los días” de las familias mientras que Urkullu “vive a menos de diez kilómetros del vertedero y tardó seis días en ir a ver a los familiares”.
“Ha habido una ley del silencio por parte del PNV. Lo sucedido en el vertedero de Zaldibar no fue un desastre natural, es un desastre de gestión. Sabían que ese vertedero no pasaba ni una prueba de inspecciones”, relata Iturgaiz. Y prosigue: “Lo más terrible es que cuando desde la oposición hemos pedido que el consejero de Medio Ambiente socialista compareciera, el PSE y PNV han votado que no”.
“Si este vertedero estuviera en Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía… En cualquier lugar donde gobierna el PP, estarían todas las televisiones abriendo los telediarios con el escándalo. Tendríamos ecologistas colgados de nuestras casas, escraches de sindicatos y el resto de partidos estarían como hienas”, lamenta Iturgaiz.
“Las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán merecen respuestas y ayuda, no el silencio de Urkullu", sentencia el candidato constitucionalista.
La cronología
El 6 de febrero, día en que Joaquín y Alberto quedaron sepultados, dos gigantescas franjas de terreno comenzaron a moverse. La primera de las dos se deslizó ladera abajo, y cortó la autopista que une Bilbao y San Sebastián. La otra parte de los residuos que se desprendieron de la montaña fue a parar a un barrio cercano, Eitzaga, arrasando todo a su paso.
La búsqueda se suspendió a los primeros días, después de que se localizasen 16.000 toneladas de amianto, un mineral altamente tóxico y nocivo que el vertedero utilizaba con el conocimiento del Gobierno vasco. Todo quedó paralizado debido tan solo a esa ínfima parte de las tres millones de toneladas de residuos acumuladas en este lugar.
Los días posteriores todo se vio lastrado por la dificultad que planteaba un terreno inestable. Eso dificultó desde el comienzo de la búsqueda la labor de la maquinaria. Después vinieron los fuegos: el depósito se incendió. Finalmente, la crisis del coronavirus provocó que la operación se paralizara por completo.
Cien días después, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze siguen enterrados bajo un alud de residuos. Sus familias, cansadas de esperar, solo quieren velar sus cuerpos y conocer la verdad de una vez por todas.