La decisión del Gobierno de cerrar por completo la actividad no esencial desde este lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril no ha gustado a todas las comunidades autónomas. Desde Andalucía, su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, cree que ha habido "excesiva precipitación" por parte del Ejecutivo en la aprobación del decreto sobre la paralización de los servicios no esenciales, y ha considerado "razonable" que, en este contexto, pudiera haber cierto control por parte de las comunidades sobre la actividad económica y productiva de sus territorios en estos momentos de crisis sanitaria por el coronavirus.

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En comparecencia telemática tras participar en la videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de las comunidades autónomas, Moreno ha manifestado que puede estar de acuerdo en el fondo con ese decreto, pero no con las formas, porque "anunciarlo con menos 36 horas de anticipación y en pleno fin semana no permite a las empresas aplicar con todas las garantías una medida de este tipo".

Feijóo pide "un tiempo" para aplicarlo

Ha indicado que está hablando de sectores productivos que generan cientos de miles de puestos de trabajo y de actividad en fabrica y en centros de trabajo que "no pueden pararse de la noche a la mañana sin una planificación previa". Para Moreno, esta medida, tal y como se ha plantado, puede causar "más daño que beneficio". También ha lamentado que no haya contado con la opinión de las comunidades autónomas para que pudieran hacer sus aportaciones.

Misma línea ha mantenido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido que el cierre de toda actividad no esencial se haga de forma "correcta y previsible", de modo que no sea "abrupto" y se dé "un tiempo" para ello.

El mandatario popular ha mostrado su "preocupación" por "desconocer con detalle" en qué consiste esta nueva medida del estado de alarma y ha insistido en conocer el contenido del decreto aprobado en Consejo de Ministros antes de que salga publicado en el BOE. 

Dos presidentes socialistas

Desde Canarias, el presidente socialista Ángel Víctor Torres, ha pedido a Sánchez que las nuevas restricciones de movilidad tengan en cuenta las singularidades de territorios como las islas, que tienen algunos servicios que solo se desarrollan en el archipiélago. "En Canarias -añadió- hay algunos servicios como las petrolíferas que son arregladas en las bahías, u otras empresas que solamente de desarrollan en el archipiélago, que podrían tener una especificidad concreta".

Otro presidente socialista, Ximo Puig, ha solicitado a Pedro Sánchez que se aplique una "flexibilidad exigente" en la paralización de las actividades no esenciales que "tenga en cuenta la diversidad productiva", y ha exigido asimismo adelantos del FLA extraordinario y de la liquidación del modelo de financiación por 2.200 millones de euros para poder hacer frente a los gastos generados por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, ha explicado que "en toda la cadena hay suministros necesarios que se deben continuar produciendo" para atender a las actividades esenciales y ha recalcado que hay industrias, como la cerámica, "que no pueden parar de un día para otro con tan solo apretar un botón".

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